Filipinas es conocida por ser una nación rica en tradiciones, belleza natural, fauna marina envidiable y una cultura e historia de clase mundial. Su extensión territorial es el resultado de un archipiélago conformado por unas 7,107 islas, donde por orden de prioridad, Manila está consignada como la capital, mientras que Davao, ubicada más al sur, representa el segundo centro político y bastión original del actual mandatario.
Duterte es un exfiscal de 71 años de edad, cuyo nombre es el resultado del pasado colonial de Filipinas bajo el yugo español, el cual a su vez terminaría tras su declaración de independencia el 12 de junio de 1898, como consecuencia de la guerra hispano – americana. Este se dio a conocer durante su periodo como alcalde de Davao, gestión que se extendió desde 1988 hasta el 2010, es decir, un periodo de 22 años.
Precisamente en ese lapso de tiempo, el actual mandatario impuso una política de cero tolerancia y mano dura contra la ola de crimen que asediaba a Davao. Para esto creó los temidos “escuadrones de la muerte”, una especie de policía represiva con la encomienda de recobrar la seguridad y orden perdido.
Según datos suministrados por Human Rights Watch, dichas medidas degeneraron en el asesinato sistemático de unos 1,000 filipinos durante los años noventa, lo que llevó a que Duterte fuera apodado “El Castigador”.
Es basado en ese legado represivo y de desmedido uso de la fuerza, en el que se basó durante toda la campaña electoral el ahora expresidente Benigno Aquino III, al denunciar el peligro que para la nación representaba la posibilidad de que ascendiera al poder un “dictador en potencia”.
Sucede que luego de 31 años de haberse dado por concluido el periodo de dictadura de Ferdinand Marcos, que se extendió por 21 años (1965 – 1986), en el cual la mayor parte estuvo regida bajo una férrea Ley Marcial, las características comunes entre aquel régimen y el actual presidente resultan inquietantes. Esto sin destacar que su vicepresidente es nada más y nada menos que el hijo del pasado dictador.
En efecto, las elecciones de mayo estuvieron plagadas de polémicas, comenzando por el hecho de que además de los cargos de presidente y vicepresidente, el pueblo debía elegir más de 18,000 nuevos funcionarios públicos entre legisladores, alcaldes, gobernadores y delegados municipales. Para este proceso habían unos 54 millones de ciudadanos en condiciones de ejercer el voto, pero muy pasibles de ser sometidos a la manipulación y la demagogia.
Un ejemplo del lenguaje que imperó durante la campaña, lo refleja la desafiante retórica de Duterte, en la cual, en clara alusión a su programa de gobierno sentenció: “A todos ustedes que andan con drogas, a ustedes, hijos del diablo, de verdad que los voy a matar”, agregando ante las críticas que “no tiene paciencia ni manos tibias para ellos, por lo que tienen que decidir entre matarlo a él o prepararse para ser asesinados”.
Al parecer la población se tomó tales declaraciones como exabruptos propios del calor del debate y le brindó un apoyo masivo, pues terminó haciéndose con el poder sin mucho inconveniente. Esto fue facilitado a su vez, de una peculiar ley electoral que rige en Filipinas, donde para vencer solo basta obtener más votos que los demás adversarios, sin necesidad de alcanzar mayoría de un 50%.
Los resultados no se hicieron esperar, por lo que desde su toma de posesión en junio como decimosexto presidente en la historia del país, hay un estimado de 3,000 personas muertas, los cuales han sido tildados como drogadictos o narcotraficantes.
En cumplimiento de su promesa de no respetar las leyes en materia de derechos humanos en los casos de ese segmento de la población, las amenazas se han extendido a funcionarios y poderes del Estado, llevando a que un numero considerable de funcionarios se pusieran a disposición de la justicia luego de ser señalados como cómplices del negocio de las drogas.
Como era de esperar, la respuesta internacional no se hizo esperar, incluyendo al mayor socio político y económico de Filipinas, Estados Unidos. De ahí que Washington en reiteradas ocasiones acusara al actual gobierno de estar haciendo un uso desproporcionado de la violencia y de atentar contra los derechos humanos.
Esas declaraciones llevaron al presidente filipino a romper con el consabido rigor diplomático que ha de revestir a todo mandatario, al proferir un insulto público a Barack Obama en el marco de la pasada Cumbre del ASEAN, previo a una reunión que sostendrían ambos.
Como era de esperarse, tal desatino produjo un cambio de planes, pero la actitud de Duterte no ha variado.
Últimamente llegó a inferir que su programa contra los narcotraficantes y drogadictos podría ser comparado con el Holocausto judío, por lo que en contraposición a los aproximadamente 6 millones de víctimas de la campaña Nazi, él estaría dispuesto a igualar tal marca de asesinatos en su país.
No caben dudas de que este cambio sustancial en el proceder del actual gobierno filipino, puede acarrear grandes consecuencias para los planes geopolíticos de occidente. En efecto, durante una reunión con el mandatario chino, Xi Jinping, Rodrigo Duterte avanzó que cambiaría sus relaciones comerciales con Estados Unidos, orientando su preferencia hacia China.
Es posible que dicha declaración respondiera a una estrategia basada en amenazas alegres y acciones improvisadas. Sin embargo, al tomar en cuenta los cambios sustanciales que viene experimentando el mundo (un nuevo secretario general de la ONU, la puja por el control del mar Meridional de China, la política de Washington de defensa y promoción de los derechos humanos), las actuales medidas del régimen filipino terminarán por producir un potencial aislamiento diplomático internacional o hacer de Filipinas el epicentro de un conflicto social que ponga en jaque a toda la región.
