Como pocas veces antes, vimos la forma en que últimamente se ha manejado el tema de los taponamientos en las vías públicas, lo que nos induce a pensar que buenas nuevas se acercan para enfrentar este creciente problema, casi milenario, por decirlo así.
Numerosas propuestas se han estado dando a conocer como fórmulas para solucionar el congestionamiento de calles y avenidas; pero, entre las más impactantes para la sociedad se ha considerado la de modificar el horario laboral de los empleados públicos.
Una medida que no es una creación para los capitaleños, porque en épocas pasadas ha sido practicada, sin que impactara significativamente en la mejora de la circulación.
Sin embargo, como cosa del destino, que nos hace malas jugadas, el fin de semana anterior fue estremecedor para la sociedad nacional, como para recordarnos cuales deben ser las prioridades en la agenda. En este caso, preservarle la vida y la salud a los usuarios de la red vial.
El país fue escenario de tragedias de tránsito en sitios donde no había congestionamiento. Y por demás, cuando estudiamos las estadísticas de forma objetiva, nos damos cuenta que suceden en horas que no son críticas para el desplazamiento de los ciudadanos.
De forma, que la seguridad vial se interpone en estos momentos ante cualquier otro tema sin que se preste a manipulaciones interesadas.
Las transgresiones a la ley, área que en otro orden compete al sector judicial, es también un tópico especial que deberá tratarse con seriedad en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que se discute en la Cámara de Diputados, porque se evidenció un problema en particular con la tragedia de Nagua-Sánchez, y es la tipificación de las infracciones, que cualquier nueva ley nacional debe abordar.
Una multiplicidad de delitos refiere, en este caso, a violación a la ley de tránsito, pues uno de los vehículos invade el carril adverso; violación a una posible ley de transporte, por el uso inadecuado de un medio de carga para transportar pasajeros; pero también, la violación de una posible ley de seguridad vial, figura jurídica que se le denomina “Delito contra la Seguridad Vial”, enmarcada en el exceso de velocidad, y posiblemente presencia de alcohol, droga u otra sustancia alucinógena.
El no cumplimiento de la Inspección Técnica Vehicular, en caso de que existiera en la República Dominicana es otro capítulo importante a tomarse en cuenta con tecnologías de última generación e instalación de centros especializados de gestión y control de tráfico. También es recomendable el diseño de rutas alternas para los usuarios, con todos los elementos para un adecuado desplazamiento.
Más, lo lamentable de toda esta complejidad, es el agravante de víctimas fatales y con traumas de toda clase, cuyas penas e indemnizaciones motivan justificada preocupación de cómo serán abordadas en la nueva Ley.
Se puede apreciar, entonces, que la estructuración de un nuevo horario laboral para una parte de los servidores públicos no incidiría de forma importante en la solución a los embotellamientos de tránsito, a menos que la iniciativa forme parte de toda una estrategia cuya amplitud no deje fuera ni uno solo de los aspectos inherentes a la Seguridad Vial.
