Opinión

El 13 de agosto pasado, el Banco Central de la República Dominicana informó, mediante un comunicado publicado en los periódicos nacionales, que el peso acumulaba una apreciación de 8.1%, explicada por mayores entradas de divisas provenientes de exportaciones, turismo, remesas e inversión extranjera. Sostenía, además, que desde la reclasificación del FMI el país opera bajo un régimen de flotación, y que este año el propio Banco Central ha comprado US$415 millones y no ha realizado ventas spot, lo que indicaría que la apreciación no ha sido provocada por ventas oficiales de dólares.

Concomitantemente, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) advertía que el sector estaba recibiendo un doble golpe: el nuevo arancel estadounidense de 12.5% y la apreciación del peso, que eleva en dólares los costos de producir en República Dominicana. A ello se añadía una señal que no debe pasarse por alto: las exportaciones aumentaron 3.7% en valor durante el primer semestre, mientras disminuyó el número de contenedores —volumen físico— exportados. Hablamos de un sector que genera más de 200,000 empleos formales y alrededor del 55% de las exportaciones nacionales.

Las dos posiciones condensan lecturas distintas de un mismo momento económico. De un lado, el Banco Central defiende el régimen de flotación y presenta la apreciación frente al dólar como consecuencia natural de los fundamentos: mayores remesas, inversión extranjera directa, entrada de capitales de corto plazo y una política monetaria que mantiene atractivo el rendimiento en pesos. Del otro, las zonas francas —motor exportador del país— advierten que esa misma apreciación, sumada a los nuevos aranceles de la administración estadounidense, configura una doble presión que desborda el relato oficial.

Sería un error presentar el debate como una disputa entre una autoridad monetaria impecable y un sector que reclama privilegios. Una lectura más equilibrada indica que el régimen de flotación está bien concebido, pero su gestión resulta incompleta por tres razones. Primero, no existe una regla de intervención suficientemente transparente. En la práctica, el Banco Central no administra una flotación pura, sino una flotación con intervención discrecional. Es posible defender el régimen sin sacrificar previsibilidad; lo que resulta difícil es no explicar con suficiente claridad bajo cuáles criterios se interviene. Esa incertidumbre complica la planificación de los exportadores.

Segundo, se confunde estabilidad con neutralidad distributiva, o sea, una política macroeconómica nunca afecta a todos los sectores de la economía de la misma manera, aunque mejore un indicador agregado. Una apreciación de 8.1%, evaluada exclusivamente desde los promedios macroeconómicos puede ocultar que sus costos recaen con especial intensidad sobre sectores exportadores concentrados en un mercado determinado. Y tercero, la defensa oficial responde a la presión cambiaria apelando a los fundamentos, pero no ofrece el necesario complemento estructural. El arancel es un choque exógeno: no se resuelve con un comunicado del Banco Central ni con una rueda de prensa del MICM.

Para el Gobierno, un peso fuerte ofrece ventajas evidentes: abarata petróleo, alimentos, materias primas y bienes importados, y contribuye a moderar la inflación. En una coyuntura marcada por el elevado costo de la vida, ese beneficio no puede minimizarse. Pero si para conseguir unos meses de menor inflación terminamos debilitando exportaciones, inversión y empleos formales, estaríamos resolviendo un problema de corto plazo mientras agravamos otro de mediano plazo.