En el período 2011-2014 se registraron in situ en República Dominicana 29,892 víctimas de tránsito; de ellas, 3,509 peatones, significando que el 11.74% fue por atropellamiento.
Del total de víctimas generadas en el período indicado, la mayor cantidad de atropellos a peatones ocurrieron en calles, con un 31%, en tanto en carreteras se produce el 28%, seguido por los percances en avenidas con un 21%.
Partimos de estos números para dar una idea de la magnitud del problema que está ocasionando no tener políticas de seguridad vial sostenibles, e implementar políticas públicas deficientes en materia de movilidad humana.
De acuerdo al último censo poblacional, en el territorio nacional se suman alrededor de 10 millones de habitantes a la fecha.
Todos somos peatones, los que así no se consideran en algún momento del día, si lo son en el resto de la jornada y, por tanto, pasamos a ser parte del grupo de usuarios más vulnerables de las vías.
La desigualdad social no se refleja en el índice de motorización al decir que por cada 2.91 habitantes existe un vehículo, sino en la cantidad de motocicletas que circulan en la red viaria. El 53.1% del parque vehicular en el país es de este tipo de motorizado.
La diferencia también se nota en la calidad cuando, en conjunto, se desplazan en estado deplorable porque el 65.6% de las unidades tienen más de 15 Años de uso, sin leyes integrales que obliguen a una revisión técnica anual.
Por otro lado, bajo el criterio de que el 66% de nuestros pobladores no tiene vehículo, esta consideración resultaría falsa ya que existen personas con más de un vehículo, no cuantificado por nuestro sistema oficial de estadísticas.
Basado en las cifras anteriores, habría que pensar en la necesidad urgente del gobierno dominicano de producir intervenciones para la adopción de medidas que contribuyan a reducir el impacto de los atropellamientos.
En el 2013, organizaciones internacionales alarmadas por las estadísticas mundiales de peatones afectados por siniestros en su desplazamiento, publicaron el manual “La seguridad de los peatones: Manual de seguridad vial para los tomadores de decisiones y profesionales”, en el cual se promueve la adopción 6 medidas que combinen aspectos coercitivos, de ingeniería y educativos:
1.- La promulgación de nuevas leyes y la aplicación de la legislación vigente a fin de reducir el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso de teléfonos móviles y otros tipos de distracciones al volante.
2.- El desarrollo de infraestructuras para separar a los peatones del resto del tráfico (aceras, pasos elevados de peatones, pasos elevados y subterráneos, isletas y medianas elevadas), reducir la velocidad de los vehículos (badenes, bandas sonoras y “chicanes” o trazados sinuosos) y mejorar la iluminación de las vías públicas.
3.- La creación de zonas peatonales en los centros urbanos restringidas al acceso de vehículos.
4.- La mejora del diseño de las rutas de transporte público.
5.- La elaboración y aplicación de normas relativas al diseño de vehículos a fin de proteger a los peatones, como el diseño de partes frontales blandas;
6.- La organización y/o la mejora de los sistemas de atención traumatológica para que las personas con lesiones potencialmente mortales puedan ser atendidas rápidamente.
Se evidencia una falta de atención a las necesidades de los peatones, en especial, cuando el uso inapropiado de los espacios públicos los obligan a circular por la calzada, independientemente de que también las aceras están en malas condiciones, convirtiendose en un potencial peligro en tiempo de lluvia sin que intervenga un vehículo en marcha, y que por esta causa no se recogen en las estadísticas de siniestralidad, pese a ser de una forma de inseguridad en las vías.
Los peatones más afectados en siniestros viales en la República Dominicana, son las personas con más de 60 años de edad, seguido por los infantes y adolescentes entre 0 y 14 años con 18%, mientras que los jóvenes de 15 a 29 años se muestran con un 17%.
Los organismos no oficiales instan a que los gobiernos proporcionen instalaciones seguras, fiables y accesibles a todos los peatones, incluyendo a los discapacitados, para fomentar el desplazamiento a pie, que redundaría en el mejoramiento de la salud y del medio ambiente.
