Ahora, cabe mencionar, que es con los trabajos de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con algunos organismos no gubernamentales, que a principio de la primera década de este siglo, se identifica y se considera el tema de la seguridad vial como crucial, y por tanto, se declara la seguridad vial en crisis. Desde entonces se comenzaron las iniciativas para su mejoramiento.
En ese marco, surge la Década de Acción Global para reducir el impacto trágico de los indicadores de siniestralidad viaria y sus secuelas, en mayo del 2011, estoy hablando de ayer, en sentido figurado, cuando Moscú fue escenario para reclamar un año antes, el fin a esta forma de exterminio de la humanidad.
La seguridad vial, un tema transversal. Nuevo desafío a la sociedad y el Estado.
Conscientes de que todo es relativo, no debemos dejar de ser objetivos.
Así como han surgido áreas especializadas de desempeño, producto de la evolución constante de la sociedad, no podemos sustraernos a lo que sucede a escala mundial en lo referente al tránsito, el transporte y la seguridad vial, considerados hoy día factores fundamentales del desarrollo humano y consecuentemente de la economía y la política.
Es a través de las legislaciones que se pueden revisar y evaluar los hechos que nos suceden y que nos convulsionan, que afectan el día a día, al ser social y las metas mínimas por las que lucha, como es la de alcanzar su tranquilidad emocional, progreso y bienestar.
Para estos tiempos se habla en todas partes de políticas públicas eficientes, incluidas, las relativas a la movilidad sin riesgos y a la seguridad vial sostenible, que reducirían las altas tasas de morbilidad y mortalidad a causa de los accidentes o siniestros de tránsito.
Tenemos que entender que los tiempos no son los mismos. Implementar políticas hoy día, cuyo eje temático sea la competitividad, sin incorporar la seguridad vial es un error.
Asimismo lo es pretender ignorar que la seguridad vial es un factor que impide avanzar en la lucha contra la pobreza, hasta ser parte de los programas gubernamentales de ahorro de energía y combustible, además de la seguridad ciudadana, fortalecimiento de las políticas de desarrollo de la juventud y de la mujer.
“El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación puede ser decisivo para lograr los objetivos de desarrollo que se ha trazado Naciones Unidas para después del año 2015”.“Las nuevas tecnologías han transformado completamente todos los ámbitos de las relaciones entre los humanos a escala planetaria, y la tendencia es a afianzarse cada vez más”, cita del ex Presidente Leonel Fernández.
Si no se incluye el tema de la seguridad vial a partir del 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la erradicación de la pobreza será una utopía, porque el uso aberrante de las tecnologías durante la conducción está empobreciendo cada vez más a las familias y a los gobiernos.
Paradójicamente, es con el uso de las nuevas tecnologías, debidamente reguladas, que se combate la inseguridad en la circulación.
Con la condición de ser sostenible y sustentable, la seguridad vial es hoy en día un eje transversal básico en los temas sociales fundamentales, por demás contenidos en los programas de gobierno.
Si la movilidad, el tránsito y el transporte fueran realmente eficientes, en definitiva no existiera la problemática de la accidentalidad, o sería mucho menor. Pero es tan grave que se le denomina con nombres catastróficos, tales como: tsunami silencioso, violencia vial, siniestralidad viaria, etc.; calificado de pandémico o de epidémico por los organismos internacionales de la salud.
El tema trasciende al punto de que el término seguridad vial en Internet está referido 373 millones de veces en el idioma inglés, mientras que en español lo encontramos al menos de 6.6 millones. Lo que demuestra su grado de importancia.
Por otro lado, no podemos perder de vista que lo antagónico a la seguridad vial es la inseguridad vial, lo cual no debe verse como un simple fenómeno social, es multicausal. Por tanto, las soluciones han de ser multisectoriales. Como es de compleja la mente humana, es de complejo el tema.
Sin soluciones efectivas a este fenómeno, al paso del tiempo se convierte en inmanejable; incide y afecta todas las actividades productivas; profundiza la brecha de la pobreza y la desigualdad. Por tanto, consideramos que se constituye en un freno del desarrollo de los pueblos, pese a que tiende a ser contradictoriamente más grave cuanto mayor sean las actividades económicas y comerciales del conglomerado. De ahí su carácter multicausal y multisectorial y su constante y permanente necesidad de revisión.
