Opinión

De cara a un futuro donde a nivel mundial, según la opinión de renombrados economistas como Akerloof, Spence, Mankiew, Krugman o Stiglitz, se vislumbra un panorama caracterizado por la escasez de recursos, la desaceleración del crecimiento en economías desarrolladas, fuertes oleadas migratorias que drenan el capital humano especializado de sus países de origen a otros más prósperos y el impacto del calentamiento global sobre la producción de bienes y servicios.

El Banco Mundial en 2014 pronosticó que el principal reto que tienen los países latinoamericanos pensando hacia futuro, es aumentar la lucha contra la desigualdad que se conjuga con un crecimiento sostenido de la región, pues tenemos que el índice de Gini promedio en la región es de 0,51%, mientras el crecimiento de la región en los últimos años ronda un 4%, lo que indica debilidades de las políticas públicas diseñadas para convertir ese crecimiento importante en un arma trascendental que reduzca la brecha de igualdad imperante dentro de las esferas sociales latinoamericanas.

Para analizar la problemática de la desigualdad en relación con crecimiento económico y las políticas implementadas, se distinguen tres tipos de políticas: las macroeconómicas, las de reestructuración y las de redistribución. Las macroeconómicas se dirigen al corto plazo y apuntan a lograr estabilidad en el sistema económico. Las de reestructuración abarcan las decisiones de presencia o ausencia del Estado en los procesos económicos y en los mercados. Las políticas de redistribución buscan implementar mecanismos para repartir de manera más justa los ingresos en la economía y acortar la brecha entre el poder de paridad adquisitiva de los ciudadanos de una nación.

Crecer es producir más bienes y servicios a precios de mercado, que deben ser consumidos o vendidos. Para ello hay que competir en el mercado nacional o, lo que es más difícil, en los mercados internacionales. El Foro Económico Mundial (FEM) elabora una medición anual de la competitividad general de 125 países. Su indicador de competitividad global considera aspectos básicos generales (calidad de instituciones, infraestructura, macroeconomía, educación primaria y salud), y aspectos específicos (educación secundaria, eficiencia de mercados, calidad de la tecnología existente, grado de sofisticación de los negocios y capacidad de innovación).

En la región, las políticas públicas implementadas presentan algunos avances en aspectos básicos de la competitividad, pero no así buenos resultados en las características específicas, que finalmente son imprescindibles para crecer en competitividad, basadas en la mejoría de las condiciones básicas. Estos avances se reflejan en la buena posición alcanzada por los países pertenecientes a la región en el informe de competitividad global realizado por el Foro Económico Mundial, que analiza las políticas y factores que determinan la productividad de las economías y que por lo tanto definen el potencial de crecimiento y prosperidad de los países.

Según los resultados del informe, Chile alcanzó el puesto número 39, seguido de Panamá (40), Brasil (48), México (53), Perú (61), Colombia (69), Uruguay (74), Ecuador (86), Honduras (90), Argentina (94), El Salvador (101), Bolivia (104), República Dominicana (105), Nicaragua (108), Paraguay (116) y Venezuela (126).

Los niveles de calificación logrados difieren según los aspectos considerados. En lo que concierne a nivel de preparación del capital humano y alcance del sector salud, en Latinoamérica por lo general, los países inspeccionados obtienen mayores calificaciones que en infraestructura, calidad institucional y macroeconomía. En los aspectos específicos, la economía de los países emergentes muestra sus mayores fallas en la eficiencia de sus mercados, el nivel de la tecnología existente y la capacidad innovadora.

La competitividad es una herramienta útil para el crecimiento pero por sí sola no reduce necesariamente las desigualdades. Por ejemplo en las políticas fiscales los impuestos indirectos, como los aplicados en la región, son por naturaleza regresivos y favorecen la desigualdad ya que afectan más intensamente a los hogares pobres que a los de ingresos elevados. También una subvención bien focalizada puede reducir las desigualdades, pero una mal implementada termina profundizándolas.

Varios organismos internacionales como la CEPAL, FMI, Banco Mundial, entre otros advierten que el espacio para adoptar políticas tendentes a dinamizar el crecimiento de Latinoamérica se está estrechando, por lo que se requerirá una combinación justa de herramientas monetarias y fiscales. Reordenar el gasto público (a su vez aplicar leyes de responsabilidad fiscal) y aprovechar las tasas de cambio para estimular la economía, sin desatar la inflación, para así garantizar crecimiento económico, cada vez menos desigual.