Las autoridades de República Dominicana tienen un desafío inminente ante la sociedad con respecto a la mejora de la seguridad vial.
Es por eso que con una iniciativa legislativa se pretende comenzar un proceso que revierta los altos niveles de las estadísticas que nos colocan en los primeros lugares del ranking mundial.
Sin embargo, quizás por falta de información, el modelo considerado resulte inadecuado, tomando en cuenta las experiencias de otros países de la región.
Tal es el caso especifico del sistema implementado en Colombia, cuyos resultados no fueron los más recomendados, razón por la cual, fue preciso abortarlo e implementar uno nuevo, mediante la Ley 1702 de 2013, con la cual se crea la Agencia Nacional que establece una nueva estructura institucional y técnica para la gestión de la políticas públicas en la materia y asigna recursos específicos a través del creado Fondo Nacional de Seguridad Vial para su implantación, y que sustituiría un viejo modelo fracasado.
Los estudios, 20 en total, de la Contraloría General de la República y del Banco Interamericano de Desarrollo, determinaron serias debilidades en el modelo vigente hasta ese momento, donde el tema de seguridad vial estaba a cargo del Ministerio de Transporte.
Entre otras, se evidenció falta de control. “El estudio destaca algunas otras debilidades del sistema de seguridad vial en Colombia:
– Falta de normas de seguridad para la infraestructura o la señalización.
– Falta de control en el otorgamiento de licencias y matriculación de los carros.
– Fallas en la metodología de educación en seguridad vial.
– Falta de coordinación en el manejo de la información sobre seguridad vial.
La principal recomendación del estudio del BID es la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial que sea independiente y que responda a una clara política de Estado. La nueva entidad, propone el estudio, debería tener suficiente autonomía para tomar acciones directas en los aspectos claves mencionados arriba.”
Con esta disposición legislativa, la Ley 1702 del 27 de Diciembre de 2013 consagra lo que los organismos internacionales han estado recomendando en cuanto a la estructura organizacional para que la política de seguridad vial de nuestras naciones pueda ser sostenible y sustentable.
Por otra parte, el “Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un informe en el que se detallan diversos métodos y buenas prácticas empleados en la evaluación del impacto económico de las enfermedades y lesiones derivadas de la accidentalidad vial, las cuales se basan, por un lado, en la valoración del año de vida estadístico o VSLY (siglas de Value of a Statistical Life Year) y, por otro, en el coste sanitario de las enfermedades.
Con estos termómetros, el BID ha analizado algunos países de la Región en dicho documento, que lleva por título «El coste de los accidentes en carretera en Latinoamérica en 2013».
Se puede citar como ejemplo el caso de Colombia, donde los siniestros de tráfico se cobraron la vida de 7.500 personas en 2010, además de provocar 30.000 heridos graves y casi 250.000 heridos leves.
Su coste, según la metodología VSLY, se cifra entre 4.500 y 8.800 millones de dólares americanos, equivalente a entre el 1,6% y 3,1% del Producto Interior Bruto del país.
El estudio muestra que estos accidentes suponen una carga económica sustancial para la sociedad, con pérdidas que oscilan entre el 1,5% y el 2,9% del PIB en Argentina, el 1,8% y el 3,5% en México o el 2% y el 3,9% en el caso de Paraguay”.
En el orden local, el Consejo Nacional de la seguridad Social en un trabajo de investigación dado a conocer no hace mucho tiempo, estimó un costo de los siniestros viales superior al 2.21% del PIB, admitiendo la imposibilidad de llegar a evaluar determinados parámetros importantes.
Los niveles de los indicadores de siniestralidad viaria son sin dudas detonantes para alertar a las autoridades nacionales, y a la sociedad, del peligroso camino que estamos recorriendo, con un alto riesgo para el desarrollo sostenible de la nación.
Sin embargo, toda decisión en la República Dominicana debe estar enmarcada por la prudencia y la sensatez, de acuerdo a las experiencias de buenas prácticas de políticas públicas puestas a prueba en otros países, para que no sigamos improvisando, ni perdamos más vidas, recursos y tiempo.
