La Inspección Técnica Vehicular, denominada ITV, RTV o VTV, es un procedimiento periódico obligatorio por mandato legal, mediante el cual las unidades motorizadas se someten a una revisión minuciosa en la que se verifica que los carros, guaguas, camiones, camionetas, jeepetas, motocicletas, y en general los automotores, están aptos para circular por las vías públicas.
Donde se cumple este procedimiento, existe un objetivo final inherente a la seguridad vial, pues está comprobado que, a más tiempo de uso del vehículo, aumenta entre un 5 y un 10%, el riesgo de accidente.
El país no tiene un real sistema de ITV, sino un procedimiento fiscal, un impuesto denominado “REVISTA”, que más bien promueve la corrupción administrativa y el desorden en las vías públicas.
La consecuencia es la desconfianza en las autoridades por el alto nivel de discriminación, pues no se toma en cuenta a los vehículos de pasajeros ni a los de carga, sin importar su tamaño, que en gran proporción transitan en condiciones deplorables, con el peligro que ello significa.
En el 2014 se registraron en el territorio nacional de acuerdo a la DGII 3,398,662 unidades, de las cuales el 53.1% motocicletas.
La situación en el 2015, al 31 de diciembre, reportó en toda nuestra geografía 3,612,964 vehículos, para un crecimiento respecto al año anterior, de un 6.3%; el 72% de las máquinas con más de 10 años de uso.
En cuanto a las motocicletas, en el 2015 eran el 53.9% del campo vehicular, registrándose un aumento de 7.9% en relación al 2014 para alcanzar el total de 1,946,594 unidades, donde el 65% tiene más de 10 años.
Casi el 68% del parque motorizado dominicano está concentrado en 7 de las 32 provincias existentes:
en casi medio siglo de vigencia, La ley 241-67 el tema del “permiso a la circulación” ha sido muy frágil y por falta de voluntad política no se ha implementado un modelo avanzado de revisión vehicular que permita mejorar el parque motorizado, garantizar su óptima operación e inocuidad.
Las tecnologías aplicadas en estos tiempos constituyen una herramienta imprescindible para la verificación de las condiciones de las unidades, sobre todo cuando se realiza con el criterio de salvar vidas, proteger la salud de los ciudadanos y mejorar la calidad del medio ambiente, independientemente de lo concerniente al tráfico en las zonas urbanas y en las carreteras.
Lo recomendable, es que dentro de las inspecciones se incluya la revisión de los sistemas de seguridad activos y pasivos homologados, además del funcionamiento del motor, condiciones externa e interna del vehículo, suspensión y ejes, entre otras cosas, por lo que se requiere de talleres privados especializados debidamente certificados y reglamentados; geográficamente bien ubicados y supervisados por las autoridades mediante una plataforma de comunicación en tiempo real.
Los diagnósticos deben establecer los niveles de defectos y recomendar las reparaciones, hasta lograr la expedición del permiso a desplazarse por las vías públicas.
La rigurosidad del procedimiento supone la aplicación de fuertes sanciones para quienes rechacen el ITV y a los talleres que violenten el procedimiento establecido.
Las motocicletas, que como vimos antes conforman a la fecha más del 53.9% del campo vehicular, no se someten a la inspección, una de las razones que explican el alto índice de siniestralidad vial; pues de acuerdo a los registros oficiales tuvimos 9,023 víctimas en motocicletas el año pasado, de un total en todo el territorio nacional de 14,279 (Lesionados + Fallecidos), representando el 63%, resultado de la falta de políticas eficientes en materia de seguridad vial.
Ha de esperarse que los resultados de los indicadores sean cada vez más reveladores en inseguridad vial, cuando los reportes de Impuestos Internos nos dicen del crecimiento en 6.3% de las unidades motorizadas en el 2015 con relación al 2014, siendo el medio de transporte que experimentó mayor aumento con un 7.9%, seguido por las jeepetas en un 7.3%, sin que la ley sea reformulada con mayores componentes restrictivos a la comercialización de las motocicletas y exigencias a sus conductores.
La situación de la expedición de la “REVISTA” se agrava por la reacción de la mayoría de la población cuando se observa la flexibilidad inaudita en el proceso para su otorgamiento a los medios de transporte público.
Y peor aún, porque el modelo de “revisión” nunca se ha evaluado en término de costos: cuánto le cuesta al país el proceso de obtención, considerando los grandes inconvenientes en la circulación, tiempo perdido, consumo de combustible, utilización de una estructura gubernamental y los nichos de ventas ilegales, con relación al ingreso real por concepto del pago de este marbete.
