Opinión

La Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del 2010, incluyó algunos mandatos sobre la necesidad de elaborar un cuerpo de leyes adjetivas, orgánicas o no, que vendría a completar el ordenamiento legal constitucional necesario para cumplir eficazmente con la visión del Estado Social y Democrático de derecho, que ella misma estatuía, como norma de convivencia democrática de la Nación Dominicana.

Entre las leyes que debía votar el Congreso se ordenaba, entre otras, la que sirve de soporte al recién creado Tribunal Superior Electoral, la nueva ley electoral y una ley de organizaciones y partidos políticos, de éstas solo la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral fue aprobada y entró en vigencia, desde la proclamación de la Constitución de la República hasta la fecha, no así las dos restantes.

Recientemente, en el marco de una reunión de la Internacional Socialista celebrada los días 1 y 2 de abril en el país, al que asistieron el Señor Miguel Vargas, en su condición de Presidente del PRD y el Presidente Danilo Medina, candidato a la reelección por el PLD y las fuerzas aliadas, invitado distinguido en ese foro, ambos líderes abogaron por la pronta aprobación de los referidas leyes y en particular la ley de partidos, como condición indispensable para el fortalecimiento del régimen democrático.

El Presidente Danilo Medina acotó “Actualmente, el Congreso de la República Dominicana tiene en discusión estos dos proyectos de leyes, la ley de partidos y la ley electoral. Y, si me lo permiten, quisiera aprovechar este encuentro para solicitar públicamente a nuestros congresistas que prioricen la aprobación de estas iniciativas una vez haya concluido el proceso electoral”.

Convendría preguntarse entonces Cuál Ley de Partidos? ¿ el mismo proyecto que lleva 15 años rebotando en nuestro Congreso sin resultado alguno? O bien un nuevo proyecto que rescate lo esencial del anteproyecto sometido por la Junta Central Electoral, que sin representar una reforma radical del actual régimen (o el facto) fue dejado de lado?

El último intento, que en apariencia, recogería el consenso de las principales fuerzas con representación congresional (PLD, PRD, PRSC) sometido el 27 de abril del 2015, también colapsó, porque en definitiva esa fue la voluntad de las elites partidarias.

El referido anteproyecto, contiene articulados que invade ámbitos de la ley de participación electoral, que se consignan provisorios, en razón de las circunstancias prevalecientes al momento de su presentación, tal ambigüedad deberá ser superada al momento de su reintroducción y conocimiento, una vez instalado el nuevo congreso.

Deberá rescatarse el contenido básico del ante proyecto presentado por la Junta Central Electoral que se ajusta más al precepto constitucional que enajena la soberanía absoluta de las élites partidarias, en la vida y funcionamiento de las organizaciones políticas y obliga a la renovación periódica de la dirigencia en un periodo que no exceda el tiempo de los mandatos de las altos cargos de elección popular.

La experiencia reciente, que afecta a prácticamente todos los partidos del espectro nacional y que denota su incapacidad de autogerenciar sus procesos de elección interna o primarias, aconseja que el tema de la competencia democrática al interior de las agrupaciones políticas debe ser abordado en la ley con la entereza pertinente, reconociendo a la Junta Central Electoral como el ente competente para arbitrar la democracia interna en los partidos, en tanto mandato constitucional inapelable.

Otra temática que acusa ambigüedades en el proyecto presentado en abril del año pasado, es el referente al financiamiento, que no solo ratifica el desorden actual caracterizado por la falta de transparencia, sino que lo formaliza al estatuir tres tipos de fuentes de ingresos, el público establecido por ley, el privado a través de las contribuciones de particulares (generalmente de origen empresarial) y el de las rentas propias, vía las cotizaciones de los miembros y los actos y mecanismos de apropiación de fondos; esta modalidad es tan amplia como un océano y de difícil fiscalización.

Si el régimen de partidos de la República Dominicana, con evidentes signos de agotamiento, ha esperado por dos décadas para darse una norma que lo regule y fortalezca, bien vale la pena que la ley, que finalmente sea consensuada y votada, cumpla con las expectativas esperadas, recogidas en una frase lapidaria del acervo y sabiduría del maestro (Juan Bosch) cuando afirmaba “las naciones se desarrollan y las instituciones son fuertes cuando tienen reglas de juego claras y esas reglas se respetan”.