Alberto Quezada
El Sistema de Salud Pública de la República Domincana en los últimos 15 años ha registrado avances importantes en lo que tiene que ver con su legislación e infraestructura física.
Tenemos leyes, normas, reglamentos y espacios hospitalarios que a los ojos de todos, propios y extraños; nos colocacan como una de las naciones que nada tiene que envidiarle a cualquier país del primer mundo.
Pero, hay que preguntarse, de que vale tener todo eso, que es indispensable para el avance y desarrollo de un pueblo, cuando los llamados a conducir y gestionar los mandatos de esas legislaciones y normativas no encuentran camino para su aplicación afectiva.
Da vergüenza observar que en pleno siglo XXI la comunidad médica, las autoridades de salud dominicana y otros actores que intervienen en el sistema no hayan sido capaces de articular y poner en marcha una estrategia de prevención de enfermedades infectocontagiosas sostenible que impida que cada año mueran por dengue, malaria, leptospirosis, cólera centenares de dominicanos y dominicanas.
Y que no vengan que es un asunto de presupuesto, porque se conoce de países con más precariedades y limitaciones económicas que la República Dominicana, el caso Cuba, por ejemplo, que registran indicadores de incidencia y mortalidad muy inferiores.
Es inaceptable que niños y envejecientes de estratos humildes, fundamentalmente, estén muriendo en los hospitales y clínicas de nuestro país y los responsables de prevenir y mitigar esas enfermedades cada año lo reduzcan a un simple enunciado de que el personal médico no está aplicando el protocolo del manejo de manera correcta. Eso no puede ser.
En esos centros de salud hay que establecer de una vez y por todas un régimen de consecuencias sin contemplaciones, que parece que no existe. Si un director de un hospital, jefe de servicio, medico u enfermera se determinó que actuó con negligencia y desconocimiento que se le sancione, no importa si pertenece al partido gobernante.
Hago este relato porque no quiero ser testigo en lo que me quede de existencia de otro acto indignante de desprecio y negligencia como el que presencie hace unos días en un centro sanitario público con una dominicana de 75 años que falleció a causa del dengue.
Actos como esos, que se repiten cada año ante los ojos de todos en el territorio nacional deben desapacer definitivamente de los hospitales de nuestro país. No podemos seguir así, las autoridades sanitarias y los actores que intervienen en el sistema tienen que abocarse acelerar el paso para procurar lo más pronto posible dar el salto definitivo hacia la humanización y eficiencia de los servicios de salud en todo el territorio nacional.