Opinión

En América Latina y el Caribe, la ordenación del territorio (OT) es un tema de análisis y de proyección de las últimas décadas. Conforme planteamientos de organismos especializados (PNUD y BID), en el año 1989 se integró una comisión para elaborar una propuesta para la Cumbre de Río (1990), que se condenso en el Informe titulado «Nuestra Propia Agenda sobre Desarrollo y Medio Ambiente», documento que presenta un diagnóstico y propuestas, para la construcción de una estrategia de desarrollo sustentable.

En el Informe se determinó que las bases de la planificación tenían que integrarse en torno a siete grandes líneas directrices, y una de ellas se refiere al ordenamiento territorial. Sin embargo, 24 años después, son muy pocos los países de la región que han desarrollado procesos de planificación coherente, integral y participativo, predominando en todos, sin excepción, una dispersión conceptual y metodológica, así como la proliferación de normas que contienen múltiples estrategias, carentes de rectoría y coordinación para ser materializadas. A esta conclusión ha llegado el experto Ángel Massiris Cabeza, doctor colombiano, en uno de sus importantes estudios titulado “Gestión del Ordenamiento Territorial en América Latina: Desarrollo Reciente”, publicado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de su país.

Para Massiris, la escasa planificación territorial del área se atribuye a: “La ausencia de política nacional sobre la materia, cubrimiento incompleto de los distintos ámbitos territoriales con planes de Ordenamiento Territorial, ausencia de leyes específicas reguladoras de las acciones de ordenamiento, débil organización institucional para la gestión del OT, poca visión prospectiva y participación social muy limitada”.

Ahora, ¿Cuál es el referente de planificación territorial en América Latina y el Caribe y que debilidades pueden observarse de manera regional?

Las experiencias de Honduras, Colombia y Venezuela, como países referentes en el diseño articulado de la gestión territorial, cuentan con Leyes orgánicas de Ordenamiento Territorial (LOOT), Planes de Ordenamientos Territoriales (POT) y estrategias regionales, sectoriales y locales, articulados con coherencia y con una amplia participación social.

Segun Massiris, la formulación de objetivos a largo plazo del POT, así como la participación social en la construcción del orden territorial, son dos indicadores a tomar en cuenta.

En cuanto al POT, todos los países lo han diseñado a mediano y largo plazos. Bolivia, concibió su POT a 10 años; Colombia, a 9; México a 20; Uruguay, sin plazo, pero con revisiones periódicas establecidas; Costa Rica, a 25 años; en El Salvador, recientemente se iniciaron estudios para la formulación de un «Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial» –PNDT-, con un horizonte de tiempo de 5 años en el corto plazo, de 10 a 15 años en el mediano plazo y de 25 años en el largo plazo

En países como Bolivia, Costa Rica y Uruguay, los proyectos de ley de OT establecen la participación ciudadana, mediante comités de vigilancia, cabildos, audiencias públicas, plebiscitos y el envío de observaciones; a su entender, este referente debe ser transversal a cualquier planificación del territorio.

El experto plantea aspectos a ser tomados en consideración con los temas pendientes de ordenamiento territorial: Se requiere una planificación que responda a una estrategia integral del territorio; pocos países cuentan con leyes orgánicas de ordenamiento territorial; no existen políticas sectoriales de integración, lo que debilita el carácter general y horizontal de la OT; la participación social en los procesos de OT es débil y es muy escasa la producción de información territorial que articule a las diversas instituciones.

En la Republica Dominicana, las directrices en el sistema de ordenamiento territorial se han consolidado con la Constitución de 2010 y la Ley 1-12, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, que establecen la necesidad del Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo plazo para elaborarlo vence en enero de 2015. La Dirección de Ordenamiento Territorial cuenta ya con un borrador del POT.

El país cuenta con la Ley 208-14, de nuestra autoría, que crea el Instituto Geográfico Nacional «José Joaquín Hungría Morell», institución que tiene como parte de sus atribuciones “emitir informes consultivos para la toma de decisiones sobre políticas públicas aplicables a los procesos de planificación y ordenamiento territorial” y “gestionar la información geográfica, la infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana (IDE-RD) y sus aplicaciones, especialmente como una herramienta para el ordenamiento territorial y la gestión de riesgos”.

Otras normas pendientes de aprobación en el Congreso, son las relativas a los proyectos de ley de Ordenamiento Territorial y uso de Suelo y la que regula las Regiones Únicas de Planificación. Ambas propuestas están en proceso de elaboración para ser presentadas próximamente.

Adicional a estas regulaciones, es importante que los ciudadanos estén empoderados y se les de participación en la implementación del POT. Para ello, el Senado de la Republica estudia dos propuestas de nuestra autoría: la que regula los mecanismos de participación ciudadana para lograr la adecuada participación social; y el proyecto de ley que regula el Sistema Estadístico Nacional, que suministraría datos precisos, científicamente recabados, imprescindibles para implementar planes sobre el uso y división del territorio de manera racional, productiva y práctica.

Como legislador impulsaremos esfuerzos conjuntos para la regulación del territorio nacional, como lo manda la Constitución de la Republica. Más que una ley de OT, se requiere avanzar hacia un Código de Ordenamiento Territorial, COT, que concilie los diversos problemas que se vinculan a este proceso como son: las regiones únicas de planificación, las informaciones estadísticas, la centralización y actualización de la información territorial, el desarrollo sustentable de las áreas protegidas, la transferencia de competencias a las localidades, el uso responsable y regulado del suelo, procurando armonizar los intereses y la visión del desarrollo dentro del modelo económico existente.

Los retos y desafíos demandan decisiones políticas firmes y determinantes para garantizar el desarrollo sostenible.