“No estamos ahí todavía”. Con ese lema, un estudio elaborado por la Fundación Clinton y la Fundación Gates definió la situación de desigualdad que aún afecta a las mujeres en el camino hacia la equidad de género. El informe “Sin Techos: participación completa” publicado recientemente, indica que todavía queda mucho por hacer para lograr la participación completa de la mujer.
De acuerdo a encuestas de muchos países, las mujeres aún están insuficientemente representadas en los puestos de liderazgo. Hoy el número de mujeres que ocupan cargos políticos es casi el doble que hace 20 años, pero siguen siendo una minoría muy reducida. El 22 % de las bancas en legislaturas nacionales pertenecen a mujeres, un aumento de hasta el 12 % en relación con 1997.
Las dominicanas también pueden ver en sus estadísticas los retos pendientes, así como el reflejo de esfuerzos y acciones por alcanzar una ciudadanía más activa. Aunque más mujeres ocupan posiciones de poder, aún no han alcanzado una participación representativa. A tal punto que este país aparece en las listas de los más atrasados en esta materia.
Vale destacar, no obstante, el avance alcanzado por las mujeres en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana con la participación de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández y la relevante presencia de Cristina Lizardo como la primera presidenta del Senado de la República Dominicana.
En los cargos ministeriales, la República Dominicana cuenta con 4 Ministras (18%) en 22 Ministerios existentes, colocándose en el penúltimo rango entre los países con menor número de mujeres en la dirección de ministerios del Estado. Sólo 7 países de América Latina y el Caribe tienen menor porcentaje de mujeres en los Ministerios del Estado. Son Uruguay, Saint Kitts y Nevis, Barbados, Antigua y Barbuda, S. Vicente y Granadinas, El salvador, y Trinidad y Tobago.
En la Cámara de Diputados, la voz de la mujer sólo cubre el 20 % de curules, ya que sólo hay 39 diputadas de un total de 190. En el Senado, sólo cuatro Senadoras de un total de 32 senadurías, lo que representa apenas un 12%. Y por cierto, República Dominicana y Uruguay son los países de Latinoamérica que menor porcentaje de mujeres muestran en sus Cámaras Altas.
Hablemos de gobiernos locales. Existen en la actualidad 15 síndicas, lo que es igual a 10 % de 155 sindicaturas. De un total de 1,149 regidurías, las mujeres cubren 33 %, ya que el país cuenta con 382 regidoras.
El informe “Mujeres, Participación y Ciudadanía en la República Dominicana. Logros, desafíos y apuestas”, elaborado por el Centro de Estudios de Género, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), analiza las barreras que han frenado un mayor acceso de las mujeres al poder.
En relación con el marco jurídico electoral nacional, la Ley no reglamenta el orden de colocación de las mujeres en las listas de candidaturas permitiendo a los partidos colocarlas en las últimas posiciones, difícilmente ganables, según el estudio.
“Esta práctica, aunada a la disposición de intercalar una mujer cada dos hombres es desfavorable para las mujeres en tanto las circunscripciones electorales nacionales son mayoritariamente bi-nominales, no dando cabida a un tercer cargo electoral”.
Por otro lado, la disposición que obliga a la alternancia por sexo entre la sindicatura y la vice-sindicatura no obliga a los partidos a garantizar el 33% para las mujeres en el caso específico de las sindicaturas, propiciando que los partidos releguen a las mujeres a las vice-sindicaturas. Las candidaturas al Senado de la República, no están reglamentadas, dejando a las mujeres desprotegidas por falta de medidas afirmativas que garanticen cuotas para ellas.
Desde la perspectiva socio-económica y cultural el informe del CEG-INTEC destaca como obstáculos prioritarios las barreras en el ámbito familiar-personal en términos de falta de apoyo familiar u oposición de la pareja. Pocos recursos económicos y dificultades de acceso a estos para sustentar candidaturas.
