Algunas opiniones, han querido satanizar la creación de un órgano rector de la seguridad vial, alegando que sería una institución más que se agregaría al sistema administrativo gubernamental.
Interpretan que la nueva entidad se sumaría a las existentes, relacionadas con el tránsito, y que en conclusión a todas luces sería igualmente inoperante.
La verdad es que con tantas confusiones y falta de información del tema podría ser lógico pensar en una estructura adicional como una carga más para el Estado.
Pero de lo que se trata realmente, es de la urgente necesidad de abordar un tema crucial para la nación, al que nunca en República Dominicana se le ha puesto atención.
Este hecho impacta no solo a las víctimas, sino también a las familias afectadas por la pérdida de un ser querido. Golpea fuertemente la economía, el medioambiente y los planes de desarrollo nacional sostenibles en carpeta.
La República Dominicana en su historia no ha tenido nunca una ley integral de seguridad vial ni mucho menos un plan estratégico.
Jamás, por tanto, ha tenido en su administración una oficina que trace y se ocupe exclusivamente de las políticas públicas referidas a este tema, fundamentadas en la investigación y el análisis científico.
Tenemos una población creciente que ronda los diez millones de habitantes, un campo vehicular también con la misma tendencia de desarrollo cuantitativo de más de 3 millones 400 mil unidades en desmedro de su calidad y antigüedad, y una red viaria cercana a los 20 mil kilómetros de longitud.
En medio de esta selva de concreto urbano e interurbano y máquinas a loco transitar, usuarios en general que exhiben un comportamiento indeseable para la convivencia pacífica, no es para menos que las estadísticas arrojen indicadores catastróficos, números inconcebibles e inaceptables a la naturaleza humana.
Al panorama anterior habría que agregar las consecuencias de no tener reglas claras y normas que se respeten en las actividades de movilidad, tránsito y transporte terrestre.
Alta vulnerabilidad en absolutamente todos los factores de riesgo que puedan existir en la conducción, incluyendo el sistema de autoridad, desde los que producen las normativas, control, vigilancia y fiscalización hasta de los que producen las iniciativas legislativas que rijan el sector de seguridad vial y los órganos sancionadores a los violadores de las leyes, agravan la situación.
Una institución de seguridad en la circulación tendría por misión principal disminuir la tasa de siniestralidad derivada de los incidentes de tránsito mediante la planificación, coordinación y financiación de los planes y medidas efectivas.
Seria un organismo con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, gerencial y técnica. Con jurisdicción nacional. Con liderazgo. Y que con criterio integrador cree un eficiente, eficaz y transparente sistema de gestión interinstitucional.
Tendría autoridad administrativa para diseñar, someter y ejecutar las políticas públicas relativas a la seguridad vial de la República Dominicana. Centrarse al objetivo de atenuar los factores de riesgo que predominan en el sistema viario nacional que afectan la vida, la salud y las propiedades de los usuarios de las vías y de las comunidades circundantes de estas.
Y la Responsabilidad de elaborar programas a corto, mediano y largo plazo para la prevención de siniestros viales que coadyuve a preservar la vida, la salud y los bienes de los usuarios de las vías públicas en armonía con el desplazamiento de las personas en el marco de un plan nacional de la mano con el desarrollo sostenible de la República Dominicana.
Con capacidad de evaluar toda decisión relativa a políticas públicas para considerar sus impactos potenciales sobre la materia,
Este órgano rector de la seguridad vial debe crearse bajo el criterio de ser un ente autónomo y autárquico. Con liderazgo.
