La República Dominicana ha sido en los últimos días escenario de debates continuos sobre el tránsito y el transporte terrestre, que los medios de comunicación han reforzado, olvidando, suponemos que no deliberadamente, el aspecto fundamental que es el factor humano.
Lo cierto es que estas discusiones no tendrían sentido lógico si no prevalece el concepto de preservación de la vida y la salud de las personas usuarias de las vías y del transporte, pero también, sin priorizar la organización y el estado de convivencia pacífica en las comunidades impactadas por la circulación vehicular.
Estamos hablando de la seguridad vial, que por convicción, para ser un tema funcional debe integrarse a la agenda política de la nación, sin que se politice, para que funcione.
Esto último parece incomprensible y hasta incoherente. Sin embargo, la experiencia de buenas prácticas en la materia, referente a las políticas públicas en otras latitudes, evidencia en los resultados la efectividad de este enfoque.
En el caso de España; entre los países del viejo continente el que más se identifica con nosotros, siendo en la actualidad un paradigma mundial, no menos cierto es que se encuentra abatida hoy en día por la corrupción, la politiquería y la desconfianza en el manejo de los datos, impidiéndole avanzar en sus esfuerzos por reducir la tasa de mortalidad y morbilidad en la carretera.
Argentina, trata de ejercer cierto liderazgo en la región sin lograr resolver algunos escollos en sus propias políticas de seguridad vial.
Costa Rica y Chile, por igual en un momento determinado en lo que va de siglo, sin que pudieran sostener los resultados hacia la baja.
De Colombia, considerada un modelo en el sistema de transporte por las grandes inversiones en tecnologías, recurso humano y en lo económico, en cuanto a la seguridad vial hoy enfrenta graves inconvenientes de involución en el comportamiento de la curva de siniestralidad viaria, situación que debe ser cuidadosamente ponderada.
Estados Unidos, con un sistema de autoridad más riguroso, donde el imperio de la ley parece tener sentido de respeto y temor, también confronta problemas serios, porque las tendencias en las víctimas por siniestros en el tránsito están sujetas básicamente a los indicadores económicos, como en gran medida, ha ocurrido en Europa.
La verdad es que la estructura organizacional del modelo de seguridad vial preponderante en los países de progreso en el tema, se está resquebrajando por la incidencia de los intereses creados y la falta de transparencia.
Más, la seguridad vial se sigue tomando como tema sensible para manipular decisiones sin que al final sea la cotidianidad el objetivo central.
Y eso es lo deplorable porque siguen aflorando las estadísticas basadas en montañas de muertos y heridos, en proporciones definitivamente inaceptables.
Ahora que discutimos aquí una nueva legislación encaminada a modernizar las normativas de la movilidad urbana e interurbana, cabe recordar que la gestión de presidente Danilo Medina desde el principio definió a la gente como el centro de las políticas públicas.
Sobre esa base delineó sus prioridades hacia la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el empleo… Y, precisamente por ello, es lógico esperar un enfoque de similar consideración frente al drama humano de la Inseguridad Vial y sus terribles consecuencias.
