Opinión

Ganar elecciones no es saber gobernar

Una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo es comprobar cómo la democracia puede debilitarse utilizando sus propias reglas. No necesariamente mediante la fuerza o la interrupción violenta del orden constitucional, sino a través de procesos electorales legítimos que llevan al poder a dirigentes sin la preparación, la capacidad o el compromiso necesarios para ejercerlo con responsabilidad.

Durante mucho tiempo creímos que celebrar elecciones periódicas era garantía suficiente para preservar la democracia. Hoy sabemos que no es así. Las urnas otorgan legitimidad para gobernar, pero no aseguran competencia, integridad ni respeto por las instituciones. Mucho menos garantizan que las decisiones posteriores respondan al interés colectivo.

Esto nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando una sociedad comienza a confundir la popularidad con la capacidad de gobernar? La política tiene una particularidad sobre la que pocas veces reflexionamos. Para ejercer muchas profesiones se exige preparación, experiencia y la demostración de determinadas competencias. Sin embargo, para asumir responsabilidades que afectan la vida de millones de personas, administrar importantes recursos públicos y tomar decisiones sobre el futuro de una nación, esas cualidades pueden terminar siendo secundarias frente a la habilidad de conquistar simpatías.

No se trata de cuestionar el derecho de cualquier ciudadano a participar en política. Ese derecho es una conquista democrática irrenunciable. Se trata de reconocer que hemos llegado a valorar tanto la capacidad de ganar elecciones que corremos el riesgo de relegar las condiciones necesarias para ejercer dignamente el poder.

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Gobernar exige mucho más que comunicar bien, despertar emociones o interpretar el descontento de la población. Requiere conocimientos, sensibilidad social, experiencia, prudencia, capacidad de escuchar y, sobre todo, conciencia de las consecuencias que tiene cada decisión sobre la vida de las personas.

La improvisación política no es inocente. Sus errores tienen consecuencias humanas. Una política educativa equivocada puede comprometer el futuro de generaciones. Una mala decisión económica puede destruir el esfuerzo acumulado durante años por miles de familias. La debilidad institucional termina afectando especialmente a quienes menos recursos tienen para protegerse de sus consecuencias.

Por eso, cuando la incompetencia llega al poder, sus efectos trascienden a quienes depositaron su confianza en ella. Los termina padeciendo toda la sociedad. Pero sería demasiado cómodo atribuir esta situación exclusivamente a los gobernantes. También debemos preguntarnos qué está ocurriendo con nuestros partidos políticos, con la calidad del debate público y con los criterios que utilizamos para elegir a quienes nos representan.

Los partidos tienen la responsabilidad de formar dirigentes, promover liderazgos capaces y construir proyectos de nación. Cuando abandonan esa tarea y privilegian exclusivamente las posibilidades electorales de sus candidatos, dejan de cumplir una de sus funciones más importantes para la democracia.

Un partido que solo aprende a ganar elecciones, pero deja de formar personas para gobernar, termina debilitando el sistema político que pretende dirigir. La ciudadanía, por su parte, también debe recuperar su capacidad de exigir. No podemos conformarnos con discursos atractivos, promesas fáciles o respuestas inmediatas a problemas que requieren soluciones complejas. Debemos interesarnos por las trayectorias, los equipos, las propuestas y, especialmente, la conducta de quienes aspiran a representarnos.

Existe, además, una dimensión todavía más delicada. Un gobernante puede haber llegado legítimamente al poder y, sin embargo, ejercerlo de manera contraria al espíritu democrático. La legitimidad de origen no garantiza la legitimidad del ejercicio.

Ganar unas elecciones no concede autorización para debilitar los controles, despreciar la crítica, utilizar las instituciones en beneficio particular o confundir los intereses del gobierno con los del Estado. La democracia necesita mayorías para decidir, pero también límites para impedir los abusos. Necesita autoridad, pero igualmente responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Y requiere gobernantes capaces de comprender que el poder que reciben es temporal, mientras que las instituciones deben permanecer al servicio de todos.

Me preocupa que estemos normalizando una política en la que la apariencia sustituye a la sustancia, la confrontación desplaza las ideas y el éxito electoral parece justificarlo todo. No deberíamos acostumbrarnos.

La democracia no se deteriora solamente cuando alguien desconoce los resultados de unas elecciones. También pierde calidad cuando dejamos de exigir competencia, integridad y respeto institucional a quienes las ganan.

Necesitamos reivindicar la buena política. Aquella que entiende el servicio público como una responsabilidad moral, que reconoce el valor del conocimiento, que escucha antes de decidir y que comprende que ejercer el poder significa administrar una confianza que pertenece a los ciudadanos.

Porque el verdadero triunfo de un dirigente no consiste en llegar al gobierno, sino en demostrar, mediante sus decisiones y resultados, que la confianza depositada en él estaba justificada. Las elecciones deciden quién recibe el poder. La forma de gobernar determina si ese poder merece seguir contando con la confianza de la sociedad.

Al final, la pregunta más importante que debemos hacernos no es solamente quién puede ganar las próximas elecciones, sino en manos de quién estamos dispuestos a colocar el futuro de nuestros hijos y de nuestro país.

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