La sentencia de la jueza Alba Beard Marcos de la octava Sala del Tribunal de Tierras de la jurisdicción original del Distrito Nacional que devolvió al Estado Dominicano la propiedad de Bahía de las Aguilas, en Pedernales, está precedida de una larga y complicada historia con protagonistas de notable vigencia en la vida pública, otros parcialmente retirados y algunos desaparecidos del mundo de los vivos.
Finalmente, tras infinidades de incidentes, el pasado 25 de agosto se hizo justicia, el inmueble volvió a manos del legítimo propietario, el Estado Dominicano. Pero para entender el origen del fraude, considerado el más grande en materia inmobiliaria en toda la historia dominicana, es preciso seguirlo cronológicamente hasta concluir en la reciente sentencia que tanto han celebrado la dominicanidad sensata.
Como se observará detalladamente, las iniciativas para resarcir el despojo vil contra el Estado se concretizaron en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presidido por el doctor Leonel Fernández en el cuatrienio 1996-2000.
Aunque el fraude se gestó a partir del 5 de diciembre de 1995, último año de la recortada administración del finado presidente Joaquín Balaguer (1994-1996), lo cierto fue que su esclarecimiento comenzó cuando el entonces director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Wilton Guerrero detectó las irregularidades y sometió a la Justicia a su antecesor Jaime Rodríguez Guzmán.
Ante las evidencias de fraude contenidas en el sometimiento, el entonces procurador general de la República, doctor Abel Rodríguez del Orbe decidió encauzar a los implicados en la acción criminal, con el envío al Penal de La Victoria de los señores Rodríguez Guzmán, Puro Pichardo Fernández y Moisés Fernando Marchena Arredondo.
Otros involucrados en el fraude fueron Luis Ramírez Suberví, Arturo José Cuello, Miguel Nelson Fernando Mancebo, Harold Angelino Payano, Luis Yépez Féliz, Simón B. Jiménez, Geovanna González Sánchez y Carlos Eligio Linares, este último, ex administrador de Bienes Nacionales.
En un pormenorizado informe publicado en diversos medios de comunicación, impresos y electrónicos, la joven abogada Laura Acosta Lora, hija de la fallecida doctora Carmen Lora Iglesias (Piky), abogada apoderada por el Estado, señala que mediante el oficio No. 10790 del 5 de diciembre de 1995 dirigido por Rodríguez Guzmán al Registrador de Títulos de Barahona solicitó el traspasos de las tierras en litis al organismo bajo su dirección.
Se trataba de la parcela 215-A, que al ser traspasada al IAD en virtud del mencionado oficio, quedarían consagradas en un “importante asentamiento de gran interés para el IAD y la Reforma Agraria”. Añade que el doctor Luis Ramírez Suberví, “Registrador de Títulos de Barahona, el mismo día en que recibió el mencionado oficio, procedió a transferir a favor del IAD la totalidad de dicha parcela”.
Refiere también el oficio No. 433 de fecha 5 de febrero de 1996, del entonces administrador de Bienes Nacionales Carlos Eligio Linares Tejeda, remitido al registrador de Títulos de Barahona, quien aprobó “el traspaso de la parcela 215-A, debido a los importantes trabajos que dicha institución estaba realizando en los terrenos para los fines de la Reforma Agraria”.
El informe indica que el oficio de Bienes Nacionales fue depositado sin anexar el original del Certificado de Título e inscrito el 6 de febrero (un día después) de 1996 en el Registro de Título de Barahona bajo el No. 1547, Folio 387, del Libro de Inscripciones No. 6, expidiéndose ese día un nuevo certificado de título a favor del IAD pero no por la totalidad de la parcela sino sólo por 943 hectáreas, 29 áreas, 51 centiáreas; a pesar de que ya se había expedido uno con anterioridad por la totalidad de la extensión superficial de la parcela.
La parcela 215-A del Distrito Catastral No. 3 del Municipio de Enriquillo, provincia de Pedernales, tiene una extensión superficial de 36,197 hectáreas, 87 áreas, 62 centiáreas (361,978,762 metros cuadrados). Fue determinada mediante decisión número 22 del Tribunal Superior de Tierras de 1953. Luego, en 1983 fue convertida en Parque Nacional Jaragua, confirmado el 26 de febrero de 1986.
Ya con los certificados de título en su poder, Rodríguez Guzmán, director del IAD, “procedió a inventarse los asentamientos campesinos en medio de las rocas, los cactus y las guasábaras, otorgando títulos de propiedad definitivos a favor de supuestos parceleros inexistentes, quienes a su vez y de manera casi inmediata vendieron sus derechos”.
