¿Qué pasaría si el Estado Dominicano sacara sus manos de las áreas más sensibles de la política social: Salud, meEducación y Energía, y las dejara fluir de acuerdo a las leyes del mercado? ¿Cómo ocurre, por ejemplo y con efectos positivos, con los precios al consumidor o la política monetaria?
Son áreas que impactan de manera fundamental en la calidad de vida de la población.
Con relación a la Política Energética, la población ha tenido experiencias múltiples a lo largo de décadas, A saber, en primer lugar, mediante un sistema totalmente estatizado, a raíz de que el tirano Rafael Leónidas Trujillo nacionalizara la empresa eléctrica.
Verdaderamente, fueron tiempos traumáticos los de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, que bajo la permisividad del presidente Joaquín Balaguer, desde 1966 en adelante, acostumbró a los pobres a no pagar la energía y a muchos ricos a robarla mediante artilugios fraudulentos instalados en sus viviendas y empresas.
Igualmente, Sitracode, el desaparecido sindicato de trabajadores del sector eléctrico estatal, fue una retranca, que forzaba el pago de beneficios no justificados, utilizaba los vehículos asignados en tareas no oficiales y propiciaba un personal supernumerario en la Corporación.
Las pérdidas económicas, sumadas a la ineficiencia en los procesos, se reflejaban en los largos apagones, que desde entonces ha padecido la población. Además de que gran parte del territorio nacional todavía sigue sin electrificar.
Posteriormente, bajo el esquema de la Capitalización de las Empresas Estatales, firmas multinacionales, como Unión Fenosa y AES, accedieron gustosas a asumir las partes más jugosas del negocio, es decir, la Generación y la Distribución, mientras dejaban en manos del Estado la pesada carga de la Transmisión.
Sin embargo, los beneficiarios de la privatización, se negaron de manera tozuda a implementar programar dirigidos a incrementar las cobranzas en los barrios populares, por la dificultad que implica este reto.
Al mismo tiempo, el sector privado fue totalmente inefectivo en la meta de reducir el alto costo de producción de electricidad en la República Dominicana.
Por todo esto, los capitalistas extranjeros exigieron y lograron que se les otorgara un subsidio dirigido a compensar pérdidas, que conlleva un monto que crecía vertiginosamente cada año, y que solo comenzó a reducirse recientemente, tras las caída de los precios internacionales del petróleo.
Todo esto se puso de manifiesto en grado sumo, cuando el gobierno de Hipólito Mejía, de 2000 al 2004, cometió el gravísimo error de reestatizar las empresas distribuidoras de electricidad: Edenorte, Edesur y Edeeste pero cediéndoles a los extranjeros las carteras de mejores clientes.
El colofón de este panorama es que desde los últimos años de la gestión del ex presidente Leonel Fernández a la fecha, cuando dirige los destinos de la nación el también peledeísta Danilo Medina, sectores interesados tratan sistemáticamente de boicotear a toda costa la instalación de las Plantas a Carbón de Punta Catalina que adelanta el Gobierno, y que materializarán el ansiado abaratamiento de la generación eléctrica.
A partir de 1966, el gobierno dominicano aplicó una política de expansión de la infraestructura educativa, que sin dudas fue exitosa en esos términos. Sin embargo, la notable inversión en varilla y cemento no tuvo paralelos en el aspecto netamente social.
En efecto, mientras los edificios escolares se multiplicaban, los maestros recibían sueldos ínfimos, de supervivencia apenas, y la vida educativa se desarrollaba en medio de carencias, sin apoyo de equipos didácticos, materiales no gastables, y con baños nauseabundos.
En los gobiernos de Balaguer, el Programa de Alimentación Escolar nunca sobrepasó la distribución de 200 mil raciones del desayuno en las escuelas.
