Julio César Santana
En la entrega anterior repasamos someramente, solo para refrescar la memoria histórica, los resultados de las dos primeras administraciones del PRM-viejo (PRD histórico). Omitimos muchos detalles decepcionantes y nos limitamos a exponer la dinámica del engaño, de lo llamamos la estafa a la intención del voto. Nos faltaría caracterizar algunos de los resultados de la última gran oportunidad que el pueblo dominicano ofreció a ese grupo de viejos lobos políticos que hoy se alojan en el PRM bajo la torpe conducción de un hombre que, de acuerdo con el montón de evidencias recientes, no tiene la menor capacidad ni el talento político para garantizar la seguridad económica y estabilidad política que reclaman los dominicanos.
Tercera catastrófica decepción. En septiembre del año 2000 quien escribe trabajaba en la antigua Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), en el Departamento de Estudios Económicos, bajo la sabia y competente conducción del doctor Rolando Guzmán, hoy rector de INTEC. Aunque Hipólito había prometido “profesionalizar” la administración pública y las normas que la rigen, entre ellas la de Carrera Administrativa, todos los que componíamos ese formidable equipo estábamos convencidos, exactamente lo mismo que hoy, de que el Presidente haría todo lo contrario. Por tanto, ese grupo de profesionales de alto nivel decidió salir de sus oficinas desde los primeros días de agosto de 2000, decidiendo no esperar sustitutos seguros, por cierto, en este caso, de una calidad profesional muy lamentable.
Los que éramos empleados de carrera, recibimos una carta de “suspensión” por “tiempo indefinido”, y lo mismo le sucedió a miles de empleados con ese estatus en otras instancias gubernamentales.
El estatus de Empleado de Carrera fue uno de los resultados del proceso de modernización de la Administración Pública emprendido por el Presidente Fernández y muchos llegaron a creer ilusamente que era como una especie de blindaje inexpugnable frente al clientelismo de la más baja ralea que todavía domina la cultura política dominicana. Con esta medida ilegal, que se expresa en una clara desestimación de los avances en el orden institucional alcanzado hasta ese momento en la Administración Pública, inició su gestión el señor Hipólito Mejía Domínguez, la cual habrá de ser recordada como la peor del siglo pasado.
Ciertamente, en ese mandato de gobierno se vivió la peor crisis económica de los últimos tiempos. Esta vez no por fenómenos de “estrangulamiento externo”, uno de los argumentos más fuertes con el que pretendían justificar los naufragios anteriores, sino por “estrangulamiento interno” de uno de los sustentos fundamentales del crecimiento y la estabilidad de la economía: el sector financiero. Sin dudas, el deplorable manejo de los colosales fraudes bancarios emergidos “espontáneamente” entonces, fue la principal causa de desestabilización y postración de la economía nacional.
Los fraudes se cometieron en tres bancos importantes que concentraban la mayor proporción de los activos del sistema. El Gobierno de Hipólito Mejía no solo no aplicó en absoluto medidas preventivas oportunas ni pensó en alternativas de solución viables antes de 2003, sino, todo lo contrario, montó todo un sistema para esconder debilidades de una magnitud insospechada. Las propias autoridades monetarias decían desconocer la existencia de los aspectos críticos más relevantes. Vale la pena destacar aquí que Francisco Guerrero Prats Ramírez, primer gobernador del Banco Central del Gobierno de Mejía, advirtió en reiteradas ocasiones al Presidente sobre la inminencia de un descalabro de grandes dimensiones del sistema bancario nacional y, consecuentemente, por vía de consecuencia, de una crisis sin parangón de la economía nacional. Las atinadas advertencias del experimentado economista, al parecer, lo sindicaron como una pieza que no podía seguir en el “juego grande” de Hipólito y sus secuaces, siendo removido del cargo precisamente en la antesala de la explosión de la mina bancaria.
En efecto, la Superintendencia de Banco detectó por cuenta propia serias deficiencias en las operaciones de Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil, además de haber recibido asesorías de expertos externos e informes de organismos internacionales que daban cuenta, como quedó debidamente documentado en el Informe del Panel de Expertos Internacionales, concluido formalmente en fecha 23 de Julio de 2004 (versión revisada, marzo 2015): de “… serias debilidades patrimoniales y de la calidad de los procesos de seguimiento del riesgo…”. El Informe corrobora que, ante tantas evidencias de la catástrofe por venir, las “… autoridades no reaccionaron con la oportunidad y contundencia necesaria para poner en práctica las recomendaciones formuladas, corrigiendo a tiempo las desviaciones, lo que al menos habría reducido el monto de las pérdidas ocasionadas”.
