Julio César Santana
Los políticos malos apuestan al olvido, como si los balances desconcertantes de sus ejecutorias fueran equivalentes a una simple historia de amor nugatoria, decepcionante, que los años siempre se encargan de ocultar en el cesto de los asuntos irrelevantes. Sí, Los políticos protervos piensan que los ciudadanos no tienen capacidad alguna de recordar, ni siquiera con asistencia especializada. La pérdida de memoria popular es, con mucha frecuencia, un activo a favor de la irresponsabilidad política encarnada en falsos héroes.
Ciertamente, como escribía el gran autor portugués y premio nobel de literatura (1998) José Saramago, la pérdida de memoria histórica empieza por el olvido y termina con la indiferencia. En realidad, no termina ahí, agregamos nosotros. La indiferencia, en última instancia, se traduce en el abandono indolente de lo que nos une, identifica e impulsa a vivir y seguir adelante con renovadas fuerzas: nuestra historia, valores, tradiciones, distintivos y espacios físicos y espirituales atados irremisiblemente a recuerdos, pruebas, momentos felices, calamidades y desafíos.
La indiferencia ciudadana tiene todo el potencial para destruir lo que amamos. Para crear a velocidades insospechadas seres impasibles que no se inmutan ante las más grandes traiciones y los más detestables crímenes. Como escribía el gran escritor ruso del período soviético temprano, Máximo Gorki: “No temas a los enemigos, en el peor de los casos pueden matarte; no temas a los amigos, en el peor de los casos pueden traicionarte; teme a los indiferentes pues gracias a ellos existen en el mundo la traición y el homicidio”.
En definitiva, para decir que existimos tenemos que tener dos cosas: memoria histórica procesada y responsabilidades asumidas conscientemente. La primera se ve afectada por falsificaciones históricas, influencias malsanas de intereses poderosos, creciente indiferencia por el conocimiento, malos ejemplos desde arriba y preeminencia social de los falsos héroes del mundo político militante. La segunda, las responsabilidades, cada vez más están careciendo del sustrato del interés común y son avasalladas por el egoísmo social, el individualismo rampante, las aspiraciones de una vida de ensueños sin valoración alguna de la educación y el trabajo como medios para alcanzarla, y el culto a lo superficial e intrascendente.
Primera decepción: el Gobierno de las Libertades y el Progreso. Luego del audaz intento protagonizado por el efímero gobierno del profesor Bosch, la segunda gran esperanza de revitalización democrática y retorno a las libertades públicas en el siglo pasado, fue encarnada por el Gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Sin embargo, la esperanza pronto terminó en decepción generalizada cuando el desvelo por los derechos humanos se transformó de hecho en su negación más rotunda por la vía de una crisis que alcanzaría proporciones insospechadas en el siguiente cuatrienio, al consolidarse factores combinados de inestabilidad política y económica, volatilidad externa y graves desaciertos de política económica.
El clientelismo fue fortalecido mediante el incremento del gasto corriente hasta proporciones insostenibles (el famoso modelo del padre Alemán de la Demanda Inducida), la agropecuaria se estancó, no importa que en realidad fuera del interés personal del presidente; la industria nacional, que salía de su época de oro caracterizada por cuantiosos incentivos y exenciones fiscales (el famoso Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones), se derrumbó, las exportaciones decrecieron y la deuda externa se disparó. El régimen de las libertades prometido en la campaña de 1977-78, terminó con más inflación, más desempleo, elevado endeudamiento externo, devaluación progresiva y deterioro de las expectativas económicas.
El Presidente Guzmán, hombre esencialmente honesto, abrumado por el desastre político y económico sin vislumbre de solución en el mediano plazo, traicionada su confianza por su corte familiar y agobiado por los informes diarios de corrupción y malaventuras de sus compañeros de partido, se quitó la vida en la madrugada del domingo 4 de julio de 1982, faltando 43 días para terminar su mandato, en un hecho inédito en la historia reciente del país.
El suicidio del Presidente Guzmán fue como una especie de mensaje postrero al pueblo dominicano que él lamentablemente decidió teñir con su propia sangre. En efecto, siempre he creído que ese hecho trágico parecía advertir al pueblo dominicano sobre el gran peligro que suponía entregar el gobierno de la nación a gente desaprensiva, desprovista de todo sentido de compromiso con los intereses nacionales, portadores de una voracidad sin límites y capaces de vender hasta la soberanía nacional al mejor postor con tal de ver sus planes personales consumados.