Entre los adquirientes de los derechos por parte de los supuestos parceleros figuraron Antonio Féliz Pérez, senador de Pedernales; Puro Pichardo; la Compañía Mantenimientos y Servicios Fernández S.A., del agrimensor Miguel Nelson Fernández; Fomento de Obras y Construcciones, S.A., de la licenciada Paula Henríquez, y la compañía Diseño, Cálculo y Construcción, del arquitecto Aquilino Antonio Méndez Pérez, entre otros.
Se pudo establecer que los supuestos parceleros “que vendieron esas tierras fueron fabricados tomando las cédulas y los nombres de personas sin que estas supieran nada del asunto, enterándose a través de la prensa y de las citaciones de que eran parceleros asentados, a pesar de que en muchos casos ni siquiera habitan en las cercanías de la provincia”.
En cuanto al procedimiento utilizado quedó esclarecido que “el Director General del IAD en ningún caso puede solicitar motu proprio la transferencia de un inmueble propiedad del Estado Dominicano, sino que debe hacerlo en virtud de una autorización emitida por el Directorio del IAD, el cual está conformado por los secretarios de Estado de Agricultura (Presidente), de Educación; de Trabajo y de Obras Públicas; así como del Administrador General del Banco Agrícola, el de Fomento Industrial y tres miembro nombrados por el Poder Ejecutivo”.
Además, que “luego de obtener dicha aprobación, se necesita además, para lograr la transferencia del inmueble, la aprobación del Poder ejecutivo mediante Decreto del Presidente de la República” y que “Ninguna de estas formalidades legales fue realizada en el caso que nos ocupa, así que la transferencia se hizo mediante violación flagrante de todas las disposiciones existentes”.
También, que aún cuando realmente existiesen asentamientos, “la Ley sobre Reforma Agraria establece claramente que los terrenos traspasados en virtud de la Reforma Agraria solo pueden ser utilizados para el fin para el cual fueron traspasados y que en ningún caso podrán los parceleros traspasar dichos terrenos, ni venderlos, ni cederlos de cualquier forma que sea, ya que si no lo dedican a labores de agricultura, deben retornar entonces a patrimonio del Estado”.
Como bien refiere el periodista Aristófanes Urbáez Matos en su columna El Roedor, publicada en Listín Diario el 17 de febrero del 2013, a su arribo al poder el entonces presidente Hipólito Mejía “entró con el decreto 123-01, el primer año que decía más que expresa la intención de usar esas tierras para el desarrollo turístico de la región. Pero todo se quedó ahí”.
El columnista hace mención de una comisión creada por el Gobierno de Mejía que “fue formada al echarse la paloma, en agosto del 2004, dirigida por el Procurador General de la República, Víctor Céspedes Tenéis Paciencia, que produjo otro decreto (HM y Guido la firmaron, pero el que conoce a Víctor sabe que ese tollo es de su autoría) en que se declaraba de “utilidad pública” las tierras ocupadas, la mayoría de los supuestos dueños con títulos definitivos del Tribunal Superior de Tierras”.
Los periódicos Hoy, del 29 de agosto del 2004 y Diario Libre del 30 del mismo mes reseñan la revelación del procurador Domínguez Brito, del nuevo gobierno de Fernández, en la que daba cuenta de que Céspedes Martínez, el 13 de agosto, faltando menos de 72 horas para el cambio de mando, retiró la demanda que hizo el Estado y “traspasando el marco de sus funciones”, desistió de la querella contra los acusados del fraude.
Con el inicio del gobierno peledeísta del Presidente Danilo Medina se iniciaron gestiones para desarrollar turísticamente a Bahía de las Aguilas, surgiendo el debate sobre el tratamiento que debía darse a los supuestos propietarios y hasta llegó a contemplarse una compensación económica.
Expertos en jurisdicción inmobiliaria llegaron a advertir que el saneamiento de esas tierras se llevaría varias décadas, impidiéndole al nuevo gobierno ejecutar su plan de desarrollo que colocaría a la lejana región Suroeste en la ruta del progreso.
La oportuna colaboración de la joven abogada Acosta Lora, hija de la profesional que iniciara las pesquisas jurídicas sobre el fraude, acogida a su vez por el Presidente Medina, ha permitido al tribunal competente evacuar la sentencia que devuelve a Bahía de las Aguilas al Estado, de manera que éste pueda darle el uso que entienda conveniente.
Justo es que se valore a todos los funcionarios públicos que cumplieron su papel en defensa del patrimonio nacional, desde el otrora director del IAD Wilton Guerrero, los procuradores Rodríguez del Orbe y Domínguez Brito; la abogada del Estado Piky Lora, los jueces que dictaron la sentencia, y por qué no, los presidentes peledeístas que garantizaron el orden legal y constitucional de las acciones.
