Opinión

A finales de este 2014 la industria cinematográfica dominicana marcha con gran optimismo en varios apartados, incluyendo el financiero, segunda parte de un arte de cara bifronte.

Los estrenos se suceden uno tras otro, en una continuidad impensable para épocas pasadas, cuando se soñaba con estrenar apenas un filme por año, y aún eso se antojaba como una fantasía o la emulación de los doce trabajos de Hércules.

El cambio radical ha venido con la aprobación de la ley 108-10 que dota de una estructura jurídica a un sector que vivía de intangibles inspiraciones utópicas.

He estado claro que no podemos competir en igualdad de condiciones con los conglomerados industriales extranjeros y que se necesitaban, además de reglas claras, incentivos que equilibraran la balanza entre esos emporios y la cinematografía local.

La clave ha estado en la creación de la Dirección General de Cine, organismo que tiene la misión de fomentar, promover e impulsar la producción nacional de cine, tal y como reza su declaración de objetivos.

Gestionada en estos momentos por Yvette Marichal, la DGCINE se empeña en mantener unidos todos los vagones de este tren que marcha a pasos veloces en su desarrollo.

Para promover de manera efectiva el cine dominicano en el extranjero, es determinante nuestra presencia en festivales prestigiosos, léase Cannes, Guadalajara, Toronto, y en cuanto evento reporte beneficios para el país.

El acceso a los incentivos para invertir en nuestra industria fílmica está normado por la citada Ley 108-10 y su reglamento de aplicación, el Decreto No. 370-11.

Los estímulos tributarios llegan hasta una deducción del 100 % del valor real invertido, con la obligación de que el 20 % del presupuesto sea ejecutado en nuestro país o que sea efectivamente capital dominicano.

La DGCINE ha publicado en forma resumida las explicaciones para obtener el Certificado Provisional de Nacionalidad Dominicana, el Permiso Único de Rodaje y la Inscripción en el Registro Cinematográfico Dominicano, SIRECINE.

Contamos con una diversidad de paisajes y localidades, al igual que facilidades como las de Lantica Media, antiguo Indomina Studios, con su principal activo, los estudios cinematográficos Pinewood y el tanque de agua de 60,500 pies cuadrados, el más grande de América Latina, y con los Estudios Quitasueño, para realizar cualquier tipo de producción.

Una garantía imprescindible para las compañías extranjeras que desean rodar sus películas en nuestras tierras es contar con servicios de producción de contrapartes locales que les provean de bases de datos para equipos de producción (crew), scouting, asesoría legal, precios, suplidores, castings, que faciliten su desenvolvimiento y les reduzcan costos.

El secreto del aumento de nuestras producciones se basa entonces en dos elementos claves: seguridad jurídica, que provee al negocio de reglas transparentes, y los incentivos a los inversionistas, lo suficientemente atractivos como para que los sectores empresariales encuentren rentables poner sus recursos en un filme.

La ley 108-10 asigna al Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica en la Republica Dominicana, CIPAC, la potestad para la validación de los gastos, un organismo compuesto por profesionales de toda la industria y del sector oficial, que son los guardianes a cargo de tan delicada tarea.

Países como Costa Rica o Panamá, toman como modelo nuestra ley para seguir un ejemplo hasta ahora funcional, convirtiéndonos en referencia regional de desarrollo en la cinematografía actual.

Si de algo carecía el cine dominicano era de institucionalidad, un elemento que lastraba su desarrollo, pues genialidades aparte, sin una base económica sólida es imposible impulsar el crecimiento industrial, y tuvimos anteriormente mucho de creatividad y nada de organización, la verdad sea dicha.

Nótese que hablamos aquí de estructuras económicas y financieras, y no de la cuestión estética, que al contrario del pasado, ha quedado ligeramente retrasada al paso de los avances de los mencionados aspectos industriales.

Toda ley tiene sus carencias o defectos, y la 108-10 no es perfecta pero sus aportes al crecimiento están delante de nuestros ojos, las fallas deben corregirse en la práctica con las observaciones de todos los actores intervinientes en este complejo negocio.

La actividad cinematográfica dominicana ya cuenta con un marco legal como base de despegue, con organismos reguladores y facilidades e incentivos a la producción, creando la posibilidad de una tormenta perfecta que aporte al cine nuestro de cada día.