Opinión

Con mucha frecuencia los medios de comunicación recogen las denuncias de algún dirigente comunitario, de una oenege, un párroco o de cualquier ciudadano, sobre el tráfico de madera en alguna de nuestras comunidades. Estas denuncias suelen alertar a la ciudadanía, la cual reacciona con preocupación ante la posibilidad de que, efectivamente, se esté ante un ejercicio de depredación de nuestros recursos forestales.

Ha de admitirse que en ocasiones tales denuncias resultan ciertas, pero, la mayoría de las veces, las mismas son el resultado de que «el denunciante» ha visto un vehículo de carga transportando madera sin aserrar extraída con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Resulta que, con las Leyes 64- 00, sobre medio ambiente y recursos naturales, y la 202- 04 sobre áreas protegidas, se dio carácter legal a la extracción y venta de madera de producción nacional, ya sea de bosque natural o de plantaciones artificiales, para lo cual se han concebido los planes de manejo forestales, los cuales se pueden definir como el instrumento técnico que permite el aprovechamiento del bosque garantizando su permanencia.

Todo plan de manejo tiene que ser formulado por un técnico autorizado, el cual debe, a su vez, someter dicho plan al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su aprobación y seguimiento.

Quienes conocen y han estado ligados al tema forestal, saben que el aprovechamiento racional del bosque es la mejor herramienta para su preservación, pues la prohibición absoluta que se mantuvo como política en la mayoría de los países tropicales, no se tradujo en la regeneración de las áreas deforestadas ni en aumento de las plantaciones comerciales. Por supuesto, que para evitar que los planes de manejo se conviertan en un engaño es necesario que el propietario del bosque, el técnico asesor y el Ministerio de Medio Ambiente cumplan con rigor y responsabilidad las pautas técnicas contenidas en el plan aprobado.

Las pautas técnicas para el manejo sostenible del bosque (especialmente del bosque natural) tienen muy en cuenta tres aspectos: la extracción de aquellos árboles que han cumplido su ciclo de maduración, el mantenimiento de una tasa de corta inferior o igual a la capacidad de reposición del bosque y la plantación de una cantidad de árboles varias veces superior al número de troncos extraídos.

A fin de mantener el necesario monitoreo de cuanto ocurre en el terreno, el propietario debe presentar cada año al Ministerio de Medio Ambiente un plan operativo que solo es aprobado luego de comprobarse que las obligaciones del año anterior han sido cumplidas. En caso contrario el plan de manejo es suspendido.

Resulta alentador el comprobar que cada vez más, las solicitudes para extracción y transporte de madera están referidas a plantaciones artificiales, lo cual significa que los esfuerzos que se han venido realizando desde hace años empiezan a sentar las bases para que en el país se desarrolle un verdadero empresariado forestal y que al fin surja la tan esperada industria forestal de la República Dominicana.

Las denuncias y llamados de atención acerca del trasiego de madera, deben servir a las autoridades a fin de mantener la vigilancia y el cuidado permanente sobre nuestros recursos forestales, pero, igualmente, es necesario que la ciudadanía entienda que los recursos naturales renovables constituyen una riqueza que bien manejada, puede aliviar la pobreza que sufren muchas de nuestras comunidades más empobrecidas de la zona rural, sin que ello signifique, necesariamente, la destrucción de nuestro patrimonio natural.

Experiencias como la de La Celestina y otras fincas privadas en San José de Las Matas; Zambrana, en Sánchez Ramírez, así como los casos de Restauración, en Dajabón, ayudan a la comprensión de la sostenibilidad del bosque, pues allí se puede ver como después de décadas de extracción ordenada, no solo existe una mayor cobertura, sino que en algunos casos el bosque ha sido mejorado.