Cuando hablamos de desarrollo en la región que habitamos, muchos sólo piensan en el crecimiento económico que ha experimentado América Latina en los últimos 20 años. Sin embargo, esta prosperidad generada no ha sido compartida por todos los ciudadanos: América Latina es la región más desigual del planeta.
En el período de 1980 a 2010, el PIB de la región creció, en promedio, una tasa anual de 2,6%; sin embargo, la desigualdad social se profundizó, la calidad de vida no ha mejorado en la misma medida en que ha crecido la economía y los servicios públicos aún distan de ser eficientes. La calidad del gasto público es cuestionada, los programas sociales son atacados por no sacar a la gente de la pobreza, las políticas económicas, al parecer, no generan ingresos para todos. Es un panorama difícil para América Latina.
Ante las perspectivas de que el crecimiento económico en América Latina en los próximos años, ya no sea tan dinámico como en los 20 años pasados, entonces es la hora de evaluar lo que hemos logrado a la fecha y reenfocar nuestros esfuerzos hacia elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
Lo que se requiere es que el Estado cumpla su rol de balancear el escenario político, económico y social; dado que el crecimiento económico no se distribuyó hacia todas las clases sociales, es decir, lo que se conoce como “trickle down economics” no funcionó, entonces corresponde al Estado promover políticas de redistribución de los ingresos para disminuir las profundas desigualdades producidas por las políticas neoliberales.
La CEPAL plantea una estrategia común para toda la región: “es necesario actuar sobre la educación y la capacitación, que permiten que la oferta de trabajo acompañe la creciente demanda de mano de obra de mayor calificación a medida que se avanza hacia estructuras productivas más diversificadas.”
El Banco Mundial, y su presidente Jim Yong Kim, abogan por un crecimiento económico que cree sociedades más justas para poner fin a la pobreza extrema e impulsar “la prosperidad compartida entre el 40% más pobre de la población de los países en desarrollo.”
Para ese fin, me han resultado interesantes las estrategias que han asumido países de distintas regiones del mundo. Desde los nórdicos, que han asegurado inversiones importantes para cubrir las necesidades de sus ciudadanos, hasta los países de la Alianza del Pacífico, que están promoviendo Fondos especiales con los recursos que provienen de las explotaciones de recursos naturales, los cuales destinarán al cierre de las brechas de desigualdad.
Debo resaltar, igualmente, el consenso existente en la región, en cuanto a la medición de la pobreza. Todos los países están adoptando métodos multidimensionales de medición de pobreza, que permiten medir la misma más allá de la carencia de ingresos; en consecuencia, la pobreza es la “privación de los medios materiales para satisfacer las necesidades mínimas, como alimentos, servicios de salud y educación”.
Asimismo, la región está transitando hacia programas de combate a la pobreza que, además de procurar una mejora en la salud, la educación y la nutrición, también trabajan la participación política, el empleo y el desarrollo personal y cultural de los beneficiarios o participantes, como prefiero llamarles.
Para la agenda de desarrollo Post-2015, América Latina debe trazarse metas claras que le permitan vencer definitivamente la pobreza y la desigualdad social. Como lo ha planteado la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, requerimos de un “pacto universal para el desarrollo sostenible con la igualdad en el centro”, de manera que exista “una nueva ecuación de equilibrio entre Estado, sociedad y mercado”, al igual que “capacidades institucionales” que garanticen la continuidad de las políticas y programas.
En el caso de la República Dominicana, la política social ha pasado del asistencialismo a la protección social y creación de capacidades para el ejercicio de Derechos. Estamos transitando hacia la disminución de la desigualdad social, desde un enfoque de ampliación de los derechos de los ciudadanos, porque allí donde existe desigualdad social, estamos condicionando las libertades de nuestros ciudadanos y limitando el Estado Social y Democrático de Derechos establecido en nuestra Carta Magna.