La descripción más exacta de la situación que heredaba el otrora afamado civilista y abogado Salvador Jorge Blanco, quien encarnaba sin dudas la esperanza nacional en los primeros meses de 1982, son más que suficientes para tener una idea del balance lamentable de la administración que se le entregaba el 16 de agosto de 1982: “Recibimos el Estado dominicano en plena bancarrota, no solamente material sino también moral. No exageramos en decir que se nos entrega la Nación en su peor crisis económica en los últimos cincuenta años… Las cifras y los números no solamente son elocuentes sino también dolorosos¨. ¡Son las palabras de uno de los dirigentes perredeístas más influyentes después de Peña Gómez! Esta es la primera decepción descrita elocuentemente por quien iba a ser otra gran desilusión y desagradable sorpresa para los dominicanos.
Segunda gran decepción: el Gobierno de Concentración Nacional. Salvador Jorge Blanco emergía de un pasado política e intelectualmente prolífico. Su trayectoria se inicia formalmente con su ingreso en la Unión Cívica Nacional (UCN) y su apoyo al movimiento constitucionalista que procuraba el restablecimiento del orden democrático interrumpido por el golpe de Estado al presidente Bosch en 1963. Un año después cerró filas en el PRD y fue Procurador General de la República en 1965, en el efímero gobierno del coronel Francisco Alberto Caamaño, siendo uno de sus principales negociadores en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto.
De pronto, fue elevado a los más altos cargos en el PRD, desempeñando al mismo tiempo actividades académicas y profesionales en su ciudad natal, Santiago de los Caballeros. Intentó ser el candidato a la presidencia por el PRD en 1977 pero fue derrotado por don Antonio Guzmán pero fue recompensado con la presidencia del PRD, función en la que se mantuvo hasta 1979. Desde su posición como senador, ganada con una gran ventaja en 1978, mantuvo una virulenta oposición a la recién iniciada administración de Guzmán. Su rivalidad a la administración de su compañero de partido fue tenaz, inteligente y hasta paciente, y se prolongaría hasta el trágico final del Presidente.
El gobierno liberal de Jorge Blanco cerró sus puertas en agosto de 1986, sin tener nada que mostrar en el ámbito de políticas de desarrollo a favor del pueblo dominicano que había prometido en su campaña electoral. Efectivamente, llegó al poder prometiendo remediar el descuido del Gobierno anterior respecto a las capas más pobres y vulnerables de la población.
Luego de dos años de desatinos y dada la gravedad de la crisis heredada del gobierno de Guzmán, tuvo forzosamente que adoptar, asesorado por dos de sus más connotados economistas, las llamadas medidas de ajustes del Fondo Monetario Internacional que, con algunas variantes, siempre fueron las mismas para aquella época: abolición de los controles cambiarios y de importación, condiciones favorables para la inversión extranjera, devaluación de la moneda, combinación de medidas internas antiinflacionarias, tales como, restricción del crédito bancario, tasas de interés más altas, incremento escalonado de los impuestos y de las tarifas de los servicios públicos, abolición de los subsidios a los consumidores sin discriminación alguna, control salarial y desmantelamiento de los controles de precios.
Este tristemente conocido paquete de medidas de ajuste neoliberal, fue aplicado en su integridad por el Gobierno del doctor Jorge Blanco, con alguna leve discrepancia siempre negociada, en detrimento de las capas más desprotegidas e indefensas de la población.
Lo malo de todo ello es que estos correctivos de claros impactos negativos en el nivel de vida de millones de personas, resultaron ser en realidad una ruta obligada que, en el fondo, tiene sus últimas explicaciones en el endeudamiento alegre e irresponsable de la administración anterior, el despilfarro de cientos de millones de dólares en gastos inexplicables, el descuido de los problemas estructurales de vieja data y en la garganta profunda e insaciable de una cúpula partidaria que tiene la convicción profunda de que la maquinaria del Estado está hecha para aprovecharla con la cuchara grande de los intereses personales y de grupos.
Jorque Blanco, como su antecesor, tuvo dos años de buenas intenciones pero finalmente sucumbió de muy mala manera ante las fuerzas que actúan ocultas en los sistemas clientelares, apoyadas por cúpulas empresariales familiares cuya inercia innovadora y débil carácter proactivo conviene a la funcionalidad de tales sistemas. Como lo demuestran innumerables hechos históricos, esas fuerzas no por ser minoritarias dejan de ser altamente destructivas.
