Opinión

América Latina y El Caribe se han convertido en un lapso muy corto en sociedades aplastantemente urbanas. Según la última Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI), el 80% de la población latinoamericana es urbana, lo que equivale a unos 480 millones de habitantes. De este total, la mitad vive en ciudades de 500 mil habitantes hacia abajo.

Según la conferencia de MINURVI “tras décadas de crecimiento continuo, las tasas de población urbana tienden a la estabilidad. El crecimiento urbano ha dado lugar a nuevos conglomerados, como las áreas metropolitanas o las mega-regiones urbanas, que aglutinan múltiples municipios y ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo, pero también requieren sistemas de gobierno innovadores y coordinados”.

Así mismo destaca que “pese a la disminución de las tasas de pobreza en la región, una de cada cuatro personas en áreas urbanas es pobre y los índices de desigualdad de la región se sitúan entre los más altos del mundo. Las ciudades de la región son ciudades divididas social y físicamente. Esa división se manifiesta en la desigualdad de ingreso y la segregación entre la ciudad “formal” y la “informal”. Igualmente destaca que “las ciudades registran altos índices de violencia e inseguridad, que parecen desbordar la capacidad de respuesta de los gobiernos. Aunque la violencia no se da en todas las áreas ni es homogénea en una misma ciudad, la gravedad de sus consecuencias exige esfuerzos coordinados a todos los niveles de gobierno”.

Nuestro país no escapa a esas tendencias. Dos mega-regiones urbanas, Santo Domingo y su entorno, y Santiago y su entorno, concentran más del 60% de la población total del país, incorporando otros municipios como San Cristóbal, Haina, Boca Chica, La Vega, Moca, y Licey, entre otros. Este desarrollo urbano o amontonamiento urbano, ha sido resultado de la expulsión de la población rural, que tan cerca como en 1960 era todavía de 70% del total de la población nacional. Hoy la estructura es de un 80/20 de mayoría urbana. A pesar de las infraestructuras construidas desde los años 60, tanto las grandes ciudades, sobre todo las medianas, como los servicios, han sido insuficientes y han ido empeorando con el tiempo.

Servicios como agua potable, aseo urbano, iluminación, aéreas verdes y parques urbanos, vivienda, educación pública, organización del tránsito, transporte colectivo, seguridad, entre otros, han sufrido un deterioro creciente. La calidad de vida de las ciudades se deteriora cada vez más, y se tiene la impresión de vivir en una jungla de desorden y caos creciente.

Esto a pesar de acciones vanguardistas, como fue la construcción de dos líneas de Metro en Santo Domingo, el corredor Duarte, las grandes inversiones en acueductos regionales y presas para abastecer las grandes zonas urbanas, la división municipal que fue objeto el Distrito Nacional a fin de descentralizar la gestión municipal, entre otras. Tendencias como la pobreza y la marginalidad urbana, y con ella, la delincuencia y la inseguridad se hacen endémicas, y pareciera que es casi una tarea herculina enfrentar y resolver la multiplicidad de los problemas de nuestras ciudades y centros urbanos. Definitivamente, los problemas urbanos deben ocupar un lugar más destacados en la agenda del gobierno, central y municipal, atendiendo las necesidades de los habitantes que se sienten desprotegidos.

También hay otro problema adicional. La clase política nacional, casi en su totalidad, sigue atada a las ideas de la “primacía del campo” y lo secundario de la agenda urbana. Recientemente, un ex Senador de la República, y administrador de una institución bancaria consideró que lo contrario. Los bienes y servicios urbanos, a pesar de lo evidente de su urgencia, se atienden como accesorios. La empresa de transporte pública urbana, como OMSA, languidecen como últimas prioridades. La falta de agua potable, de luz y de seguridad campea en las ciudades dominicanas. Los municipios, llamados a gobernar las ciudades, se han visto sometidos a un proceso de vaciado de competencias creciente, desde la caída de la dictadura de Trujillo y particularmente durante la “Era Balaguer”, que dejó a los ayuntamientos solo como recolectores de basura, encargados de mercados insalubres y de cementerios dejados en el abandono.