En tanto que, aunque en los gobiernos perredeístas de 1978 a 1986, se mejoró la dotación del Seguro Médico de los Maestros, a quienes además se les concedió un reajuste moderado de salarios, la llegada del mismo Hipólito Mejía al poder en 2000, significó un fuerte retroceso.
Todo los logros de la gestión Fernández-PLD, entre 1996 y 2000, para revalorizar la Educación, como fue la Informática Educativa, la Capacitación y Mejor Remuneración del Magisterio, así como la elevación de las raciones del Desayuno Escolar a un millón 200 mil raciones por día, fue radicalmente deteriorado por el gobierno de Mejía.
A tal punto llegó el daño, que miles de maestros abandonaron las aulas ante la caída estrepitosa del valor real de sus salarios y se vieron obligados a recurrir al motoconcho, a trabajar en zonas francas, o simplemente, se fueron del país en yolas.
Todo este deterioro en la calidad educativa, acumulado por décadas, se verificó en una sobrevaloración de la Educación Privada, o sea, los colegios de pago, que si bien, en algunos casos, manifiestan niveles de calidad superior o adecuada, no cabe dudas de que en la gran mayoría no responden a los estándares requeridos.
Y es que, al ver el sector educativo como negocio, para los propietarios de colegios no es rentable contratar los mejores profesores, sino a quienes no estén en disposición de reclamarles sueldos más o menos decentes, y mucho menos beneficios colaterales del tipo de: pagos de vacaciones, capacitación, seguro de salud calificado, planes de retiro, dotación de equipos, entre otras prerrogativas que sí disfrutan de manera plena los profesores de escuelas públicas.
A su llegada al poder en 2012, el Presidente Danilo Medina acoge la demanda de la sociedad de aplicar el 4% del Producto Bruto Interno a la Educación, y el impulso propicia que el sector se coloque definitivamente a la vanguardia de los procesos de desarrollo social en el país.
La gestión Medina-PLD ha debido emplearse a fondo en la construcción de nuevos planteles escolares, dotados ahora de comedores, cocinas y almacenes de alimentos amplios.
Asimismo, se pondera que ahora los maestros redondean ingresos a partir de los 45 mil pesos mensuales, en los casos de quienes imparten dos tandas de docencia.
Recordemos que las gestiones peledeísta dispusieron que todo maestro que se retira reciba como pensión el ciento por ciento de su último salario devengado. E incluso, el presidente Medina extendió este beneficio a los docentes pensionados antes de la entrada en vigor de la disposición.
Al inicio de cada año escolar, los estudiantes de escuelas públicas son dotados en forma gratuita de sus libros de texto, zapatos y uniformes escolares.
Destacamos que con la Tanda Extendida, los alumnos permanecen en sus planteles hasta bien entrada la tarde y allí tienen asegurados; Desayuno, Almuerzo y dos Meriendas al día.
Naturalmente, todo esto conlleva que el Sistema Educativo Estatal reciba una demanda masiva y que aumenta de manera sostenida, tanto por parte de los padres que buscan cupo para sus hijos, como de maestros de colegios privados que aspiran a una plaza para trabajar en las escuelas públicas.
Ante la realidad, debemos reflexionar en torno a lo que sería de la Educación Dominicana, sí, como ahora acontece, el Estado no asumiera su rol de gestor fundamental de la calidad y de ponerla ese derecho al alcance de las masas.
Quienes estudiaron hasta hace algunos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recuerdan como una presencia real y que parecía seria perene, la disposición de las llamadas “Ruinas”, unas construcciones sin terminar, llenas de varillas oxidadas y de yerbas y matorrales.
En las Ruinas, necesariamente se impartían clases de manera muy precaria.
La demostración fehaciente de que esa situación tan patética era así, es que en los reclamos por mayores recursos para la UASD nunca se incluía la terminación de los edificios en ruinas, sino que se aspiraba a obtener fondos para suplir otras prioridades.
