Brasilia (PL) El marco civil de Internet, una especie de constitución para el ciberespacio, entró en vigor en Brasil con trascendentales reglas que aseguran los derechos individuales de los ciudadanos, la pluralidad participativa y la neutralidad de las redes.
Sancionada el 23 de abril pasado, durante la apertura del Foro Global sobre el Futuro de la Gobernanza del espacio virtual, la legislación constituye un referente para el mundo y ubica a esta nación a la vanguardia de la discusión global sobre las regulaciones en la red de redes.
Esta normativa garantiza el derecho a la libertad de expresión, la protección de los datos personales, la neutralidad de la red, la igualdad de servicios de todos los internautas, destacó la presidenta del país, Dilma Rousseff.
Esas regulaciones propician un tratamiento igualitario para todos los datos que viajan por la red, independientemente del origen, el destino, el contenido y el servicio.
Impulsada por el Gobierno brasileño, la propuesta estuvo engavetada durante cuatro años, pero fue recuperada y actualizada en 2013 tras las revelaciones realizadas por el exagente norteamericano de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden, de que su nación espió a millones de personas, incluidos jefes de Estado y empresas.
Rousseff reconoció la importancia de contar con una regulación que afianza los derechos individuales de las personas, la inviolabilidad de los datos y la igualdad en la utilización de este espacio virtual.
Para ella, los brasileños dieron un paso adelante con el Marco civil, pero el planeta necesita de una goberanza global de Internet en el que se respeten los derechos humanos, la privacidad y la libertad de expresión.
Ningún país debe tener más peso que otros en la gobernanza de la red, manifestó al referirse a la hegemonía actual que ejerce Estados Unidos sobre el espacio cibernético.
Durante la discusión de este Marco civil en la Cámara de Diputados en abril pasado, se eliminó el artículo 12 de esa regla, el cual establecía la obligatoriedad de las compañías de almacenar la información de los usuarios brasileños dentro del país.
En cambio, se reforzó el punto 11, el cual refrenda que esas empresas con servicio de Internet en Brasil se sometan a las leyes nacionales.
El texto prohíbe a los proveedores discriminar ciertos servicios en detrimento de otros, con lo cual se protege al usuario de reducir su velocidad de conexión debido a los intereses económicos.
Las empresas no pueden reducir la velocidad de la conexión ni realizar operaciones que discrimen o privilegien a los usuarios. Solo se podrá realizar alguna restricción a través de un decreto presidencial, avalado por la empresa de telecomunicaciones.
Otro derecho de los internautas está relacionado con la privacidad, pues las informaciones personales y los registros de acceso no podrán ser vendidos o cedidos a terceros. Hasta ahora, los datos sobre las preferencias de los internautas podían ser comercializados.
Las empresas extranjeras de Internet que ofrecen este servicio en Brasil deben acatar dichas normas, aunque no estén instaladas en el país y no podrán retirar contenido sin una determinación judicial, salvo en el caso de desnudos o actos sexuales de carácter privado.
La normativa garantiza la no suspensión de la conexión a Internet, salvo en el caso de deudas, y determina además que los registros de los usuarios sean guardados por los proveedores durante un año, y con total seguridad.
El Marco civil de Internet obliga asimismo a las empresas proveedores de servicios a preservar por un periodo de un año los registros de los usuarios bajo estricta confidencialidad y entorno seguro.
Esta información se refiere únicamente a la IP, la fecha y hora de inicio y de fin a la conexión, y también faculta a los administradores la custodia de los datos de acceso a las aplicaciones de Internet por seis meses.
La ley también estipula que el mantenimiento de registros se realiza de forma anónima, es decir, los proveedores podrán guardar el IP, pero nunca información sobre el usuario y la disponibilidad de estos datos, según el texto, se puede realizar a través de una orden judicial.
Tal normativa estipula asimismo que un contenido sólo puede ser retirado del espacio cibernético después de una orden judicial y el proveedor queda liberado de cualquier responsabilidad por la publicación de algún material ofensivo.
De esta forma se evita la censura en Internet, aunque el texto establece excepciones, pues puede ser quitada sin una orden judicial, siempre que viole la legislación penal o se cometa un delito, como la pedofilia, el racismo o la violencia.
La legislación considera asimismo que el acceso a Internet es esencial para el ejercicio de la ciudadanía, pues asegura el derecho a la información, al conocimiento y a la participación en la vida cultural y la conducción de asuntos públicos.
Promueve igualmente la innovación y contribuye a fomentar una difusión amplia de nuevas tecnologías y modelos de uso, y la adherencia a los padrones técnicos que permitan la comunicación, accesibilidad y la interoperabilidad entre aplicaciones y bases de datos.
A pesar de lo trascendental de esta norma, expertos consideran más importante lograr su implementación en un mercado como este, en el cual un selecto grupo oligárquico ejerce el control de casi toda la información.
La presidenta brasileña y el Partido de los Trabajadores anunciaron entre sus propuestas de campaña la necesidad de contar con una ley de comunicación, que acabe con los oligopolios y establezca una equidad en la distribución de la información.
