Opinión

Cuando el 2 de abril de 1992 la Junta Monetaria emitió sendas resoluciones orientadas a transformar el esquema operativo e institucional del sistema financiero dominicano, ahí mismo se inició un proceso sostenido de reforma orientado a fortalecer y dinamizar dicho sistema. Pero la señal de mayor trascendencia del paquete de resoluciones de la Junta Monetaria fue instituir el modelo de Banca Múltiple abandonando el arcaico y disfuncional sistema de Banca Especializada.

Las resoluciones en cuestión, también, autorizaban al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso el Proyecto de reforma Monetario y Financiero, al tiempo que las mismas permitieron a las entidades bancarias migrar hacia la nueva modalidad de Banca, sujetas al cumplimiento de los requisitos exigidos en el espíritu de esas resoluciones. Otros elementos de gran importancia en ese espíritu reformador, tanto de las resoluciones, como lo que contenía la Ley, fue impulsar esta y los reglamentos, la existencia de mayores controles de las entidades financieras, mayor fortaleza en su capital y reservas, mejora en la cartera de préstamos, desarticular las malas prácticas bancarias, establecer una mayor y mejor política de supervisión bancaria, adecuación a los 25 principios de Basilea I, lograr que las entidades bancarias cumplan un índice de solvencia de 10%, reducir el riesgo crediticio, entre otros.

Muchos de esos objetivos, trazados por resolución de la Junta Monetaria, se fueron alcanzando de manera gradual mediante la migración a un sistema de banca múltiple, lo cual aceleró su concreción durante el período 1998-2001. Para este ultimo año se adicionaron varias decisiones que iban simétrico con el proceso de reforma financiera que se implementaba, por ejemplo, se produjeron fuertes modificaciones a las normas bancarias de clasificación de activos, incorporándose al régimen de evaluación y clasificación, como requerimiento de provisiones, las cuentas contingentes, requiriéndose la constitución del 1% como provisión genérica.

En esa misma dirección se adoptaron dos grandes decisiones que enviaban señales concretas de que los pasos reformadores eran irreversibles; por un lado, se dispuso que las entidades de intermediación financiera tenían que realizar la medición, evaluación y control permanente de la exposición a los riesgos de mercado, mientras que por el otro lado, se instruía a la superintendencia de bancos a conceder una dispensa opcional a las instituciones de intermediación financiera sujetas a las normas bancarias de evaluación de activos, con fines de constitución de las provisiones que resulten del proceso de autoevaluación de la cartera de crédito.

Esos avances no encontraban tanta firmeza ya que al evaluar la misma por parte del FMI, en marzo del 2001, se encontraron muchas debilidades que revelaban que el sistema financiero dominicano, si bien había iniciado la ruta de la reforma, no menos cierto era que las mismas no estaban adecuándose a los 25 principios de Basilea I. En efecto, para entonces, la aplicación del programa para la evaluación del sector financiero, Financial Sector Assessment Program, FSAP, revelaba que en la Rep. Dom. solo se cumplía uno solo de los principios básicos para una supervisión bancaria efectiva.

La revelación de este hallazgo fue decepcionante ya que esta aplicación puso al desnudo el enorme estancamiento por el que transitaba el sistema financiero y, por ende, la regulación del mismo. Tal revelación pudo incidir en la aprobación y promulgación de la vigente Ley monetaria y Financiera 183-02, la cual ha sido determinante para la estabilidad monetaria y financiera del país.

Es importante destacar que al momento de la puesta en vigencia de la Ley 183-02, el sistema financiero operaba con 149 entidades, compuesta por 14 bancos múltiples, los cuales concentraban el 76.7% de los activos, 18 asociaciones de ahorros y préstamos, 15 bancos de desarrollo, un banco hipotecario, 72 financieras, 24 casas de menor cuantía y 5 entidades públicas, cantidad inferior a las 152 que operaban en el 2001. Con la crisis bancaria del 2003, el sistema financiero fue objeto de una estocada mortal, tanto en la confianza como en su estabilidad; en primer lugar, la confianza en el sistema se desplomó y el número de entidades se redujo a 138, pero el costo fiscal fue de un 20% del PIB.

El gran salto hacia la recuperación del sistema financiero dominicano se ha logrado durante el período 2005-2011 en el cual las autoridades abrazaron el compromiso y responsabilidad de las grandes transformaciones al aplicar las nuevas tipologías de la banca, superando el 10% como índice de solvencia, puesta en vigencia todas las reglamentaciones establecidas en la ley 183-02. Aunque se tiene un total de 127 entidades reguladas, que operan con mejor calidad, se hace oportuno entrar en una nueva ola de reforma ya que es saludable para proteger mejor al sistema financiero.