Opinión

Un mundo incierto y una política fiscal preocupante

Por: Temistocles Montás | Buena parte de la estrategia económica de la República Dominicana durante las últimas décadas ha descansado sobre tres supuestos: 1) que la economía internacional seguiría ofreciendo condiciones favorables para el turismo, las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera; 2) que el país podría continuar financiando déficits fiscales persistentes mediante endeudamiento, sin enfrentar restricciones cada vez mayores; y 3) que el crecimiento económico podría sostenerse mediante la acumulación de capital, la expansión de los servicios y la incorporación de trabajadores, sin resolver los problemas estructurales de productividad.

Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer su Informe Anual 2026, titulado Navegando en un mundo incierto. En el mensaje introductorio, Kristalina Georgieva señaló que «la economía mundial sigue mostrando resiliencia ante shocks cada vez más frecuentes y simultáneos». También advirtió que la guerra en Oriente Medio ha frenado el crecimiento, avivado la inflación y alterado el suministro de materias primas esenciales.

Aunque el informe no formula afirmaciones específicas sobre República Dominicana, su lectura deja una advertencia de gran importancia: el mundo que permitió al país crecer durante las últimas décadas está cambiando profundamente. En consecuencia, las políticas económicas que funcionaron en el pasado podrían resultar insuficientes para garantizar el crecimiento y la estabilidad en los próximos años.

El documento identifica entre los factores que transforman el entorno internacional los conflictos geopolíticos, las alteraciones del comercio mundial, los shocks energéticos, el elevado endeudamiento y las transformaciones tecnológicas.

Todos esos factores tienen implicaciones directas para República Dominicana.

La economía dominicana depende considerablemente de condiciones externas sobre las cuales tenemos escaso control. El turismo, las remesas, las exportaciones de zonas francas, la inversión extranjera y el abastecimiento de combustibles están estrechamente vinculados con el comportamiento de la economía mundial, particularmente con Estados Unidos.

La primera lección es que la estabilidad macroeconómica interna ya no basta: necesitamos construir una economía capaz de resistir perturbaciones externas prolongadas. En ese contexto, la resiliencia no puede limitarse a mantener reservas internacionales o evitar crisis cambiarias. Debe abarcar también la seguridad energética, la diversificación productiva, la sostenibilidad fiscal y la protección del ingreso de las familias.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el fiscal. El FMI establece que la deuda pública mundial vuelve a aumentar y que los mercados de bonos soberanos registran mayores rendimientos y volatilidad. Señala que, en apenas tres años, los pagos de intereses han aumentado casi un 50% —de alrededor del 2% a casi el 3% del PIB—, lo que representa billones de dólares que, a escala mundial, no pueden destinarse a educación, infraestructura u otras prioridades.

El FMI sostiene que el panorama fiscal preocupa a todos los países, independientemente de su nivel de ingreso. Advierte que, de ahora en adelante y a mediano plazo, será imprescindible establecer prioridades fiscales rigurosas, pues la presión sobre las finanzas públicas sigue aumentando. Recomienda, además, mejorar la evaluación costo-beneficio de las inversiones, elaborar presupuestos plurianuales y reformar los subsidios regresivos.

¿Qué significa todo esto para República Dominicana?

El país presenta tres vulnerabilidades que merecen especial atención: una deuda pública elevada, que reduce el margen de maniobra fiscal; un déficit persistente, que obliga al Estado a recurrir continuamente al financiamiento; y una considerable carga de intereses, que limita la capacidad de inversión pública.

En este escenario, la política fiscal del Gobierno amenaza con agravar esas vulnerabilidades. Recientemente, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional un proyecto de modificación del Presupuesto General del Estado de 2026 que eleva el déficit fiscal del 3.2% al 4.2% del PIB y suspende, hasta el 31 de diciembre, la aplicación de la regla fiscal prevista en la Ley 35-24, orientada a que la deuda del Gobierno General Nacional no supere el 40% del PIB al cierre de 2035. La propuesta llega cuando faltan pocas semanas para concluir el ejercicio presupuestario y ya se discute el presupuesto de 2027.

Ante las advertencias del FMI y las vulnerabilidades fiscales dominicanas, resulta urgente reducir el déficit fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y proteger la inversión pública. No hacerlo significaría enfrentar un mundo cada vez más incierto con unas finanzas públicas cada vez más frágiles. La responsabilidad de las autoridades no consiste únicamente en presentar cifras presupuestarias, sino en demostrar que sus decisiones fortalecen la capacidad del país para afrontar nuevas perturbaciones sin sacrificar el bienestar de la población.

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