Opinión

El ordenamiento territorial es una reglamentación, con fuerza de ley, que establece el uso que un país va a dar a su territorio, en función de las potencialidades de estos, los planes de conservación de sus recursos, naturales y culturales, y de desarrollo económico.

Partiendo de esta definición podríamos decir que el ordenamiento territorial nos permite desagregar un espacio, potencializar los usos que le podamos dar, concentrar esfuerzos particulares en cada uno de ellos y generar una planificación, para poder lograr una maximización, optimización y regulación en el aprovechamiento de los recursos que estos poseen.

La práctica de ordenar territorios data de mucho tiempo. Para el año 500 antes de Cristo, el urbanista Hipódamo de Mileto realizo el primer plan de ordenamiento territorial, en el puerto de Atenas, teniendo este características netamente urbanísticas, el cual sentó las bases para que, por razones diferentes, los estados establecieran un orden territorial en las tierras bajo su dominio.

Los efectos territoriales de liberalismo económico, la reconstrucción pos guerra, la determinación de políticas de desarrollo y las necesidades de conservación, son algunas de las razones que desde hace mucho tiempo se están esgrimiendo para elaborar planes que ordenen los territorios y determinen los diferentes usos que se le darán a los mismos.

Son muchas las causas que obligan a una nación a ordenar su territorio; conocer sus tierras, poder planificar mejor, enfocar políticas de desarrollo, canalizar recursos, conservar el patrimonio natural y cultural, seguridad para la inversión y una mejor convivencia de los ciudadanos, son de las ventajas que se pueden obtener al poseer un ordenamiento de los espacios, de tierras y aguas, que le pertenecen a una nación.

Representantes de La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), manifestaron que el ordenamiento territorial y la gestión sostenible son claves para poder enfrentar el cambio climático en la región, al momento que analizaban la situación actual del territorio de cada país centroamericano; los eventos meteorológicos son cada vez más extremos e impredecibles, lo que pone a las poblaciones en condiciones vulnerables y hace que las políticas de gestión de riesgos tengan que tomar en cuenta el ordenamiento de los lugares donde residen los seres humanos y se producen los alimentos que estos consumen.

La República Dominicana tiene un retraso en las acciones a seguir para lograr un ordenamiento de su territorio, lo que hace que seamos menos efectivos en el aprovechamiento de las potencialidades de nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, retrase la ejecución de planes de inversión, impida una correcta focalización de los esfuerzos, nos coloque en desventaja con relación a países de la región y envié una mala señal a los actores internacionales que analizan los mercados para inversiones.

Al observar nuestro territorio, nos damos cuenta que la falta de ordenamiento del mismo, ha creado situaciones que van en perjuicio de nosotros y de los que nos visitan. Industrias en zonas residenciales o turísticas, viviendas en zonas industriales o agrícolas, territorios de vocación agrícola convertidos en urbanizaciones, ganadería y prácticas agrícolas en montañas de altas pendientes y declaratorias, o intentos, de áreas protegidas que se realizan de forma improvisadas, que más que conservar, terminan alejando el orden que deberíamos tener.

Las políticas de establecimiento de áreas protegidas son parte del ordenamiento territorial de una nación y, en esa parte, nuestro país ha tenido un gran avance; el 26% de nuestro territorio se encuentra en condición especial de ley, o sea, protegido; lo que nos coloca en segundo lugar en América Latina y El Caribe, esto representa una ventaja y un reto, ya que nos pone un paso adelante, porque nos traza la pauta para generar un ordenamiento territorial, nos indica que hemos realizado la protección que ameritamos como país insular, pero nos genera una gran obligación y esfuerzo, para asegurar que esas zonas se preserven y desarrollemos planes de aprovechamiento sostenible de las mismas.

La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) establece, en su tercer eje, la procura de una economía sostenible, integradora y competitiva, habla de una economía territorial y sectorialmente integrada y de una cohesión territorial; la ley de Medioambiente y Recursos Naturales (64-00), art. 129, refiere el plan de ordenamiento territorial; aun no realizado, para establecer la zonificación hidrológica; estas leyes, las ventajas de ordenar el territorio y la necesidad de hacer frente al cambo climático, nos genera una fuerza impulsora aprovechable para que nuestro país pueda ordenar el territorio nacional.

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