Margarita Cedeño

Cuando el inicio de la década de los 90 sorprendió a América Latina con el advenimiento de un panorama socio-económico y político desalentador, nuestros países sufrieron las consecuencias de no estar preparados para responder a las secuelas microeconómicas, generadas por una macroeconomía maltrecha, que terminaron traduciéndose, inevitablemente, en demandas de protección social que nuestros sistemas fueron incapaces de satisfacer.
Dos décadas después, América Latina es la región más desigual del mundo. Los que tienen mucho tienen demasiado y los demás tienen muy poco.
Un crecimiento económico voluble e inestable; patrones estructurales adversos en los mercados laborales; una generación de empleos insuficiente en toda América Latina; el aumento de la informalidad; la ampliación de las brechas entre trabajadores calificados y no calificados; la creación de nuevas brechas, como la brecha digital; una disociación del crecimiento y la pobreza. Todas estas constituyen la casuística de una desigualdad estructural que solo podremos nivelar con políticas redistributivas de asistencia y protección social eficientes y eficaces.
De ahí la necesidad de la intervención del Estado para garantizar la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho. Surgieron, entonces, las redes de protección social o Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) como un paliativo a la debacle que en la subsistencia de ciertos sectores generaron esas diferentes crisis y que persiste por causas estructurales propias de nuestras economías.
Chile, Brasil y México sentaron la pauta de lo que hoy son los PTMC. Hoy en día, 18 países de la región utilizan el esquema de las Transferencias Monetarias Condicionadas, como estrategia principal de:
1) protección y asistencia social,
2) rompimiento del círculo vicioso de pobreza,
3) formación de capital humano y social,
4) creación de capacidades vinculadas al desarrollo humano y
5) garantías mínimas de derechos.
Una primera generación de programas de Protección Social, se ha centrado en elevar los indicadores de educación y salud, y sin dudas, han sido exitosas. Sin las Transferencias Monetarias Condicionadas, América Latina habría tenido, en promedio, un 13% más personas en situación de pobreza que las que tiene hoy. De ahí en adelante, cada país ha implementado novedosas medidas para perfeccionar, profundizar y mejorar, los programas sociales que ha implementado a partir de los TMC. En el caso de la República Dominicana, iniciamos con un programa de TMC, con la particularidad, que no sucede en otros países, que la transferencia de los fondos se realiza a través del sistema financiero nacional, es decir, con la Banca Nacional; lo que permite un manejo transparente del destino de los recursos; una intervención más eficaz y focalizada en grupos vulnerables y en extrema pobreza; y una mayor eficiencia en la inversión de los escasos recursos de que disponemos.
Las perspectivas de la protección social para América Latina, dependen de la integración que en dicha materia logre la región. Combatir la desigualdad en América Latina requerirá esfuerzos conjuntos y colaboración cercana entre los países de la región, para asegurar un futuro promisorio para los ciudadanos de América Latina. Ese futuro promisorio depende de un Estado que asegure la universalidad en la oferta de servicios básicos, y la focalización para garantizar el ejercicio de derechos mínimos, indispensables para la subsistencia y la dignidad de las personas. Y justamente de eso se tratan los sistemas de protección social de los países.
Necesitamos de estados que garanticen un futuro promisorio con educación inicial universal para niños y niñas, cobertura universal y calidad en educación para los niveles básico y medio, oferta de formación técnico-vocacional vinculadas a tecnologías, que son el mundo de este siglo XXI.
Llegó la hora de la salud preventiva universal y programas de seguridad social para todos y todas. Para eso tenemos que ampliar nuestra oferta de servicios, reducir la informalidad en nuestras economías y continuar creando oportunidades de generación de ingresos a través del mercado laboral o productivo, vinculando esos emprendimientos a programas socioeducativos, para el caso de grupos vulnerables.
Necesitamos de estados donde se protegen los derechos de las minorías, se garantiza la igualdad de género, con sistemas jurídicos robustos y donde la equidad y transparencia son ejes transversales en todas las intervenciones.
En fin, un futuro promisorio para todos y todas depende de un Estado con equidad y justicia social, que ofrece acceso y garantías mínimas de ejercicio de derechos sociales, políticos y económicos para la paz y prosperidad de todos y todas. A nuestro modo de ver, el aporte más importante que puede hacerse a la protección social, es inducir el debate del futuro de las políticas que han implementado nuestros países, políticas que tienen que evolucionar en la medida en que nuestros países avanzan. Y podemos hablar desde nuestras experiencias exitosas y gratificantes que vivimos día tras día con Progresando con Solidaridad; así como desde la Coordinación del Gabinete de Políticas Sociales que debemos seguir fortaleciendo, con la firme voluntad política y el compromiso de todos los actores, teniendo como únicos protagonistas nuestra gente, nuestro pueblo, nuestras familias más necesitadas de la mano amiga, protectora y responsable del gobierno.
Hoy nos enfocamos en llevar servicios básicos a nuestros ciudadanos y dotarlos de poder adquisitivo para que puedan tener un plato en su mesa. Pero también creamos capacidades y ampliamos oportunidades para la formación de capital humano y capital social para lograr desarrollo, progreso y bienestar para todos y todas. Ya comenzamos a enfrentar el reto de que una parte de la población tiene más oportunidades que otra; que unos tienen acceso al conocimiento, a la innovación y a las tecnologías y otros no; que unos tienen acceso a buena educación y otros no; y nuestro gran reto, que unos vivan en la sobreabundancia y otros a penas subsisten en la más hiriente escasez.
La integración de nuestros países en materia de protección social, debe estar dirigida a promover una región de mayor igualdad, donde el desarrollo económico sirva al desarrollo humano, creando sociedades con una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos, lo que se convertirá en un círculo virtuoso de crecimiento y progreso.
El acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todos y todas y es el pilar en el objetivo de construir un Estado Social y Democrático de Derecho.
Una región con mayor igualdad y justicia social es posible. Una región con una mejor calidad de vida, es posible. Una región que termine con la transmisión intergeneracional de la pobreza, es posible. Una región de oportunidades, es posible. Tengamos un puente entre la pobreza y el desarrollo, pero un puente de Progreso con Solidaridad.