Opinión

Como señalamos en nuestro pasado artículo, uno de los hechos más relevantes del proceso de modernización política e institucional reciente de la República, es la creación del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Como enfatizara el ministro Pelegrín Castillo en su Conferencia Magistral “Retos y perspectivas del Ministerio de Energía y Minas en la Republica Dominicana” en el marco del “Primer Seminario Nacional sobre el Sistema Eléctrico, Energías Renovables y Minería Metálica en República Dominicana”, celebrado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) “…tan trascedente resulta esa iniciativa que de su éxito -medido en términos de fortalecimiento institucional- dependerá en gran modo el futuro del proyecto nacional dominicano. En efecto, del conjunto de los complejos desafíos que enfrentamos como Nación, superar la grave vulnerabilidad energética y hacer mejor gestión de los recursos y espacios de la República, pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en casi todos los demás aspectos cruciales de la existencia nacional durante los próximos decenios”.

Al margen de lo dicho por el ministro, varias aristas de esta reforma institucional ponen en relieve la trascendencia de sus alcances.

En primer lugar, se trata de una reorganización a fondo del sector de energía y minas. Éste carecía de hecho de un órgano rector con la función de formular y administrar la política energética y de la minería metálica y no metálica nacional, en función de la política general del Gobierno.

En segundo lugar, el MEM gobierna y facilita la planificación y coordinación del sector energía y minas, en virtud de sus prerrogativas jerárquicas, el eficiente ejercicio del poder de tutela administrativa y supervigilancia, y también de supervisión y monitoreo que les corresponden.

En tercer lugar, lo anterior conduce a la gestión estratégica planificada, esto es, al alineamiento de los recursos presupuestarios con los objetivos de tal planificación, a la garantía del mayor grado de correlación entre plan, presupuesto y organización, a la optimización de los procesos administrativos y a la consolidación de un sistema de control de gestión en un ámbito técnico, económico y social (energía y minas) de inestimable relevancia para el futuro inmediato del país.

Por último, todo lo anterior permitiría la implantación de un modelo unificado eficaz de gestión de resultados, primero a nivel institucional y luego a nivel sectorial, no sólo en términos de formulación de indicadores y de instrumentos de seguimiento y evaluación, sino en relación a la viabilización de un nuevo modelo administrativo que suponga cambios importantes en los criterios de manejo de recursos y de la funcionalidad institucional. Este crucial aspecto está vinculado a la construcción de una nueva cultura pública, esfuerzo hace algunos años iniciado bajo el liderazgo del Ministerio de Administración Pública (MAP), en un sector decisivo para el desarrollo nacional.
Consecuentemente, el Ministerio de Energía y Minas está llamado a: a) elevar la gestión estratégica de los sectores bajo su rectoría; b) asegurar una representación y defensa optima delos intereses estatales y públicos en su relación con las grandes empresas del país y del mundo con inversiones en ambos sectores; c) incrementar su capacidad de arbitraje ante los movimientos sociales, medioambientales y comunitarios; d) fortalecer progresivamente su capacidad de regulación y fiscalización efectiva conforme a estándares internacionales, y e) interpretar y ejecutar, creativa y proactivamente, la nueva agenda de desarrollo nacional, acertadamente esbozada en cuanto a sus principales lineamientos por el presidente Medina en el discurso inaugural de toma de posesión.
La Visión: Seguridad Energética Integral

En este contexto, la visión del MEM no puede ser más retadora: “ser un referente nacional e internacional de alta calificación y credibilidad en los sectores de energía y minas, promoviendo su seguridad, eficiencia y desarrollo sostenible, responsable y transparente”. Para alcanzarla ha iniciado una intensa labor de formulación, ejecución y administración de políticas públicas puntuales en las áreas de su competencia, las cuales se enmarcan deliberadamente en tres dimensiones estratégicas, cada uno con sus respectivos objetivos, planes, programas, proyectos e iniciativas conexas.

Estas dimensiones o ejes son: a) Fortalecimiento Institucional y Gestión de la Calidad, b) Seguridad y Sostenibilidad Energética, y c) Gestión de los Recursos Mineros.

Eje 1: Fortalecimiento Institucional

El MEM actúa, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 41-08, en varias vertientes del desarrollo institucional, a saber:

Elaboración e implementación de la estructura organizativa y de las estructuras funcionales de las unidades institucionales aprobadas.

Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Elaboración del Manual de Organización y Funciones.

Elaboración del Manual Cargos.

Formulación de las políticas y definición y documentación de los procesos y procedimientos.

Elaboración e implementación del Plan de Capacitación de conformidad con los objetivos y actividades del PEI.

Cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

Adopción del Marco Común de Evaluación (CAF) y dominio del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).

Lograr la aprobación e implementación de la Evaluación del Desempeño Institucional (EDI).

Promover la mejora en la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía bajo la forma de productos específicos derivados de los objetivos estratégicos.

Fortalecer los Instrumentos de Apoyo a la Gestión, mediante su sistematización a fin de optimizar el desarrollo institucional.

Diseñar, difundir y reforzar la imagen institucional y apoyar sistemáticamente las distintas políticas y actividades de la institución.

Implementar y certificar el sistema de gestión de la calidad y de buenas prácticas institucionales.

Consolidar y ganar el reconocimiento de los mecanismos de acceso a la información generada por el MEM.

Incentivar la cooperación, las relaciones internacionales y las alianzas estratégicas con organismos de cooperación, agencias especializadas y gobiernos que contribuyan al éxito del Plan Estratégico Institucional
Ejercer su función rectora mediante el uso y aprovechamiento intensivo de las TICs.

Gestionar eficientemente los procesos institucionales mediante la incorporación de tecnologías informáticas.

Organizar actividades de socialización de los distintos componentes del desarrollo organizacional.

Organizar talleres sobre cultura organizacional y de calidad

El MEM, como parte de su marco conceptual, entiende el Desarrollo Institucional como un proceso planificado de cambio dinámico y permanente tendente a consolidar su desarrollo, adecuándolo al entorno complejo en el que actúa, de forma que le permita alcanzar sus objetivos estratégicos en los plazos previstos. Como se verá en una próxima entrega, desde el mismo momento de la promulgación de la Ley 100-13, el MEM, con el activo concurso de las unidades institucionales ya aprobadas, ha iniciado y, en algunos casos, alcanzado en apenas nueve meses de funcionamiento, algunos de los objetivos de desarrollo institucional antes señalados.

Eje 2: Seguridad y Sostenibilidad Energética

El MEM visualiza como su objetivo estratégico superior la formulación y ejecución gradual pero firme de un Programa de Seguridad Energética Integral, audaz e integrador, que tenga como fin superior reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles importados, si es que no logramos alcanzar la autosuficiencia energética. Con un horizonte incierto en el suministro y precios de hidrocarburos, en un contexto de tensiones globales y regionales y de cambio climático, asegurar este objetivo es en realidad apremiante.

A tales fines, la ruta trazada sugiere tres direcciones interrelacionadas y complementarias, a saber:

Explorar la existencia de hidrocarburos en tierra y mar, como si el país no tuviera fuentes renovables de energías.
Desarrollar el enorme potencial de estas –sobre el cual no hay dudas de su apreciable magnitud- como si se hubiera descartado tener petróleo y gas.

Implantar una política de eficiencia energética y ahorro de recursos, como si se careciera de ambas opciones, con la conciencia de que implicará un cambio cultural para dejar atrás el despilfarro y la irracionalidad de nuestro actual patrón de consumo.

En cualquier dirección:

Avanzar en la construcción de infraestructuras clave – terminales, tanques de almacenamiento, refinerías, gasoductos, y trasporte marítimo – que den sustento y consistencia a una política de combustibles que eleve los niveles de seguridad energética, que ahora son simplemente críticos.

Adoptar, adaptar y aplicar un marco regulatorio de primera, tomando como referencia estándares internacionales y buenas prácticas certificables respecto a todas las infraestructuras energéticas que son autorizadas como un servicio público esencial, y que por tanto, deben garantizar niveles de eficiencia, seguridad y acceso a terceros.

Promover un cambio sustancial en la distribución geográfica de las infraestructuras, que revierta la tendencia a su concentración -peligrosa y contraindicada- en la línea de costa comprendida entre San Pedro de Macorís y la Bahía de Ocoa.

Aprovechar la posición central que tiene la República en el hemisferio, en la medida en que alianzas y jugadores estratégicos la quieran aprovechar y los balances geopolíticos lo permitan.

Avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad del subsector eléctrico, al través del reforzamiento del rol regulador y fiscalizador del Estado, que siempre deberá ser actor decisivo en asegurar un servicio accesible, eficiente, continuo y seguro. Solo un pacto realizado con desprendimiento y visión trascendente asegurará soluciones integrales, duraderas y beneficiosas para la Nación.

Profundizar el cambio de la matriz energética promoviendo mayor generación de base a partir del carbón, gas natural y fuentes de energía renovable y/o alternativa.

