Opinión

El martes 11 del corriente mes de noviembre, el titular de primera página en toda su extensión del Listín Diario, decía: “Trinidad y Tobago expulsará a 110 mil inmigrantes ilegales”, y más adelante la crónica que recogía los detalles de esa decisión gubernamental señalaba que: “el gobierno de Trinidad y Tobago que el año pasado llevó la voz cantante en la condena a la sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana, sobre el derecho a la nacionalidad en este país, expulsará de su territorio alrededor de 110 mil inmigrantes ilegales a través de una política migratoria que incluye operaciones ‘casa por casa’ en búsqueda de extranjeros indocumentados”. La información, señala que la mayoría de ilegales en Trinidad y Tobago son jamaiquinos.

El Ministro de seguridad nacional de esas islas es un tal Gary Griffith, el cual aseguró que lo que él está haciendo es garantizando que la política migratoria se cumpla. Estos charlatanes, porque no hay otra forma, ni otro nombre por el cual llamarlos, fueron los que en La Habana condenaron al gobierno dominicano y a los dominicanos por la supuesta política discriminatoria y racista que teníamos frente Haití, lo que motivó la respuesta responsable, viril y valiente del presidente de nuestro país compañero Danilo Medina; y lo que lleva al autor de esta columna, que tiene cerca de cuarenta años tratando este tema, a preguntar sin ninguna expresión de sorpresa, “!¿Y ahora qué?!”, ¿qué tiene que decir la otra pandilla de charlatanes que integran la llamada Comisión Interamericana de los Derechos Humanos?, dependientes del basurero internacional que conocemos desde hace años con el nombre de Organización de Estados Americanos, (OEA).

No tenemos idea a donde meterán la cara, aunque sabemos a dónde deben meterla, los capitanes de la infamia, sicarios intelectuales, periodistas, columnistas, asalariados de la USAID, brazo ejecutor de la política de calumnias y difamaciones del gobierno de los Estados Unidos de América, irrespetuosa y atrevida, que manipula y dirige la agresión contra la independencia, la soberanía y dignidad de nuestro pueblo. Y, tenemos que usar ese lenguaje agresivo, apegado estrictamente a la verdad de los hechos, porque como hemos señalado en múltiples ocasiones el proyecto de unificación de la isla de Santo Domingo, como base de un gobierno binacional ha podido extenderse en nuestro país, por la complicidad de esa caballería de sinvergüenzas que viven para hacer desaparecer nuestra nación y el estado republicano que fundaron Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, el 27 de febrero de 1844.

Volvemos a preguntar: “!¿Y ahora qué?!”, ¿qué dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, frente a la decisión que ha tomado el gobierno de Trinidad y Tobago frente a los inmigrantes ilegales?, cuya mayoría son de origen jamaiquinos, aunque estamos convencidos que el treinta por ciento restante son haitianos que se han trasladado a esos escenarios, con la intención de ganarse la vida y poder subsistir como lo hacen en nuestro país y en otras islas y lugares de Centroamérica y en la Costa del Caribe de Venezuela y Colombia. Ahí dejamos el tema, para la próxima columna que dedicaremos a las declaraciones del compañero Leonel Fernández Reyna, en el seno de la OEA.

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