Igualmente, “la responsabilidad exclusiva de las mujeres del cuidado del hogar e hijos/as, que dificulta la conciliación entre roles reproductivo, laboral, la participación social y la militancia política. Los esquemas culturales estereotipados en relación con roles y capacidades de las mujeres”.
A pesar de las barreras las mujeres han logrado ir penetrando en los espacios de poder con la ayuda de mecanismos jurídicos internacionales que buscan favorecerlas en su desventajosa situación para competir con los varones.
El Informe de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada por CEPAL-Naciones Unidas en 2010, plantea “incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la formulación e implementación de políticas en todos los ámbitos del poder público”.
Considera importante además adoptar las medidas necesarias para asegurar la participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos.
La República Dominicana es compromisaria, de muchos de estos acuerdos internacionales. De hecho, desde mediados de la década de los 90s, se vienen realizando esfuerzos de adecuación del marco jurídico nacional para responder a la necesidad de apertura a la participación femenina.
En primer lugar, la Constitución de la República Dominicana (2010), en su artículo 39 que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.
Más específicamente en su numeral 5 de ese artículo indica sobre la importancia de que el Estado promueva y garantice “la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”.
Según explica el informe de CEG-INTEC, consistentemente con este mandato en el país se ha venido desarrollando desde 1997 un proceso de reformas al sistema jurídico electoral que ha incorporado medidas específicas con miras a ampliar la participación política de las mujeres.
“En 1997 se promulgó la nueva Ley Electoral (No.275-97), que sustituía la Ley 5884 del 1962, estableciendo una cuota mínima para las mujeres de 25% en los cargos electivos en la Cámara de Diputados y las Salas Capitulares. En el 2000 se promulgó la Ley 12-2000, que aumenta la cuota de candidaturas de mujeres a la Cámara de Diputados a 33% y la Ley 13-2000, que disponía la obligatoriedad de llevar una candidata mujer a la posición de Síndica o Vice-Síndica”.
Otras medidas que han ayudado a fomentar las posibilidades de acceso equitativo son el establecimiento de circunscripciones electorales (1997), el financiamiento público a los partidos políticos (1997), el establecimiento de nuevas circunscripciones en siete provincias del país y el voto preferencial mediante listas desbloqueadas para la elección de los/as Diputados/as (2002).
Sin embargo, según el informe de CEG-INTEC, esos logros han sido solo de naturaleza formal. “El marco jurídico electoral ha demostrado que continúa siendo restrictivo, y que persisten a lo interno del Estado, de los partidos, y en menor medida de sectores de la sociedad misma, resistencias ideológicas que retardan la consecución de la equidad en la participación femenina, así como otros obstáculos y limitaciones de naturaleza socioeconómicas y culturales que limitan la participación equitativa de las mujeres”.
En el Congreso Nacional, por ejemplo, desde el año 1995 el aumento porcentual de representación en la Cámara de Diputados/as ha sido sólo de 8 (12.5%-20.8% en 2010) y de 6 en el Senado (3.3%-9.4%) lo que indica la persistente sub-representación femenina.
El estudio de Fundación Clinton y Fundación Gates concluye que un análisis de la situación de las mujeres y las niñas durante los últimos 20 años revela que queda mucho por hacer para cumplir el objetivo establecido en 1995 de lograr la “plena participación, en condiciones de igualdad”. “No obstante, los datos también ponen de manifiesto avances extraordinarios en los últimos dos decenios, y nos demuestran que, con el compromiso, los recursos y la responsabilidad suficientes, el progreso es posible”, dice.
Paras las expertas locales, las apuestas necesarias deben apuntar en primer lugar a la adopción de una Ley de Partidos Políticos contentiva de regulaciones claras y efectivas de cara a la promoción de la participación política equitativa de las mujeres a lo interno de los partidos políticos.
Por igual, consideran importante que se realice una revisión de la actual Ley Electoral con miras a la incorporación de la paridad que contribuya a alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, la toma de decisiones y los mecanismos de participación y representación política.
