La mejor manera de entender el sistema financiero de un país es reconocer que el mismo está formado por el conjunto de instituciones, instrumentos y mercados que canalizan el ahorro desde las economías domésticas, empresas y sector público, que disponen de un exceso de fondos y desean prestarlos hacia aquellas que, careciendo de financiación suficiente, desean tomar dichos fondos en calidad de Préstamo. Esto así ya que el sistema financiero es el principal pilar para el funcionamiento del sistema económico, por tanto, se establece una vinculación entre la estructura financiera de un país y el crecimiento económico.
Para lograr un salto en el sistema financiero es fundamental la existencia de una ley que sustente el mismo y que se corresponda con el entorno económico del país. Es así como para interpretar de manera objetiva y sustentabilidad técnica, el sistema financiero dominicano, es necesario tomar en consideración cinco oleadas trascendentes en la dinámica bancaria del país. En primer lugar que en el año 1869 se creó el Banco Nacional de Santo Domingo como primera entidad de esta naturaleza, por tanto, se inicia el interés por la supervisión bancaria. En segundo lugar que en 1909 se promulga la primera legislación bancaria, donde ya operaban 9 bancos extranjeros durante el 1909-1920.
En tercer lugar está la creación del Banco Central y la Superintendencia de Bancos mediante la promulgación de las leyes No. 1529 y 1530, respectivamente, del 9 de octubre de 1947. En cuarto lugar está la Ley General de Bancos del 14 de abril de 1965, que impulsó cambios profundos en la supervisión bancaria. En quinto lugar está la última oleada cuando el 2 de abril de 1992 la Junta Monetaria emitió sendas resoluciones orientadas a transformar el esquema operativo e institucional para instituir el modelo de Banca Múltiple en sustitución de la banca especializada y la promulgación de la Ley Monetaria y Financiera, No 183-02, de noviembre del 2002.
El espíritu de esta ley procuraba establecer mayores controles de las entidades financieras, mayor fortaleza en su capital y reservas, mejora en la cartera de préstamos, desarticular las malas prácticas bancarias, establecer una mejor política de supervisión bancaria, credibilidad y confianza en las entidades bancarias, mayor transparencia en las operaciones bancarias, adecuación a los 25 principios de Basilea I, que las entidades bancarias respondan al índice de solvencia de 10% establecido a nivel internacional, reducir el riesgo crediticio, establecer los reglamentos y normativas que logren la aplicación de la Ley y mejor calidad de la Supervisión bancaria.
A raíz de la crisis del 2003 la Ley No. 183-02 fue puesta en tela de juicio ya que se evidenció las debilidades normativas con que estaba operando el sistema financiero con una supervisión bancaria inadecuada sustentada en un enfoque contable que no se correspondía con las exigencias de un enfoque de riesgos que se estaba implementando a nivel internacional. Pero para revertir el impacto del colapso bancario, con un costo fiscal de un 22% del PIB, y por ende recuperar la credibilidad del sistema financiero dominicano, fue necesario aprobar y poner en vigencia todos los reglamentos establecida en la nueva legislación bancaria, resaltando el reglamento de evaluación de activos, límites de créditos a partes vinculadas, normas prudenciales de adecuación patrimonial, gobierno corporativo, riesgos de mercados y de liquidez, etc. Todo eso implicó un mayor requerimiento de capitalización y provisiones, requerimiento de planes de negocios a las entidades y a nivel del organismo supervisor se descontinúa el enfoque de supervisión de cumplimiento para migrar hacia la supervisión basada en riesgo que al final del 2006 ya presentaba sus primeras señales de reorientación, pero que gradualmente se desarrollaba hasta que este se acelera e implementa desde octubre del 2010 al 2012, logrando su adecuación total a marzo del 2014.
Los resultados de todos esos esfuerzos técnicos y normativos se verifican en el hecho de que el total de activo del sistema financiero al cierre del 2005 alcanzaba un monto de RD$424,872.4 millones y al primer semestre del 2014, casi se triplica al colocarse en RD$1,146.5 millones, el índice de solvencia registraba un promedio de 8.6% hasta agosto del 2004, pero a partir del 2005 alcanzaba el 12.9% manteniendo un crecimiento sostenido al primer semestre del 2014 de 17.57%, en adición a esta una mejora de la clasificación de la cartera de préstamos, la evaluación aplicada del FSAP por el FMI establecía que a marzo del 2001 existía un incumplimiento con los principios de Basilea para una supervisión bancaria eficaz, mientras que a junio del 2009 esa misma evaluación resaltó que se cumplía con estos principios. Esto explica porqué en los últimos 10 años, 2004-2014, se ha logrado alcanzar indicadores históricos irrefutables que permiten calificar como la época de oro del sistema financiero nacional, al tiempo que se ha logrado asumir los 25 principios y los 5 subprincipios de Basilea I y avanzar en la adopción de los tres pilares de Basilea II.