Eje 3: Gestión de los Recursos Mineros

La minería constituye sin discusión uno de los pilares más firmes de la economía dominicana. Los índices de inversión extranjera directa, las exportaciones, el crédito de la República y su crecimiento económico de los últimos años, han tenido un impacto notable por los aportes de esta compleja y arriesgada actividad, intensiva en capital y tecnología, y sometida siempre a riesgos importantes, incluido el riesgo de la incomprensión y la maledicencia.

Si los aportes de la minería a la estabilidad y al crecimiento en el presente son notables, considerando los recursos que poseemos, lo seguirán siendo más en el futuro si se adoptan las decisiones estratégicas correctas y se hace lo que corresponde hacer. Como lo ha reiterado en varias ocasiones el ministro Pelegrín Castillo, “…puede sostenerse en forma categórica que resulta impensable el desarrollo dominicano sin una gestión y aprovechamiento racional de nuestros recursos no renovables, de minería metálica y no metálica, en forma armónica con la preservación y potenciación de nuestros recursos renovables y sobre todo, con una promoción sostenida de nuestro principal recurso que son los dominicanos mismos. En consecuencia, para la consecución de este gran objetivo estratégico supremo, tanto o más importante que contar con los recursos, es saber qué hacer con ellos”.

Como se trata siempre de cargar el dado a las actividades mineras por sus consabidos impactos medioambientales nocivos en condiciones de explotación irresponsable, el ministro Castillo es enfático cuando señala que “…no es sensata ni sostenible la idea de que República Dominicana puede cimentar su desarrollo, renunciando a la explotación de sus recursos no renovables en los espacios de una isla superpoblada, con una densidad poblacional promedio de 230 habitantes por kilómetros cuadrados. Una isla donde, como sostiene la Fundación de Seguridad y Sostenibilidad Medioambiental (FESS) de los Estados Unidos, en su informe del 2005, existen dinámicas externas e internas, que pueden impactar los ecosistemas frágiles en un contexto de cambio climático. Estas dinámicas desestabilizadoras poco tienen que ver con las explotaciones mineras, y en cambio están más relacionadas a la debilidad institucional y los niveles de pobreza, exclusión y marginalidad social”.

Es evidente que en el futuro no hay espacio para los esquemas tradicionales de la minería. En cambio, la minería tendrá un gran futuro en la medida en que las autoridades sean capaces de actuar con visión estratégica, avanzada, integral, para superar las líneas de lo tradicional. En el Ministerio de Energía y Minas se ordenó al Servicio Geológico Nacional iniciar con investigadores del Instituto Minero Español la primera acción orientada a identificar la existencia de posibles depósitos de Tierras Raras en el territorio nacional que constituyen uno de los nuevos umbrales de la minería en el mundo.

La gestión estratégica del sector obliga también a monitorear en forma atenta todos los procesos mineros que se desarrollan en el mundo así como el comportamiento de los mercados globales de la energía y la minería con sus fluctuaciones, ciclos y volatilidades.

“La minería tendrá un gran futuro-apunta e ministro Castillo- en la medida en que se defina con sentido previsor en que objetivos de alta rentabilidad social y nacional deben invertirse los ingresos que en las próximas décadas generaran las actividades extractivas, incluyendo la eventual explotación de yacimientos hidrocarburiferos. Este es un tema crucial: las actividades extractivas se legitiman socialmente si los ingresos generados por las mismas son aplicados adecuadamente a favor de las grandes mayorías de la Nación, y se deslegitiman si por el contrario cuando los mismos son malbaratados en objetivos irrelevantes, sin efectos multiplicadores, o en proyectos que solo generen renta para minorías privilegiadas a través de relaciones poco transparentes o corruptas”.

Más allá de los consabidos fundamentos jurídicos e institucionales, el MEM considera de alta prioridad nacional, reformular la política minera de la República, después de un necesario e impostergable proceso de consulta multisectorial, que logre vencer y superar las reservas y posiciones críticas que frente a la minería muestran sectores sociales diversos, y que tiene hondas raíces históricas en experiencias de minería de enclave, irresponsable, carente de compromiso social, que deben ser parte de un pasado que no puede repetirse.
Objetivos impostergables como mejorar la Seguridad, la Educación, el Medio Ambiente y las condiciones de vida de los dominicanos, están de hecho en función de que las dos áreas que son de la competencia del MEM, Energía y Minería, desarrollen sus potencialidades a partir de una rectoría eficiente y transparente del Sector Público, orientada a resultados, con mucha conciencia de la necesidad de explotar los recursos disponibles bajo las exigencias inevitables de integración e inclusión, no solamente social, sino regional, para mantener la cohesión territorial y social, según manda la Constitución.