Los huracanes y otros fenómenos climáticos que han impactado al país han afectado en forma sensible la economía y han frenado el desarrollo sostenible a nivel general por su incidencia en toda la nación, ya que recursos financieros programados para áreas prioritarias han tenido que desviarse hacia la reconstrucción de infraestructura vial, habitacional, hidráulica, educacional, en rehabilitación de la agropecuaria y aspectos sociales.
El comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en sucesivo período de fenómenos atmosféricos ha registrado desaceleración en medio de desabastecimiento y carestía de productos de primera necesidad, salvo raras excepciones.
Desde hace varias décadas que la ocurrencia de desastres a nivel global ha aumentado de manera importante. América Latina y el Caribe no ha sido la excepción. En la actualidad, y debido a sus consecuencias en la vida de las personas y por la posibilidad que existe de prevenir y mitigar sus daños y así disminuir o al menos controlar sus efectos, los desastres provocados por la naturaleza o por el ser humano son considerados fenómenos sociales.
Los hogares en situación de pobreza son altamente vulnerables a los desastres y experimentan sus efectos en forma desproporcionada, creciente y por un período más largo de tiempo. El acceso limitado al agua potable y alimento suficiente luego de un desastre los vuelve vulnerables a enfermedades contagiosas y malnutrición, causas comunes de mortalidad infantil.
Desde el año 1950 a la fecha se han registrado 26 huracanes, incluyendo a Irma y María, los cuales han ocasionado daños en el país por más de 7,000.0 millones de dólares, conforme con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En tanto, de acuerdo a las autoridades dominicanas Irma y María dejaron pérdidas estimadas en la infraestructura vial, habitacional y educacional por más de RD$38,000.0 millones y RD$2,500.0 millones en la agropecuaria.
La ferocidad de los recientes desastres naturales, tales como huracanes, tormentas, sequías y terremotos y su recurrencia, con los que se están enfrentando principalmente las islas del Caribe, Centroamérica, México y las ciudades costeras de Estados Unidos debido, entre otros, al cambio climático, llama a la necesidad por parte de nuestras autoridades de crear un Fondo de Estabilización Fiscal, que se nutra de diferentes fuentes de financiamiento y que pueda estar disponible para su utilización inmediata en las etapas pre y post desastre.
Los gobiernos estatales de EE.UU. cuentan con el apoyo inmediato de recursos federales aprobados por el Congreso para sus agencias especializadas como el Fema, como hemos visto en los recientes desastres de Texas, Luisiana, Florida, Islas Vírgenes y Puerto Rico.
