Julio César Santana
Nos acercamos a pasos firmes al magno acto de celebración del quinto certamen electoral del Siglo XXI (2000, 2004, 2008, 2012 y 2016) y todos estamos atentos a las promesas electorales que puedan calificarse de serias en función de la realidad nacional y expectativas ciudadanas. Lo que es más importante, estamos analizando con objetividad los hechos detrás de las promesas, tratando de descubrir las demostraciones comprobables de fidelidad y respeto, de parte de los candidatos participantes, al interés nacional y al ordenamiento jurídico que orienta y pone límites a nuestro comportamiento social.
Una sana expresión de sensibilidad humana y social, y también de elevada conciencia ciudadana, es la actitud pública de defensa de los recursos naturales no renovables. No desde posiciones fundamentalistas, sino abogando para que los recursos naturales, cuando no están dentro de las demarcaciones de las llamadas zonas protegidas, sean efectivamente aprovechados de manera integral, responsable y sostenible, protegiendo y manteniendo los elementos significativos de la biodiversidad, así como los propios recursos y sus componentes culturales asociados.
Como en casi todos los países de la región, la República Dominicana cuenta con un valiosísimo dispositivo legal, la conocida Ley Sectorial de Áreas Protegidas (Ley 202-04), promulgada dieciséis días antes (30 de julio de 2004) de que Hipólito Mejía, hoy compañero inseparable y mentor del candidato Abinader, dejara obligadamente las riendas del caballo desbocado que era su Gobierno en esos momentos: una administración que corría, precipitada y alocadamente, sin racionalidad económica alguna, hacia el insondable precipicio al que conducen el egoísmo, la falta de conocimientos firmes, la cultura clientelar más dañina y las malas compañías.
A veces a los mentirosos se les olvidan los contextos en los que actúan, lo cual, cuando son candidatos a la Presidencia de la República, llega a tener la mayoría de las veces consecuencias muy graves. También menosprecian con frecuencia el hecho de que una persona de cierta connotación pública coyuntural o de relativo carácter permanente, debe cuidar en todo momento sus palabras y sus actuaciones, sencillamente porque todo queda irremisiblemente registrado en los formidables medios digitales modernos de comunicación, incluidos todos los tipos de redes sociales existentes, que ya sabemos están a disposición de cualquier mortal interesado.
Por ello, la frase del famoso estadista, burócrata, político y prosista alemán, Otto von Bismarck, considerado por muchos como el genuino fundador del Estado alemán moderno, debe ser reformulada en el sentido de que “un político profesional debe tener sumo cuidado al mentir o engañar en los momentos previos a las elecciones con promesas que piensa que el lector quiere oír pero que él mismo entiende que son imposibles de cumplir”. Más aun, cuando tales promesas tienen la dura condicionalidad de los intereses pecuniarios personales.
Veamos. En momentos en que los grupos ambientalistas se congregaban en las calles de las ciudades, pernoctaban en los senderos de Loma Miranda y levantaban tiendas de campaña en las faldas de las lomas, Luis Abinader, más de una vez, tratando de capitalizar políticamente esa noble jornada en defensa de la naturaleza, expresó su apoyo a la demanda de que esa convergencia de varias zonas de vida, no fuera tocada por el capital privado, como única forma de evitar el aniquilamiento de su alegada vitalidad trascendente e importancia ecosistémica.
En el mismo corazón de Loma Miranda pronunció unas palabras que, si bien en ese momento podían definirlo como un insuperable centinela del medio ambiente y sus recursos, hoy tienen el gran mérito de poner en claro relieve la calidad del hombre que es, el prototipo de político que representa y la falsedad altamente dañina que encierran sus poses públicas. Vale la pena repetir lo que dijo en esos meses de enardecidos reclamos en torno a Loma Miranda: soy parte de la comunidad de dominicanos que han asumido “…el compromiso de defender nuestros recursos naturales por encima de los intereses particulares.”
Expresó, además, que “hoy, cuando la historia le ha puesto de frente una prueba tan importante como la de Loma Miranda, el Presidente se ha quemado, pues en vez de mostrar determinación y firmeza, desconoció la voluntad mayoritaria de un pueblo que ha convertido a Loma Miranda en bandera y corazón”.
La diferencia es que la posición del Presidente, expresada brillantemente en una carta enviada al Senado de la República a principios de septiembre de 2014, es hoy exactamente la misma y está fundamentada en claros preceptos constitucionales, no en su desconocimiento o irrespeto malévolo. Por el contrario, la posición de Abinader, que a todos nos pareció una innegociable postura de principios, tuvo una vigencia de apenas unos cuantos meses. En realidad, lo que se demostró posteriormente fue que lo que era innegociable para el señor Abinader no era de ningún modo Loma Miranda, sino el resguardo de sus intereses corporativos, por cierto, de una manera inusual en un candidato a la Presidencia: desafiando el mandato de la ley apoyándose, entre otras cosas, en su notoriedad pública y poder relativo.