Fueron estas autoridades las que permitieron la existencia de un Baninter oficial, con activos ascendentes a 26 mil millones, y un “banco paralelo” de su propiedad, con activos estimados en 55 mil millones. La suma de los activos de los dos “mundos” alcanzaba entonces los 81 mil millones, lo cual colocaba a Baninter en el primer lugar en el ranking bancario del país.
Una breve digresión. Como sabemos, las más duras críticas a la corrupción pública provienen del sector privado o de medios de comunicación pertenecientes a poderosos grupos empresariales. Sin embargo, el colapso de tres grandes bancos en el período de la administración de Hipólito Mejía, sin contar otras traumáticas experiencias anteriores, puso en evidencia que los mecanismos de corrupción y la cuantía de riqueza ajena malversada por parte del sector privado, no podrían ser comparados con las sumas alegadamente expropiadas a los contribuyentes en las peores escenas de corrupción pública denunciadas hasta ahora. Lo peor, la crisis de 2003-2004 sirvió para abultar de manera desmesurada el cesto de riquezas de muchos actores privados, los cuales tienen nombres y apellidos y son figuras cimeras en la sociedad dominicana.
El planteamiento anterior parecería ser injusto en la medida en que fueron solamente tres bancos. En este sentido, la pregunta es: ¿no sabía nada la Asociación de Bancos de la existencia y fortalecimiento de lo que ella misma denominó en ese momento “malas prácticas bancarias”?
El Panel de Expertos citado no está de acuerdo con la inocencia de esta entidad cuando afirma que “al nivel de la Asociación de Bancos el Panel se informó que el resto de la banca privada, con algunas excepciones, considera que la situación producida afectaba a solo los tres bancos involucrados, y que se desconocía la existencia de la contabilización paralela. Esta apreciación no es compartida por el Panel. El resultado de las numerosas visitas efectuadas, como también la omisión en dictámenes de algunos auditores sobre esta materia pero haciendo, no obstante, referencia a prácticas no conciliables con los estados financieros, y por último las manifiestas señales de un desarrollo y procedimientos de gestión ajenos al comportamiento requerido por la función del sector bancario, no hace verosímil el desconocimiento de los administradores de la banca en diferentes niveles de esta situación”.
La supervisión retórica de la banca nacional en esa época fue la que permitió, entre otras calamidades, que el agujero de Baninter ensanchara su volumen en más de 40 mil millones de pesos y que el 80% del fraude fuera acumulado precisamente en la infausta gestión de Mejía Domínguez. Nadie debe olvidar que fueron sus funcionarios quienes alegremente otorgaron facilidades a ese Banco por más de 20 mil millones, en franca violación de la Ley Monetaria y Financiera. Pero lo que realmente definió la actitud infame de las autoridades, fue el hecho de que esa enorme cantidad de dinero terminó sustentando la permanencia del fraude, aunque sea por el hecho nada marginal de que no se registran evidencias del monitoreo del uso de ese dinero, constituyendo un hecho insólito y sin antecedentes en parte alguna del mundo. El señor Albert Elías Atallah Lajan, con intereses en aquel tiempo en el sector financiero, estuvo al frente de la Superintendencia de Bancos en el período 2000-2003 y actualmente lo tenemos como uno de los más aguerridos voceros de la campaña anticorrupción del mismo grupo que hoy pretende embaucarnos con la promesa de un “cambio trascendental” de la economía y sociedad dominicanas.
La operación de rescate fue ilegal desde sus mismos cimientos porque, como sabemos, las cuentas de depósitos estaban garantizadas hasta los 500 mil pesos, no pudiendo retornarse dinero a los accionistas de los bancos. Al rescatar depósitos en cantidades que superaban con creces la exigencia de ley, se generó una liquidez colosal que ninguno de los actores tenía la capacidad de absorber. La medida adoptada, muy convencional, fue emitir certificados financieros por unos 67 mil millones de pesos. Los intereses de estos instrumentos se incrementaron de 30 a 60% en el período de la crisis. No es casual que muchos, mostrando entonces una gran aversión al riesgo, corrieran al Banco Central a comprar certificados y vieran duplicadas y triplicadas sus fortunas en menos de un año. Otros, más timoratos, decidieron sacar dinero al extranjero y la evidencia más irrefutable es que la fuga de capitales en 2003 alcanzó los 553 millones de dólares.
