Como sabemos, los presupuestos públicos constituyen un instrumento de ordenamiento de las finanzas públicas que reviste especial interés y pertinencia para las dimensiones económica, financiera, jurídica y política en que se manifiesta la convivencia en sociedad. En relación con la dimensión económica, los presupuestos se refieren a la forma, cuantía y criterios con que el Estado obtiene recursos provenientes de los habitantes para devolverlos posteriormente a los mismos habitantes, convertidos en bienes y servicios públicos, impactando, de esta manera, en la distribución del ingreso y el bienestar colectivo.
En tal sentido en el ámbito financiero, en la medida en que los presupuestos reflejan también la posición económica de los entes públicos que resulta de confrontar la cuantía y naturaleza de los egresos por realizar con los ingresos probables de un período, y las subsecuentes implicaciones sobre la situación patrimonial de estos entes. Desde el punto de vista jurídico, toda vez que los presupuestos son, también, expresiones de principios que gobiernan el manejo de los recursos públicos, que están recogidos en la legislación vigente y que deben, por lo tanto, ser observados en las diferentes etapas y por los diversos actores que intervienen en el ciclo de vida del presupuesto a fin de imprimir validez jurídica a los actos que conlleva la formulación, la discusión, la aprobación y la ejecución de los presupuestos.
Por igual, se refleja en la dimensión política y social, por cuanto, el presupuesto aprobado es un resultado final de la discusión en diversos órganos legislativos en los que están representados los partidos políticos, y porque a tales órganos se debe arribar, posteriormente, la liquidación del presupuesto para el proceso de su aprobación que en definitiva va a recoger la problemática social que preocupa a los sectores más vulnerable de la sociedad, en particular, el gasto público en salud.
En tal virtud se tiene la precisión que con US$ 9,055 per cápita, Noruega es el país del mundo que más invierte en salud. El segundo lugar lo ocupa Suiza, con US$ 8,979 per cápita, y tercero se ubica Estados Unidos, con US$ 8,895, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el otro extremo, países como Eritrea, República Democrática del Congo y Etiopía invierten menos de US$ 20 anuales por habitante en el sistema de salud. Sin embargo, en el extremo de la escala de ingresos, algunos países presentan dificultades para garantizar el acceso incluso a los servicios más básicos.
En relación a la región de America Latina, desde mediados de la década de 2000 el gasto público en salud fue ganando estabilidad, para volverse más inercial, principalmente en países con mayor recaudación fiscal, mayor gasto total y, por tanto, mayor gasto social. En tal sentido, las cifras lo ubican por encima del promedio de la región registra un gasto de US$ 729 dólares per cápita, esto es un 5.5% el cual no ha sido superado al primer semestre del 2017, desde hace cinco años.
Hay que resaltar que el resultado de un sistema de salud no depende tanto de su arquitectura, sino de variables multifactoriales. Por ejemplo, si un país realmente apuesta a tener equidad, independientemente del modelo que elige, como son los casos de Europa, donde hay diferentes modelos, o en la región están Chile que es probablemente el país de la región donde más consolidada está la economía de mercado, y Cuba que tiene un régimen de planificación estatal centralizada sin aberturas para la iniciativa privada, ambos países están calificados como los que mejores indicadores de salud registran.
En efecto, un indicador insoslayable para evaluar el grado de éxito del sistema de salud de un país es la esperanza de vida de la población. Es imposible que las personas vivan muchos años en una nación con una infraestructura sanitaria precaria. Por el contrario, cuanto mejor sea esta, y mayores los cuidados que pueda brindar a los ciudadanos, más probable será que vivan más, por tanto, Chile y Cuba son los países con mayor esperanza de vida de América Latina con un promedio de que la gente viva 80 años, mientras que muy cercano con 79 años se encuentran Colombia y Costa Rica.
Otro indicador trascendental es la mortalidad infantil, porque revela la penetración del sistema sanitario en la población. Cuando muchas personas no tienen acceso a hospitales ni a profesionales para atender sus emergencias, en este renglón el que está a la cabeza es Cuba, donde la probabilidad de morir antes de los cinco años es de 6 cada 1.000 nacidos vivos y en segundo lugar está Chile, con 8, y luego viene Costa Rica, con 10.
En sentido general, los sistemas de salud de América Latina son fragmentados y segmentados. Fragmentados porque el cuidado de la salud de la población se reparte entre múltiples responsables: una parte el Estado, otra la obra social, y otra las clínicas privadas y segmentados porque no hay una única institución, sino muchas, cada una con un pedazo y esta es lo que en una alta proporción las dificultades de los sistemas de salud e incrementa el déficit social y desigualdad en la región, por la debilidad en su financiación.
