Actuando en forma unísona toda la oposición política se ha propuesto presionar al presidente de la República Danilo Medina y al presidente del PLD Leonel Fernández, para que adopten la agenda sobre temas nacionales que han elaborado en procura de desplazar a ambos del poder.
A la tarea se han unido medios de comunicación, incluidos los ejecutivos de sus gremios, algunos porque coinciden con el propósito de la oposición, pero la mayoría porque buscan romper una práctica de los gobiernos peledeístas de hablar al público sólo cuando las circunstancias así lo demandan. Estos últimos actúan bajo la lógica de satisfacer lectorías y consolidar sus proyectos empresariales, lo que legitima su proceder en su sociedad abierta, democrática.
La causa emprendida por la oposición y casi todos los medios de comunicación, sean estos escritos o electrónicos, tiene considerable aceptación pública, pero encierra en sí misma una trampa: la de sacar de su agenda nacional a la institución política que se ha enseñoreado sobre la nación en el presente siglo.
Danilo y Leonel se han mantenido incólumes. Ambos son políticos de estirpe y de corteza que semeja a los árboles milenarios.
Y es que los gobiernos del PLD se han caracterizado por administrar la palabra, como forma de no abrir flancos de ataque que los distraigan de la tarea principal de propiciar el desarrollo económico-social e institucional de la nación, y garantizar su permanencia en el tiempo.
En este punto, debe recordarse que quienes gobiernan para el bien común, no siempre reciben el respaldo de los grupos de poder tradicionales, máxime si estos grupos han ido perdiendo en forma creciente el control de los principales instrumentos con los cuales someten a las instituciones partidarias, tales como la instrumentalización del poder financiero, del poder legislativo y de la administración de justicia.
Gracias al genio y a la capacidad de previsión con alto sentido de la anticipación, del doctor Leonel Fernández, apoyado en sólidos liderazgos como el que representa el licenciado Danilo Medina, el PLD se ha consolidado en el poder, quizá como ninguna otra institución política de América Latina.
Tanto que es objeto de admiración y respeto de todos sus pares latinoamericanos, muchos de los cuales estudian su proceder para tratar de emularlo.
Es también objeto de una mezcla de amor y odio del “Establecimiento” ese macro poder que tiene como centro el gobierno corporativo de los Estados Unidos de América y de otras naciones europeas y asiáticas, el que prefiere diseñar y ejecutar sus propias iniciativas con grupos empresarios locales que les son afines e instituciones políticas y de la sociedad civil creadas a imagen de su vocación de poder y control.
Ha sido el convencimiento de que se ha enseñoreado en el poder, lo que ha llevado al binomio Danilo-Leonel diseñar un gobierno compartido, la próxima genialidad que le tienen reservada al Establecimiento para impedir se cumpla aquí la ola de desprestigio de entidades políticas históricas que viene cumpliendo por toda América Latina.
Eso es lo que explica la fallida intentona de “judicializar” la política local, tal como lo materializaron en Guatemala e intentan en otros países que ejecutan sus políticas interior y exterior en atención a sus intereses de sano desarrollo económico y social, entre los que destacan Brasil, Argentina, Chile y otras.
De ahí que el mayor aporte político del PLD de estos tiempos sea preservar instituciones políticas añejas con valiosas experiencias de poder, como el PRD y el PRSC, invitándolos a un gobierno compartido que también implique su asociación en una fórmula electoral destinada mayormente a afianzar sus franquicias. Esto les dará respiro para la recomposición y el relanzamiento.
Una jugada maestra del PLD que confundió y dejó con “la pelota en la mano” al Establecimiento fue abrir las puertas del presente gobierno a entidades de la sociedad civil que prohijaron con fines de dominio local, pues llegaron a cultivar la esperanza de que subvirtieran desde adentro la unidad del partido gobernante. Vano intento.
Solícita, la sociedad civil en la antesala de la ancianidad sin esperanzas fiables y asociada a enclaves dentro del mismo Estado, se incorporó al gobierno aunque, ahora, al pitazo del último tren, procuren abandonarlo y denunciarlo.
El discurso gubernamental está reservado siempre para los grandes anuncios referidos a la adopción de políticas públicas.
La palabra del jefe del Estado se reputa como la de la última instancia: la que decide un asunto suficientemente debatido y a punto de implantarse como una acción de política pública.
De ordinario, la intervención presidencial se emplea para corregir entuertos o consolidar acciones.
Si la intervención del jefe del Estado se improvisa o se adopta en el momento en que el tema es debatido, se corre el riesgo de distorsionarlo, para provecho de sus opositores.
Y toda esta acción gubernamental, en base a una agenda de gobierno propia, no la que interese a la oposición o a grupos particulares, por más influyentes que éstos sean. Para algo se le otorgó el privilegio de gobernar.