El balance final fue un alto endeudamiento externo, todos los grandes (macro) déficits agravados hasta el límite y un descontento popular exacerbado que puso en peligro la gobernabilidad democrática. Sin dudas, sus memorables palabras al recibir el mando en 1982, citadas más arriba, pudieron ser asumidas como suyas por el doctor Balaguer resucitado en agosto de 1986.
Lo peor, tuvo la mala suerte de ser el primer presidente de la región en ser enjuiciado en su ausencia por corrupción y malversación de fondos públicos. En esa situación bochornosa, no tuvo la suficiente entereza para enfrentar una abrumadora lista de hechos que mostraban una fotografía del candidato bien distinta a la del presidente que el pueblo entusiastamente eligió.
En vez de cumplir con la promesa de mejorar las condiciones de vida de ese pueblo, en abril de 1984 las fuerzas de seguridad bajo sus órdenes supremas, con el apoyo de parte del mismo séquito que hoy levanta la mano a Luis Abinader, ametrallaron a gente indefensa cuya única falta fue exigir lo que su Presidente había prometido con tanta determinación en tiempos de campaña y violentas pugnas partidarias. Se desató la ira popular y los disturbios masivos tuvieron como balance funesto decenas de muertos y heridos, y lo peor: una enorme frustración más para el pueblo dominicano. Los hechos sangrientos ocurridos en Santo Domingo fueron conceptualizados por el profesor Bosch como la poblada de abril de 1984.
Este grupo que enarboló desde 1978 la consigna que tanto caló en los corazones del pueblo dominicano: la defensa innegociable de los derechos civiles y humanos, escenificaba insensible terribles escenas de violencia y de negación de los derechos humanos.
Sin abundar en exposición de cifras y comportamientos de indicadores económicos, digamos lo fundamental: el “cazador de marajás”, como más tarde llegaría a autodenominarse Fernando Collor de Melo- protagonista del primer proceso de impeachment contra un presidente en América Latina-, el declarado enemigo de la inflación y la corrupción, «defensor de los descamisados» y de sus derechos fundamentales, terminó muy mal: el 30 de abril de 1987 fue arrestado y trasladado a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe. Su alegado estado delicado de salud -que le permitió salir directamente al Emory University Hospital de Atlanta, Georgia- y sus recursos como abogado, no pudieron impedir el juicio por 38 imputaciones penales, entre las que se contaban la estafa, el robo, la prevaricación y el abuso de confianza. El 16 de noviembre de 1988, estando todavía en Atlanta recibiendo tratamiento médico, luego de un largo y extenuante proceso judicial, fue condenado a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos.
Los mismos que disertaban sobre neotrujillismo y estampillaban a neo-trujillistas, que proclamaban a su partido como símbolo genuino de la libertad y la democracia, que satanizaban la “época de terror de los Doce Años”, fueron los que precisamente prepararon el terreno para el retorno del doctor de Balaguer en 1986, ya en franco proceso de decadencia física y políticamente superado por las exigencias de los nuevos tiempos.
Le llegó la hora al PLD, el gran segundo partido construido ladrillo a ladrillo por el gran intelectual, escritor y político dominicano, Prof. Juan Bosch: sin lugar a ninguna duda la gran diferencia del universo político dominicano.
Leonel Fernández Reyna, el primer presidente constitucional del PLD (1996-2000), joven, carismático y maestro de la palabra, logró sacar al país del atolladero en el que lo habían metido los gobiernos perredeístas. En efecto, el Dr. Fernández emprendió un ambicioso programa de reformas administrativas y estructurales y fue sin lugar a dudas el principal inspirador de la nueva institucionalidad pública que hoy conocemos. Además, previendo el futuro, construyó obras monumentales de infraestructura física, y otras no menos importantes de carácter social, de las que cientos de miles de dominicanos siguen beneficiándose en la actualidad.
Logró relanzar la economía nacional deshecha en los gobiernos del PRM-viejo, la cual alcanzó una tasa de crecimiento promedio que superaba el 7%, la más alta para un cuatrienio en América Latina; modernizó el sistema de carreteras, priorizó el conocimiento y fomentó el diálogo y la concertación como pilares fundamentales de los sistemas democráticos modernos. No pudo ser reelecto por prohibirlo la Constitución de entonces y el PLD fue derrotado en su nuevo intento, resultando ganador Hipólito Mejía del PRM viejo. Esta “nueva tercera esperanza” dejó al país como balance, entre bromas y absurdos desaguisados, una década pérdida plasmada en el más grande desastre social y económico registrado desde la época de la primera intervención norteamericana y la crisis de la deuda de entonces.
