En America Latina todo indica que la situación parece haber cambiado en los últimos años, luego de que la región transitó por más de seis años de desaceleración, incluidos dos de recesión, pero que la misma está creciendo nuevamente. Sin embargo, los años de estancamiento económico frenaron los avances sociales, lo que justifica que la región debe emplearse a fondo para estimular la recuperación económica y hallar nuevos motores de aceleración del crecimiento para reducir la pobreza y la inequidad social.
Considerada como una región en desarrollo, y la más afectada por la desaceleración mundial en la última década, se pronostica que America Latina termine con una expansión del PIB de un 1,2% en 2017 y de un 2,1% en 2018. Sin embargo, los seis años de desaceleración tuvieron un impacto negativo en los puestos de trabajo y en el ingreso familiar, situación que se transformó en un estimulo a la expansión de la desigualdad, lo que ha provocado que el crecimiento de la clase media se ralentizó, lo que en la práctica se tradujo en un 39% de vulnerabilidad de los latinoamericanos hacia el incremento de la pobreza.
En tal virtud, la región requiere de mayores tasas de inversión, ahorro y exportaciones así como potenciar el desarrollo del sector privado y continuar atacando sus desequilibrios externos y fiscales. Otra tarea pendiente es el de fortalecer la integración económica regional para volverse más competitivos a nivel global y con ello superar las brechas existentes en infraestructura que representan obstáculos importantes para el comercio intrarregional y la desigualdad social.
Pero es que America Latina no puede actuar de espalda a la existencia de los trastornos económicos, naturales o sociales, incluidos el crimen y la violencia, realidad que se ha convertido en el peor flagelo que obstaculiza el desarrollo regional. Es por tales razones que se hace necesario asegurarse un crecimiento sostenible y equitativo a largo plazo como garantía fundamental para alcanzar el progreso económico y social para contrarrestar la inequidad y la vulnerabilidad regional.
En lo que si ha de tenerse bien claro es que el crecimiento del PIB por sí solo no es suficiente para alcanzar y mantener las conquistas sociales y reducir la persistente desigualdad que aqueja a la región. Es bajo ese enfoque que debe prevalecer el criterio de que los países de de America Latina deben invertir en su gente, en particular los pobres ya que esta sigue teniendo un mal comportamiento en educación fruto de que las evidencias empíricas demuestran que invertir en una educación de calidad jugará un papel importante a la hora de permitirles a los pobres contribuir y beneficiarse del crecimiento económico presente y futuro.
En tal sentido se puede interpretar que las posibilidades de expansión y mejoramiento de los servicios educacionales están determinados decisivamente por los recursos económicos que los países deciden invertir en ellos. Esta noción general requiere luego varias especificaciones para un análisis riguroso de la prioridad financiera dada a la educación en los diferentes Estados, como parte de su compromiso con las metas de educación para todos, considerando la relevancia que el gasto fiscal ha tenido en la economía nacional y la prioridad que los gobiernos han dado al sector educación dentro de su presupuesto público.
Es importante resaltar que los países de América Latina aumentaron el nivel de gasto público en educación como porcentaje del PIB, pasando de 4,5 en 2000 a 5,2 en 2016, es decir, acumulando un aumento de siete décimas porcentuales, y acercándose así al promedio de gasto en educación de los países europeos y EE. UU, que hacia 2010 era de 5,6% del PIB. Sin embargo, tal promedio esconde marcadas disparidades al interior de la región, tanto en el nivel de gasto como en la tendencia, como se evidencia de que en 7 de 19 países el gasto público como proporción del PIB no siguió esta tendencia positiva, sino que disminuyó durante el periodo 2000-2010.
Por igual, mientras en algunos países el gasto público en educación no superaba el 3% del PIB en 2010, en otros ocho alcanzaba valores alrededor del 6% e incluso en Cuba superaba el 12% del PIB. Es importante destacar que esta disminución no necesariamente implica un menor gasto público en educación en términos absolutos, sino que este no ha aumentado proporcionalmente en la misma medida que el PIB, que como se observa tuvo una importante expansión en prácticamente todos los países de la región durante la primera década del siglo XXI.
El progreso educativo de los países no es sino un componente del proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades, es decir, su desarrollo, y guarda con este una relación de influencia recíproca. En síntesis, la mayor parte de los países de América Latina han experimentado progresos importantes durante la primera década del siglo XXI en términos de su desarrollo global, crecimiento económico y, en menor medida, superación de la pobreza, lo cual generó un contexto más favorable que en el pasado para el avance en materia educativa.
