Resultaría negativa para el país la modificación al Código Laboral propuesta por el sector patronal asegura el vicesecretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Santos Burgos, sumándose al coro de voces a favor de que se sigan mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras.
Asimismo, Santos Burgos aboga por un aumento general para todos los trabajadores del país, ya que esa acción contribuiría a incrementar el poder de compra de los asalariados, y consecuentemente dinamizaría las actividades económicas.
El economista expresó su respaldo a la posición de la Secretaría de Asuntos Laborales del PLD, a través de su Departamento Sindical, en el sentido de que en lo adelante los reajustes salariales no se limiten a compensar el índice de inflación acumulada, sino que también incorporen el incremento de la productividad de los trabajadores.
Con relación al proyecto de modificación que impulsa el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Confederación Patronal de la República Dominicana, el dirigente peledeísta sostuvo que si se aprueba, en la práctica implicaría una reducción de gran magnitud de las remuneraciones que reciben los empleados.
Ampliar las horas de trabajo de 44 a 48 horas semanales, y establecer jornadas de cuatro días de labor y descanso por otros cuatro; así como aumentar a 56 las horas de trabajo en la semana para empresas de uso continuo, significaría eliminar prácticamente las horas extras, “que son un aliciente para que los asalariados puedan complementar sus bajos sueldos”, explicó.
Igualmente advirtió, que esa sobrecarga de horas de labor por cada semana, provocaría graves daños en la salud de los trabajadores y reduciría sus expectativas y calidad de vida, así como su tiempo útil de productividad.
Santos Burgos señaló que además, la propuesta patronal de reducir el plazo de la contratación sucesiva para obras o servicios terminados, y la pretensión de ampliar de tres a seis meses el periodo laboral sin derecho a prestaciones, motivaría un incremento del desempleo, y por tanto, propiciaría una mayor rotación laboral.
“Todas esas acciones contra los derechos que por ley benefician a los asalariados, unido a la eventual eliminación de la prohibición de cancelar a las mujeres embarazadas, tendrían un impacto tremendamente negativo sobre los niveles de remuneración laboral y el salario real promedio en el mercado de trabajo dominicano”, sentenció el economista y dirigente del PLD.
Indicó que el cálculo de la cesantía laboral o liquidación, que propone el sector empresarial, con un tope de 69 días y cuatro salarios mínimos promedio de la seguridad social, perjudicaría enormemente a los trabajadores, ya que una persona con diez años de servicio, solo recibiría 203 días de cesantía valorada por el salario que perciba.
“Con esta propuesta, todos son afectados, pero sobre todo, los administradores, profesionales y ejecutivos”, subrayó.
Con respecto a las condiciones especiales que se habilitarían para el llamado“Primer Empleo”, expuso que por considerarse de“aprendizaje”, generaría una ganancia descomunal para los empresarios, ya que durante dos años les libraría del pago de prestaciones laborales y de la seguridad social.
Apuntó, que dada la gran proporción de jóvenes que ingresan cada año a la parte de la población económicamente activa, tendríamos la realidad de que el contrato de aprendiz, se constituiría en un instrumento para desplazar a los trabajadores y conculcarles sus derechos acumulados.
Enfatizó que contraviene la realidad empírica, la idea de que el mercado de trabajo es altamente inflexible por el costo que implica la cancelación o desahucio del contrato y la fijación del salario mínimo, “el 69% de los trabajadores logra permanecer hasta los 3 años laborando en la empresa”.
Indicó que así se pone de manifiesto un alto nivel de temporalidad e inestabilidad en el empleo, y que la frecuencia del despido es muy alta, ya que durante el periodo 1991-1995, la contratación de personal con jornadas de 44 horas a la semana con salario superior al mínimo representó el 73.32%, proporción que se redujo a 69.4 %, en el periodo 2004-2008.
Dijo que, en cambio, en ese lapso, aumentaba el empleo inestable, en vista de que se verificó una mayor contratación de mano de obra con jornadas de menos de 40 horas a la semana, de 4.21 a 10.23, al tiempo que fue muy alta la contratación de personal con más de 40 horas a la semana, con salario inferior al mínimo legal, “lo que refleja mayores niveles de precariedad”.
Santos Burgos observó que en 2006, de acuerdo a la Dirección de Impuestos Internos, del total general de gastos y costos de las empresas, ascendente a RD$914 mil 937.7 millones, la remuneración laboral apenas representó el 8.9%.
Mientras que en 2008, añadió, el porcentaje de la remuneración laboral fue un 7.5 por ciento, del total de costos de las empresas, y en 2011, apenas un 8.1%. “Esta situación impulsa cada vez más el crecimiento del sector informal de la República Dominicana”, aseveró…
Señaló como un detalle muy favorable para el empresariado, que la rentabilidad de 23.53 por ciento del capital en los sectores de manufacturas, agropecuario y comercio, superó las tasas de interés en los certificados financieros colocados en la banca múltiple.
“Además, el patrimonio de estos tres sectores pasó, de RD$491,397 millones, en 2006, a RD$794, 601 millones, durante 2010; al tiempo que sus niveles de ganancias, ascendentes a RD$108,428 millones en 2006, se elevaron a RD$155, 919 millones en 2010”, destacó.
Asimismo, Santos Burgos precisó que los sectores que reclaman reducir las garantías laborales, se beneficiaron de exenciones de impuestos por RD$26,931 millones, en 2006, y de RD$33,425 millones durante el 2010.
