Opinión

Como se sabe, la mejor forma de organizar un Estado, es mediante la existencia de una carta sustantiva, a la cual se le ha denominado Constitución desde las primeras décadas del siglo XVIII, cuyo estudio descansa en el derecho constitucional, cuyo enfoque se orientaba desde la óptica política y no jurídica, como es el enfoque moderno de las democracias vigentes. En adición, se trata del estudio de la creación, modificación de la Constitución y las normas que han de regir la vida política e institucional sobre el cual ha de funcionar un Estado.

Establecido esto, la interrogante es ¿qué relación existe entre la economía y los asuntos constitucionales? En realidad, si analizamos el campo de estudio de la economía nada tiene que ver con la organización del Estado, por tanto, a simple vista parecerían dos áreas disímiles del saber, sin embargo, cuando nos adentramos al pensamiento económico como fuente de entender los enfoque sustantivos de la economía y las diferentes escuela de la doctrina económica, nos encontramos con la relación vinculante que existe entre la influencia que en el funcionamiento de la economía ejerce el esquema político y jurídico de un Estado, en particular lo que son los impuestos como fuente financiera inherente de éste y la seguridad jurídica de la existencia de las empresas privadas como motor dinámico.

Pero ya en pleno siglo XX, los estados modernos estaban diseñados para funcionar sobre el desarrollo de un sistema económico, derivado de los efectos que producía el fortalecimiento de las instituciones de cada Estado. Por igual, han sido objeto de estudios múltiples herramientas de la microeconomía, en particular la oferta y la demanda, así como la teoría de los juegos, cuyas aplicaciones han servido para estudiar diferentes aspectos del funcionamiento de las normas e instituciones jurídicas que se establecen en las constituciones, adquiriendo así jerarquía constitucional, tal como lo es la emisión de billetes por parte de un banco central.

Es así como desde una perspectiva, el derecho constitucional y la economía logran compartir un área de estudio de gran importancia para ambas disciplinas, al tiempo de que cualquier debilidad institucional o violación a los preceptos de las normas de la carta sustantiva tienen grandes repercusiones negativas en el funcionamiento de la economía de consecuencias impredecibles, y en eso la relevancia adquirida por el capital financiero internacional y la inversión extranjera directa se convierten en dos pruebas irrefutables.

El derecho constitucional abarca dos ámbitos de estudios que resultan de alto interés para la economía, como son lo relativo a las normas que determinan la organización del Estado y rigen sus funciones, y las normas que dictan los derechos y las garantías de los ciudadanos, pues en ambos casos entran en juego las finanzas públicas y las políticas públicas que diseñe y ejecute un Estado en el marco de su política económica, lo cual se convierte en un interés primario en las aspiraciones de los ciudadanos y los resultados macroeconómicos de manera general.

Es importante resaltar que el constitucionalismo es fruto de un proceso que abarca desde las epopeyas históricas, la intervención del pensamiento político, jurídico, económico, filosófico y religioso y los cambios culturales durante varios siglos. Es en este marco que los asuntos constitucionales han conducido a la construcción de lo que se ha denominado constitucionalismo liberal clásico, que es donde se logró establecer que la Constitución se convirtiera en el instrumento efectivo para restringir y controlar el ejercicio del poder, para incorporar los derechos y libertades de los ciudadanos, por igual, el constitucionalismo democrático el cual surge de los grandes cambios que impulsó la revolución industrial, siendo relevante el funcionamiento de la economía, en el cual se incorpora la participación de los trabajadores en el poder político, así como la ampliación de derechos y del sufragio, el cual impulsó la creación de los partidos políticos como expresión genuina de los intereses de los diferentes sectores sociales, y por último, está la aparición del constitucionalismo social del Estado con un alto componente ideológico en cuyos postulados básicos, que se sustentan, es que el Estado ha de establecer ciertas garantías sociales, donde hasta los poderes del Estado han de tener ciertas limitaciones.

En una sociedad organizada, las principales reglas del juego en un Estado son las que están consagradas en la Constitución y la forma de respetarlas van a influir en las presentes y futuras generaciones, así como en la institucionalidad, la estabilidad política y económica, ya que la misma contiene las normas jurídicas que rigen la convivencia de los ciudadanos, las que organizan el poder político estatal y el bienestar económico. Es tal la situación que despierta en la economía el interés por analizar el costo económico y político inherente a toda reforma constitucional, el cual es complejo y traumático, siempre y cuando no se incorporen conquistas ni derechos sociales a los sectores más vulnerables.