Las citadas palabras pronunciadas por Abinader en aquella memorable ocasión, seguramente, llegaron muy hondo en los corazones de los representantes de los grupos ambientalistas que le acompañaban, los cuales, a todas luces, buscaban descubrir algún atisbo de solidaridad real y sincera entre los candidatos en ciernes a la presidencia.
Pero esa imagen del hombre que miraba al medio ambiente con la pretendida sensibilidad del político preocupado, del ciudadano alerta, del padre de familia que piensa en el futuro de su descendencia y del ente social comprometido con la salvaguarda de los bienes colectivos, se hizo añicos en el mismo instante en que fueron tocados, como se ha dicho, los intereses corporativos de su familia y los suyos propios. En menos de un año olvidó a Loma Miranda y pasó por alto, de manera muy torpe, el grave perjuicio político que podía derivarse de tal olvido.
Lo que sucedió después está contado con muchos detalles en la prensa escrita y digital de los dos últimos meses de 2015. También, de manera contundente, enérgica y valiente, en las notas de prensa emitidas por el Ministerio de Energía y Minas del país (MEMRD). Pido su autorización, amables lectores, para solamente recordar los aspectos más relevantes de la historia de un candidato decididamente simulador y patrañero.
La empresa de Cementos Santo Domingo, perteneciente al llamado Grupo ABICOR, propiedad de la familia Abinader, fue fundada en el año 1999. En 2004 se fusionó con la empresa española Cementos La Unión, localizándose en Hatillo, en el kilómetro 31 de la carretera Baní-Azua. Esta unidad productiva ha extraído, sin autorización oficial alguna, piedra caliza y yeso durante dieciséis años; estos son minerales no metálicos cuya supervisión y control están dentro del ámbito de competencias del MEMRD. Fue esta la empresa que en julio de 2015 solicitó al MEMRD, en su calidad de persona jurídica, una concesión para la explotación de piedra caliza y otros materiales no metálicos, los cuales resultan ser insumos imprescindibles para el proceso de producción de cemento Portland tipo I.
Una “concesión de explotación” significa, de acuerdo con el espíritu de la ley, la autorización para preparar y extraer substancias minerales de los yacimientos para su aprovechamiento económico (Ley Minera No, 146-71). Como procede, a la solicitud siguieron las averiguaciones de lugar porque una institución seria no otorga un título de concesión de explotación sin establecer la validez de la documentación presentada, sin realizar las consultas técnicas y jurídicas pertinentes, y establecer, sobretodo, que el otorgamiento de tal beneficio no está impedido por las disposiciones legales vigentes.
El primer gran descubrimiento fue la recepción por el MEMRD de una certificación expedida a solicitud suya de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyos términos esenciales se pueden resumir el siguiente párrafo: de los 59.80 km² del área de la solicitud de concesión de explotación denominada HATILLO, “…aproximadamente el 92.78% del área se encuentra dentro de los límites de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, incluyendo el Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó, establecido mediante Decreto 571-09, y zona de amortiguamiento; así como, la Reserva Forestal Hatillo, establecida mediante la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04, tal como se muestra en el mapa anexo”.
Partiendo de este sólido hallazgo, el MEMRD emitió la Resolución 00022-2015, desaprobando, como correspondía, la referida solicitud de concesión de explotación tramitada por la empresa del candidato. Obviamente, esta correcta decisión dio lugar a una serie de airadas y emotivas intervenciones del señor Abinader, el otrora defensor de Loma Miranda, en las que defendía sus derechos de obtener piedra caliza y otros materiales de un área protegida; protegida no por la noble intención de grupos ambientalistas, como es el caso de Loma Miranda, sino por normas jurídicas que él mismo se ha cansado de repetir que observaría celosamente desde los mismos inicios de su ilusoria administración gubernamental 2016-2020, que augura será el cuatrienio dorado de la sociedad dominicana.
Aferrado a las ramas, el candidato planteó entonces a través de sus representantes, que existía una resolución “histórica” que otorgaba el derecho de explotación de rocas calizas a las sociedades Michel Philipe Lulo Collado, ABCO o Cemento Santo Domingo (lo que no entendemos es por qué entonces había solicitado formalmente una al MEMRD).
Una ex ministra del mismo grupo político, que carga con una buena parte de la responsabilidad del fracaso de grandes dimensiones del primer ensayo de administración política del PRM viejo (el nuevo sigue siendo viejo), salió en defensa de los intereses corporativos del candidato, afirmando que había tramitado una licencia durante su paso por el MIC… ¡cuando no era ministra de industria y comercio en ese momento (1999)!
El ministro en funciones de Medio Ambiente le salió al frente a la señora Sonia Guzmán, desmintiéndola categóricamente: “Desmiento a Sonia; Sonia le pidió a Hipólito (el ex presidente Hipólito Mejía) que le concediera la concesión de explotación minera a la compañía Cemento Santo Domingo e Hipólito no se la concedió. Luego se la solicitaron nuevamente al presidente Leonel Fernández y no se la concedió, esta es la tercera vez que solicitan y ahora no se la han concedido, o sea, no se la van a conceder porque está dentro de un área protegida y eso viola la ley”.