¿Disponía el gobierno de otra opción? Obviamente, pudo haber emitido bonos a largo plazo por la cuantía del agujero negro, a una tasa baja estable y pagando las comisiones de lugar. Pero la decisión implícita gubernamental de impulsar negocios fraudulentos y peligrosos terminó con una desestabilización económica de gran calado.
Hacia principios de 2004 las enormes cantidades de dinero emitidas y las mismas operaciones de rescate determinaron una severa devaluación del peso, que en ese momento rondaba el 60 por 1, al mismo tiempo que los precios de los bienes de primera necesidad se incrementaron en casi 74% en menos de 18 meses.
Los que nueva vez prometieron más empleos llevaron el desempleo ampliado de cerca de 14% en el 2000 a 17% en 2004 y, en términos absolutos, 154 mil trabajadores fueron a engrosar las filas del “ejército de los desocupados”, por usar un término marxista.
Conforme a metodología del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre marzo de 2000 y septiembre de 2002, el porcentaje de la población pobre pasó de 25.5% a 28.0%. En ese periodo, la clase media cayó de 32.2% a 28.2%.
Para septiembre de 2004, el porcentaje de pobres llegó a 42.8% y la clase media registraba una caída muy significativa, llegando a 17.2% (ver: MEPyD. Evolución de la Población de la República Dominicana por Estratos Sociales, según definición del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, Santo Domingo, 17 Septiembre, 2015).
Así, los benefactores de los pobres y declarados promotores de la clase media, sumaron a la situación de pobreza del año 2000 más de 1 millón 700 mil ciudadanos (otros estimados sitúan el incremento en más de 2 millones) e hicieron retroceder al motor del crecimiento, la clase media, en 15 puntos porcentuales… ¡en solo cuatro años!
En resumen, la indiferencia permisiva y altamente sospechosa del Gobierno de Mejía provocó una quiebra de tres de los principales bancos del sistema que generaron la fractura de sectores completos de la economía. Como telón de fondo, esos mismos personajes que hablan hoy de luchar decididamente contra la corrupción, consolidaron en nueve de cada diez dominicanos la percepción de que esa administración estaba siendo consumida por actos de corrupción (ver sondeo realizado por la firma estadounidense Hamilton-Beattie & Staff a encargo del diario Hoy, febrero de 2003).
Hoy, como en 2000, 2004, 2008 y 2012 nos prometen invariablemente más de lo mismo: menos pobreza, más obras de infraestructura, menos impuestos y más gastos, erradicación de la corrupción de la administración pública (con los mismos compañeros de las pasadas hecatombes), paralización del endeudamiento externo (¡con menos impuestos!) y la instalación, según las propias palabras del candidato, “de una fábrica de empleos”. En relación con este último ofrecimiento, ha dicho que creará 200 mil nuevos empleos cada año (800 mil en el cuatrienio). Tanto por los antecedentes históricos como por la realidad económica actual, hay que ser realmente muy irresponsable para andar prometiendo tantas cosas con recursos presupuestarios limitados y un endeudamiento relativamente alto.
En el momento en que escribimos estas líneas faltan apenas veinte días para la celebración del quinto certamen electoral en lo que va de siglo. A estas alturas, la última encuesta Gallup (25 de abril) sitúa a nuestro candidato en una muy holgada primera posición, con un 63% del favor del voto de los dominicanos. Al mismo tiempo, el candidato del PRM sigue bajando en la preferencia del electorado y, dada su fallida estrategia de atacar y atacar y prometer y prometer (AAPP), es muy probable que, muy temprano en la noche del día 15 de mayo, lo veamos con un 23-25% de los votos válidos contados. ¡A menos que se impaciente, no espere los resultados y se declare derrotado antes, como ha tenido a bien comentar en la intimidad de algunas de sus reuniones!
En todo caso, aconsejamos, de acuerdo con el escritor francés Bernard Werber, que sean muy innovadores en la derrota para que no permanezcan un siglo de castigo en las gradas de los espectadores denigrativamente críticos.