Se requiere un Plan de Conjunto para el desarrollo urbano y el combate a los males que se amontonan en nuestras ciudades que concentran casi el 80% de la población. La marginalidad y pobreza urbana se ve agravada con la descontrolada y masiva inmigración de miserables y pobres haitianos que agravan las condiciones de baja salarial de los dominicanos, llenan las calles de vendedores y mendigos, y compiten con los pobres dominicanos en un terreno cada vez más peligroso para la paz y la estabilidad del país.

La agenda urbana debe incluir una reforma institucional y un plan de prioridades a enfrentar. La seguridad debe estar en primer plano. Una reforma de la Policía le debe acompañarla, con medios y recursos. Experiencias como las reformas de políticas de seguridad en ciudades como Bogotá, Rio de Janeiro, Medellín, Santiago de Chile, entre otras, deben servir de referencia. Los problemas del transporte y el transito también deben ser enfrentados. Una nueva ley de transito, y una mayor rigurosidad en la aplicación de la ley, es necesaria. Limpiar las calles de oscuridad, chatarras, y mendicidad son impostergables. Un plan de Parques Urbanos, que construya nuevos espacios de esparcimiento para la población de las ciudades, incluyendo destruyendo algunas aéreas construidas para sustituirlas por parques, es una necesidad impostergable. El saneamiento de los ríos, en el caso de Santo Domingo el Ozama y el Isabela, y en el caso de Santiago, el Yaque del Norte, no pueden esperar. Un aprovisionamiento de electricidad en cantidad, precio y calidad no puede esperar más. La conclusión del plan del metro de Santo Domingo, con la terminación de la segunda línea, la construcción de la tercera línea, y de la líneas de interconexión en el este y en el oeste, junto con un masivo plan de autobuses de calidad en el diseño BRT (Bus Rapid Transit), como ha ocurrido en Bogotá, en Santiago de Chile, en Curitiba, y en muchas otras ciudades latinoamericanas es necesario.

Transformar el INVI en un Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es un requerimiento institucional importante. La política de desarrollar la vivienda popular a través de los fideicomisos y parte del ahorro nacional acumulado en los Fondos de Pensiones –por lo menos 25%- no puede esperar. La construcción y regalo de apartamentos por el gobierno es una política anacrónica de la Era de Balaguer. Hay que estimular el trabajo y el desarrollo de pequeñas y medianas en el desarrollo de la vivienda popular nacional. Ya el gobierno está haciendo una labor importantísima en la infraestructura escolar que debe incrementarse. También debe atenderse la agobiante situación de la educación privada que prácticamente es un asalto a la clase media y media alta, que no puede enfrentar los costos absurdos de la educación privada. La regulación y el sentido común deben prevalecer. Un colegio privado que cobra hasta 500.000 pesos anuales POR ADELANTADO, es un escándalo que las autoridades del Ministerio de Educación deben regular y vigilar.

El gran problema de los precios relativos de los bienes y servicios en medio urbano en nuestro país hay que ponerle atención. ¿Qué son los precios relativos? Es el coeficiente entre el precio en un determinado momento y el precio que tuviese en otro momento distinto. Es el valor de un bien o servicio respecto al valor de otros bienes y servicios; relación entre el precio en dinero de un bien y el nivel general de precios.

Son los precios relativos los que guían las decisiones de la gente. Si un precio relativo baja, seguramente se comprará más de ese bien particular y, si sube, se comprará menos de él. Y en nuestro país, los precios relativos son extremadamente altos, incluso hay segmentos como la alimentación, que resulta más caro que por ejemplo en Estados Unidos. La meta de lograr un SEGURO DE SALUD UNIVERSAL, obligatorio, para todo dominicano y dominicana, debe guiar las políticas de la Seguridad Social. Hoy no es así. Es un negocio de clínicas y médicos sin principios que solo miran el resultado de sus ganancias y no la salud de los habitantes.

En fin, requerimos construir una agenda para un país urbano sin dilación.