Opinión

El estado de bienestar se consolida al término de la Segunda Guerra Mundial, y se dimensiona cuando el Estado empieza a hacer inversiones en políticas sociales que procuraban el desarrollo humano de manera igualitaria, es decir, con derechos sociales y beneficios económicos para un crecimiento sostenido basado en la justicia social.

Por más de 60 años, este modelo estatal, en sus distintas modalidades, ha imperado en Europa, como un modelo de organización económico-social que pretende un reparto más equitativo de los beneficios y de la riqueza entre toda la población, mediante la extensión de ciertos servicios o garantías sociales a todos los ciudadanos, y en América, en los Estados Unidos, que lo dispone el preámbulo y otros articulados de su Constitución.

Ya se preguntaba el insigne escritor colombiano, Gabriel García Márquez, en el discurso que pronunció en la ceremonia de entrega del Premio nobel de Literatura (Estocolmo, Suecia, 1982): “¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes?”. Y es así, cual si fuera la respuesta a esta cuestionante, hoy día, se consagra en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, el reconocimiento del bienestar colectivo como expresión tangible de la justicia social.

Países como Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Uruguay, Venezuela y República Dominicana enarbolan el bienestar general como elemento estructural de su organización jurídica y política y procuran tener un gasto social que sea una inversión en la promoción del desarrollo humano, social y económico.

La constitución dominicana, consagra en su preámbulo, la trascendencia del “bienestar social”, como valor supremo y principio fundamental que sustenta el accionar del Estado.

El catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Alcalá de Henares, Francisco Comín Comín, en su libro “El estado del bienestar en la encrucijada”, establece que el inicio del estado de bienestar tuvo una multiplicidad de causas: La democratización de los sistemas políticos, el crecimiento de la renta per cápita, la crisis económica y la globalización de postguerra y el cambio en aspectos demográficos, relacionados con el aumento de la población envejeciente de la época.

Es a partir del surgimiento de estos indicadores, cuando se hace necesario un nuevo enfoque en el diseño de las ejecutorias del Estado, con una visión integradora de políticas económicas y sociales, que integre a las personas y comunidades en la cadena productiva.

Lograr la satisfacción del ser humano es complejo y requiere de una multiplicidad de acciones de los sectores público y privado que hagan posible que los ciudadanos accesen a un sistema educativo universal y de calidad; que tengan derecho a una vivienda digna, que se garantice su derecho a la propiedad; a los sistemas de seguridad social; a las oportunidades equitativas de acceso a fuentes de trabajo; al crédito productivo y a la protección de los segmentos de la población especialmente vulnerables, como son las mujeres, los niños y los adultos mayores. Es decir, al ideal de la justicia social.

De acuerdo al documento “Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 2014”, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en enero de ese año, el gasto social de los gobiernos de América Latina ha experimentado aumentos considerables: en los años noventa, el gasto social en la región representaba un 13.8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en los años 2006-2007, alcanzó un 16.7%, y en 2012-2013, se logró una inversión social promedio del 19.1% del PIB, destinándose alrededor de 685 mil millones de dólares a las inversiones sociales en la región. En el caso de Republica Dominicana, esto fue posible, gracias al crecimiento del PIB, que de acuerdo al documento de la CEPAL, fue de un 6%, situándonos junto a Panamá como las dos economías de mayor desarrollo en la región.

En el país, en el 2015, esta inversión social quedó reflejada en la formación continuada de maestros, la formación educativa de niños entre 0-5 años, la construcción de estancias infantiles, el otorgamiento de becas nacionales e internacionales a jóvenes de escasos recursos, la capacitación técnica y profesional a miles de jóvenes en distintas ramas del conocimiento, la incorporación de miles de ciudadanos al Seguro Nacional de Salud (SENASA), en sus distintas modalidades, la construcción de escuelas y la incorporación a la cadena productiva de una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, los programas de asistencia social, con el financiamiento del gobierno a través del presupuesto general del Estado.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su representante en el país, Sandro Parodi, sólo con los programas de asistencia social, el país redujo la pobreza en un 17% en 10 años, con subsidios focalizados, con una inversión del 1% del PIB, “lo que indica que la República Dominicana ha mejorado en la planificación, efectividad, eficiencia e integralidad de las intervenciones estatales que buscan proteger a las familias más vulnerables del país”.

La integración de los programas del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y Progresando con Solidaridad (Prosoli), los que el BID ha identificado como el “Trípode de protección social”, han sido la clave en el proceso de reducción de la pobreza. “A pesar de los montos modestos de los subsidios, los efectos son positivos sobre la pobreza y la desigualdad”, comentó Parodi.

El estado de bienestar consagrado en la Constitución de la República y en la ley adjetiva 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, son los instrumentos jurídicos que hay que asumir para garantizar el bienestar colectivo de la sociedad dominicana.