Ello implica que los gobiernos están obligados a emprender planes eficientes, eficaces y efectivos de mitigación de los indicadores de siniestralidad viaria, mediante acertadas políticas de Estado de seguridad vial.
La Ley de Tránsito Terrestre y Transporte que en estos momentos se discute en el Congreso Nacional, denominada: “Ley de Movilidad, Tránsito, Transporte y Seguridad Vial”; procuraría un nuevo orden a favor de los usuarios de las vías, reconociendo que se trata de un proyecto muy complejo, que afecta muchos intereses.
Ahora que existen asomos de voluntad política a readecuar la Ley 241, del 1967, cometeríamos un grave error si no aprovecháramos al máximo el momento, asumiendo que tenemos una Constitución promulgada en enero de 2010 y una Estrategia Nacional de Desarrollo todavía a prueba, de no separar temas que son puramente de seguridad vial de los de tránsito y el transporte.
Tal actitud, no contribuiría a fortalecer el contenido de la nueva Ley, y por ende, la Seguridad Vial debe enfocarse con certero criterio político, social y cultural, asumiendo en primer orden la preservación de la vida humana, una prioridad en el mundo.
Volvamos a citar unas expresiones del Presidente Fernández, cuando dijo en España: “la aplicación de políticas de austeridad para afrontar la crisis no debe ir a contrapelo, de políticas orientadas al crecimiento económico y la generación de empleos porque por encima de todo está la gente. No somos irresponsables”.
Agregó el Presidente del PLD. “Entendemos la necesidad de que haya sostenibilidad financiera, estabilidad fiscal, pero por encima de todo está la gente, y para que la gente tenga prosperidad y bienestar tiene que haber crecimiento de la economía y generación de empleos” (DL 03-07-12).
Estas expresiones guardan una relación profunda con el fenómeno generador de la inseguridad vial. Si no, olvidemos la existencia del “moto concho”, del “carro de concho”, “las voladoras”, que todavía persisten en nuestro país como cultura, así como otros medios “informales” de transporte y movilidad en extremo peligrosos.
Es necesario asociar estos últimos términos (tránsito, transporte y movilidad) con la seguridad vial, que, aunque consustanciales, el último, preserva la vida humana cuando transita o cuando se transporta, y los primeros, permiten, regulan y controlan su circulación.
Cada cosa en su lugar. Los políticos de avanzada lo saben, también los desarrolladores de infraestructuras seguras cuando hacen primar en sus diseños y cálculos el concepto de movilidad segura. Y lo saben también los servidores de salud pública, en especial en los centros traumatológicos del país.
En la República Dominicana se deben tomar algunas reflexiones referenciales y ejemplos de aplicación de buenas prácticas de políticas públicas.
Hace algún tiempo, lo cual podría asumirse como jurisprudencia, el Tribunal Supremo de España, invalidó una demanda de inconstitucionalidad a favor del ex presidente Zapatero, por éste haber decretado reducción temporal en la velocidad máxima de 10 km/hr, para ahorrar combustible, a raíz de la crisis económica europea de 2010, resultando una sustancial disminución en las tasas de mortalidad y morbilidad en carreteras.
Durante meses los diversos sectores sociales y empresariales participaron en la discusión antes de tomar la decisión del Real Decreto, sin embargo, se presentó esa controversia.
España exhibe un plan estratégico de seguridad vial envidiable que hasta los partidos políticos lo defienden a capa y espada, elogiando la gestión del gobierno anterior aún siendo de la oposición. Eso demuestra que la seguridad vial como principio de Estado, no de gobierno en particular, tiende a arrojar resultados tangibles en beneficio de la sociedad y sus estamentos. España constituye un referente mundial en el desarrollo del tema en cuestión, pese al declive por decisiones inoportunas desde el año pasado.
¿Cuales razones son las que allí mueven a los candidatos presidenciales a iniciar sus campañas políticas reuniéndose primero con las organizaciones no lucrativas de víctimas de accidentes de tránsito?
Es algo que debiera despertar en los dominicanos cierta curiosidad al tiempo de determinar si la seguridad vial representa un desafío del Estado y de los pueblos que contribuiría al desarrollo de la sociedad.
¿Por qué el país no busca las experiencias de otras Naciones avanzadas en esta materia?
¿Por qué no se estudian las recomendaciones de los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales?
¿Por qué no se acogen a los resultados de las declaraciones internacionales y cartas de acción emanadas en Cumbres de Estadistas y Congresos en Seguridad Vial, así como de la Declaración de Acción Mundial para la Seguridad Vial que promueve Naciones Unidas?