Para confirmar la veracidad de las palabras del ministro de Medio Ambiente, el MEMRD solicitó al MIC corroborar o negar la existencia de tal resolución, la cual debía de conservarse en los archivos de la institución. De existir, ella otorgaría el derecho de explotación sobre una extensión superficial aproximada de 6.2 mil hectáreas mineras, en los municipios de Estebanía y Las Charcas, provincia de Azua, a favor de la empresa del Grupo ABICOR, propiedad del candidato y su familia.
Para decepción del candidato, tan categórica fue la Consultoría Jurídica del MIC como lo fue la intervención del Ministerio de Medio Ambiente: “Yo, licenciado Israel González Ortiz, en mi calidad de Consultor Jurídico del Ministerio de Industria y Comercio, certifico que en los archivos mineros correspondientes a esta Consultoría, no tenemos evidencia de que el Ministerio de Industria y Comercio haya dictado una resolución otorgando alguna concesión para la explotación de rocas calizas denominada “Hatillo” en los municipios de Estebanía y Las Charchas, provincia Azua”.
Como hemos podido comprobar, la empresa propiedad del candidato Abinader no puede ni podrá exhibir resolución alguna a su favor y los documentos presentados por el grupo ante los medios de comunicación se refieren, por un lado, a una autorización para establecer un negocio para la producción de agregados y cementos de conformidad con la Ley No. 5260 del 30 de Noviembre del 1959, y, por otro, al Permiso Medio Ambiental DEA No. 1191-1 que no es una Concesión de Explotación de Roca Caliza, como pretendían los apasionados políticos defensores de Loma Miranda.
Resultó ser, por lo demás, una infame falacia más el mapa publicado por Cementos Santo Domingo con el que pretendió aviesamente demostrar que el área solicitada para explotación estaba fuera del área protegida por ley. El mapa oficial (que acompaña este trabajo) establece muy claramente, como se ha señalado, que de los 59.80 km² del área de la solicitud de concesión de explotación denominada HATILLO, aproximadamente el 92.8% se encuentra dentro de los límites de las áreas protegidas (Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó y Reserva Forestal Hatillo y sus zonas de amortiguamiento respectivas). Curiosamente, ante estos hechos irrebatibles, los grupos ambientalistas guardaron silencio, evidenciando, al parecer, que sus desasosiegos ambientales tienen un marcado carácter selectivo.
La pregunta que debemos hacernos los electores es la siguiente: ¿cuál es el nivel de credibilidad, franqueza y honestidad de un candidato que desde algún rincón de Loma Miranda afirma que es defensor incondicional del medio ambiente y los recursos naturales no renovables, y unos meses después defiende apasionadamente la explotación por su propia empresa de unos recursos mineros que con toda certeza están dentro de los límites de un área protegida por ley?
Debemos colegir entonces que la defensa aquella no fue el producto de una convicción profunda, sino una postura falaz y maligna dictada por la conveniencia política que ella reportaba.
Fueron sus palabras: “…soy parte de la comunidad de dominicanos que han asumido el compromiso de defender nuestros recursos naturales por encima de los intereses particulares”. Luego de la defensa del supuesto derecho adquirido por su empresa de intervenir un área protegida, estas últimas palabras deben retumbar no solo en todos los confines de Loma Miranda, sino en la conciencia de los electores dominicanos de buena voluntad, es decir, en la de aquellos que luchan por alcanzar y disfrutar un país más ordenado y próspero, lo cual supone por necesidad que todos seamos respetuosos de nuestras propias reglas de juego.
¿Tiene la desaprobación del MEMRD alguna finalidad política? Todos los viejos compañeros del candidato que salieron corriendo del país en la segunda mitad de los ochenta en aquella célebre ocasión en que la justicia los reclamaba, también decían lo mismo o se enfermaban o desmayaban en patéticas escenas de absoluta cobardía.
Salir en defensa de sus propios intereses corporativos en violación de la ley y al mismo tiempo pretender ser presidente de la República, es algo que no parece nada compatible con la revelada pretensión del candidato de impulsar un cambio medular de la sociedad dominicana.
Ciertamente, es una postura tan abominable como seriamente preocupante para todos los que estamos comprometidos con los destinos del país, tal y como lo expresara el ministro de Energía y Minas, doctor Antonio Isa Conde, en ocasión del debate: “Debe preocupar a la sociedad que una persona con aspiraciones a ocupar la primera magistratura de la nación esté peleando con tantas garras por mutilar un parque en beneficio de una empresa familiar. Esto es una tragedia para la República Dominicana que debe hasta crear pánico sobre el futuro político del país”. Y a seguidas el ministro Isa Conde asume sin rodeos toda la carga de la responsabilidad que le toca: “No seré yo el ecocida (destructor irresponsable del ambiente y sus recursos, JS) que cargará con la culpa histórica de entregar un parque nacional para su explotación”.
“La hipocresía es el colmo de todas las maldades”, decía Moliere. El falso compromiso con los intereses nacionales puesto en evidencia por Luis Abinader, es la peor de sus catástrofes personales y políticas, decimos nosotros.