Pero he aquí que el Presidente Leonel Fernández, desde inicios de su primera gestión en 1996, no solo concluyó los edificios en ruinas, sino que construyó los de las facultades de Artes y de Ciencias Jurídicas y Políticas, además de remozar todas las calles interiores del recinto.
Posteriormente, a partir de su segunda gestión, el presidente Fernández dotó a la universidad estatal de avanzadas sedes para sus Centros Regionales, así como de un moderno comedor con mucho mayor capacidad, un edificio administrativo, la remodelación del Aula Magna y de todas las otras facultades.
Hay que reconocer, que aunque prevalecen niveles de inequidad, los profesores de la UASD son los que ostentan mejores salarios de todas las universidades del país, y que a diferencia de los de las privadas, tienen beneficios laborales, como, año sabático, vacaciones pagas y Plan de Retiro.
De su lado, el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnologia, acaba de publicar, como lo hace en forma periódica, el listado de las becas disponibles, tanto de grado como de post grado y maestrías, que facilitan que estudiantes de todos los niveles sociales y de todo el país puedan acceder a estudiar en universidades del país y del extranjero sin ningún costo y recibir una ayuda para sostenerse.
Está claro que la infraestructura y dotación de equipos en el Sistema de Salud del Estado es superior, y por mucho, a las instaladas en clínicas y centros médicos privados.
Incluso, se observa que una vez concluidos los centros clínicos privados difícilmente sean remodelados o dotados de nuevos equipos que mejoren la calidad de sus servicios, sino que en muchos casos se limitan a hacer ligeras reparaciones o reemplazos.
En cambio, el Estado se constituye en el principal factor de renovación de la infraestructura hospitalaria, y el propiciador del mayor flujo de trasferencia tecnológica hacia el Sector Salud.
Como muestras recientes, tenemos la reconstrucción total de los hospitales traumatológicos Ney Arias Lora, en la Ciudad de la Salud, y del Juan Bosch en La Vega, así como la rehabilitación total del legendario Darío Contreras, donde el pueblo dice “se hacen gentes”, y que implicó levantar un nuevo edificio que sustituyó la vieja estructura.
En la misma Ciudad de la Salud, ubicada en Santo Domingo Norte, funciona el Hospital Infantil Hugo Mendoza, que complementa los servicios en el Distrito Nacional del Pediátrico Robert Reíd Cabral, que sin dudas es el hospital con el personal sanitario más experimentado en el manejo de niños.
En la República Dominicana no existe ninguna instalación hospitalaria capaz de equipararse con la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde está el Centro Cardio- Neurológico y de Trasplantes –CECANOT–, para ofrecer servicios de salud de última generación a disposición de toda la población.
Igualmente, la ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar es albergue del Centro Médico de Amistad Domino Japonés -Cemadoja-, y del Centro de Gastroenterología.
Pero resulta que la Ciudad Sanitaria es actualmente remodelada por disposición del Presidente Danilo Medina, para elevar aún más la calidad y cobertura de sus valiosos servicios, lo que implica que otras de sus instalaciones, como el Hospital General Luis Eduardo Aybar y el Unidad de Quemados, calificada como la mejor de la región de El Caribe, fuesen trasladadas provisionalmente a otros edificios.
El antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que paulatinamente ha ido cesando en sus funciones con el avance del vigente Sistema de Seguridad Social en el país, cuenta como instalación principal en el área de salud con el Hospital docente Salvador B. Gautier.
Desde hace años, el Hospital Gautier, uno de los 20 de que dispone el IDSS, incursiona con marcado éxito en el trasplante de órganos, y es considerado como uno de los centros con mejores prácticas en materia de intervenciones quirúrgica y seguimiento a enfermedades crónicas y de base.
Al ser un Hospital Docente, el del Seguro Social tiene presencia permanente y dedicada de especialistas en todas las áreas médicas, asistidos por una cantidad considerable de residentes en etapa avanzada de formación, lo que asegura que sin dudas, ningún paciente en situación de emergencias que llegue allí será “rebotado”.