La metrópolis dominicana no es la de los años 60 y 70, cuando un agente de tráfico, Juan Sánchez González “el españolito”, recorría las calles cientos de veces, aconsejando con un altoparlante a los usuarios de las vías, no violar la ley y cuidar sus vidas y la de los demás.
Éramos un territorio aldeano con un campo vehicular de 200.000 unidades a nivel nacional.
Los motoristas eran contados con los dedos de las manos, no había sindicatos de motoristas. UNACHOSIN se doblegaba; el pasaje costaba uno o dos puntos (una moneda de 5 u otra de 10 centavos). Las actividades económicas y comerciales eran limitativas y de poco alcance, cuando sólo exportábamos azúcar.
A los aeropuertos nos acompañaban los familiares y vecinos para despedirnos a un buen viaje. De regreso, nos identificabamos con un inusitado aplauso cuando el avión tocaba tierra dominicana. Era común que se nos preguntara en tierras lejanas donde quedaba Santo Domingo. Nosotros siempre orgullosos, enseñoreados hacíamos gala de que ser primados en muchas cosas, pero nadie en el mundo lo sabía.
Ya no es lo mismo. No se pasan los platos de comida entre vecinos. Ni somos incautos. Seguimos evolucionando todos los días. Tenemos médicos cardiólogos e internistas, nefrólogos, ingenieros eléctricos, en electrónica, en informática, en robótica, desarrolladores de software; expertos en estrategias; cada quien dentro de lo que es su competencia.
En la sociedad de hoy, reiteramos, tiende a primar lo cognitivo, la creatividad, el conocimiento, la información y la especialización.
Ya se precisa pensar que miles de millones de pesos dominicanos se pierden al año en atenciones a los accidentados; en reposición por daños a propiedades, casi desbordando la capacidad de financiamiento en otras áreas prioritarias.
Sin lugar a dudas, sí se desborda la capacidad de asombro nuestra por la indiferencia e insensibilidad que mostramos cuando suceden de manera cotidiana estos hechos trágicos en nuestras propias narices. Material para los investigadores de la conducta humana que podrán determinar si se trata todo esto de indiferencia o resiliencia en nuestra sociedad.
Perder la oportunidad de comenzar a enderezar entuertos al modificar una ley de cerca de medio siglo en vigencia, sería tan lamentable como no entender su obsolescencia y su atraso.
La Ley 241 sobre Tránsito Terrestre contiene temas que no son de su competencia en la actualidad; son materia de un área más especializada denominada Seguridad Vial, que debiera ser manejada por un órgano exclusivo para, sistemáticamente, proponer, formular, programar, diseñar, elaborar, actualizar, promover y ejecutar políticas públicas de seguridad vial con la autonomía y autoridad necesaria para cumplir su cometido.
Vigilar y revisar ineficiencias como las del tránsito y el transporte, que deben de ser corregidas con la integración de otros sectores disciplinarios y productivos de la vida nacional, ejerciendo una verdadera democracia participativa en las soluciones de problemas nacionales, lógicamente podrían ser parte de sus obligaciones.
Los últimos años de vida democrática de la República Dominicana muestran señales interesantes de transformación en el orden jurídico y económico, algo que las generaciones futuras evaluarán positivamente.
El desarrollo en infraestructuras viales ha ido acorde con el desarrollo al que podemos aspirar actualmente, con una adecuada inversión, y la reforma constitucional del año 2010 marcó un hito de institucionalidad, orientando al país hacia un nuevo orden institucional.
En este proceso de readecuación de nuestros principios constitucionales se reafirmó el respeto al libre tránsito cuando crece cada vez más la población y el parque vehicular.
En unos años tendremos unidades con caja negra como los aviones, que recogen informaciones valiosas hasta cinco segundos antes del accidente, como ya vienen integrados los GPS y los sistemas de frenos emergentes ABS. También llegará pronto un sistema inteligente de licencias llamado “scoring” y hasta el automóvil autónomo.
En ese sentido, nueva vez toca a los legisladores y legisladoras la gran responsabilidad histórica de producir una ley depurada, pues si bien en su momento el dispositivo 241-67 fuera muy completo, abarcador y progresista, no menos cierto es que hoy resulta obsoleto, desfasado y monopólico, además de inaplicable.
