Como dicen los que saben, cada crisis trae consigo una oportunidad. Ahora con el estancamiento en que ha devenido la segunda fase del proceso de regularización de extranjeros, se impone que apliquemos una solución netamente nacional: Regularizarlo todo.
Con esta acción masificada a todas las actividades sociales y económicas; educativas y hospitalarias, no hay manera que se entrometan con nuestras leyes, y por ende con nuestra soberanía.
Solo tenemos que comenzar rescatando las disposiciones jurídicas que norman la vida institucional y en un Pacto Nacional con empresarios, autoridades, partidos políticos… crear los mecanismos para que lo que se acuerde y se viole, que les caigan las sanciones y no haya impunidad.
Lo primero que debe hacer el Gobierno es ponerse en alerta y aplicar las condicionalidades establecidas para dar exenciones de impuestos y no entregar subsidios aquellos sectores que no se ajusten al proceso consensuado para rescatar la Ley y retornar al orden social.
Por ejemplo, con este acuerdo el sector agropecuario no podrá beneficiarse de impuesto cero, como el ITBIS, así como de financiamientos subsidiados y de los programas de apoyo a la producción que se realizan con los dineros de los contribuyentes, sino cumple con la disposición que ordena que todo el que trabaje debe tener seguro social.
En la construcción, aplicar gradualmente el código laboral como se ha sugerido, pero no se puede permitir que un obrero que se accidente pueda ser tirado en los hospitales públicos, y el dueño de la obra siga como sin nada. Lo mismo aplica para el turismo y todos los servicios y actividades económicas.
Las alcaldías y distritos municipales, grandes o pequeños, con este pacto no podrán continuar tan campante, mientras las calles se llenan de negocios informales y se construye hasta en las aceras de las ciudades. A estas municipalidades sino cumplen con el programa, se le recorta la subvención.
Cómo es posible que los organismos de protección a la infancia, niños y adolescentes permitan que los menores sean los principales oferentes de cuantas cosas se venden en las calles y avenidas, y a nadie le preocupe ni se den por enterado.
Para cambiar esta conducta hay que rescatar el brazo de la Ley, porque además de regularizar extranjeros, hay que aplicar sin contemplaciones las sanciones establecidas para cada sector e institución.
Entonces, con un sancionado Pacto Nacional no tenemos que explicarles a la OEA, a la ONU, a Amnistía Internacional. No tenemos que negociar soberanía con vecinos u organismos internacionales, porque de lo que se trata es hacer lo que se hace en un país organizado.
Porque, ¿Dónde la gente viola la ley de impuestos y no hay presos? ¿Dónde se permite que miles y miles de personas trabajen sin seguridad social? ¿Dónde se permite que lleguen heridos y lesionados a los hospitales y no se inicia una investigación?, y ¿Dónde se permite que empresas sean condenadas en tribunales laborales y no se les da seguimiento?
Y ni hablar de las municipalidades. ¿Dónde se consiente que la gente, extranjeros o nacionales, invada las calles, las plazas públicas y los mercados, sin un formulario que certifique que tiene permiso para operar?
Los dominicanos hemos aprendido de varias crisis el valor de la concertación. Gracias a Dios que de la electoral de 1994 surgió la modernización del sistema de Registro Civil y hoy la ciudadanía pueda obtener de manera segura su acta de nacimiento, y los partidos políticos tienen a tiempo su patrón de electorales completamente depurado; contamos con un novedoso sistema de votación y la Junta Central Electoral ha sido referente en varias elecciones de otras naciones y sus autoridades reconocidas por su labor.
Esto demuestra que cuando nos ponemos las pilas y empujamos la carreta nacional todos al mismo tiempo y para un solo lado, en vez de bochornos, acusaciones y de inoportunas visitas de comisiones extranjeras, el país recibe las mejores felicitaciones sin poner en tela de juicio la soberanía nacional.
