Saludamos con beneplácito la iniciativa política de arribar al Acuerdo de Gobierno de Unidad Nacional entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, recién firmado por el Presidente Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado.
Ello se fundamenta en un pacto programático que señalaría “el comienzo de la estabilidad y el progreso en alta velocidad”, según las propias palabras del Mandatario, por lo que representa una formidable oportunidad de integrar la seguridad vial en el convenio.
Ha de pensarse que el tema de la inseguridad del tránsito no haya sido contemplado en estos momentos, sin embargo, aún hay tiempo para discutir la repercusión que el mismo tiene en la economía nacional, su impacto negativo en el medio ambiente, el alto nivel de desasosiego en las familias dominicanas y su elevado costo social y político.
El fenómeno de la inseguridad en el tránsito conlleva a crear nuevas políticas públicas apoyadas por los partidos para convertirla en tema de Estado, y la posibilidad de incluirla en la Estrategia Nacional de Desarrollo mediante una modificación a la Ley No. 1-12.
Los alarmantes indicadores de siniestralidad viaria de la República Dominicana, que sitúan al país entre los más peligrosos del mundo, nos mueve a profunda reflexión de un tema tan critico y crucial como lo es la Seguridad Vial.
Sabemos que en el orden laboral, a propósito de la competitividad y productividad de que tanto se habla hoy día, dichos indicadores inciden desfavorablemente sobre las intenciones de alcanzar estabilidad y progreso, cuando el 40% de los accidentes laborales son de desplazamiento humano en las vías públicas.
La gran responsabilidad de los partidos políticos es la de proporcionar bienestar a los ciudadanos a través de sus agendas. Este es, precisamente, un tiempo pertinente para abordar el flagelo de la inseguridad vial.
