Alberto Quezada
La lucha por el poder es desgarrante. Es como en la guerra que, desde el mismo momento en que inicia, la primera víctima es la verdad. Pero más aún, en la actividad política, al estilo en que se ejerce en nuestro país, hay una máxima que cada día que pasa toma más cuerpo y es desacreditar al adversario con calumnias e infamias. Así no puede ser.
Luego del Presidente Danilo Medina asumir su nuevo mandato el pasado 16 de agosto, he visto con pena como desde diferentes sectores políticos y una franja importante de la Sociedad Civil, se lanzan a través de las redes sociales una cadena de infamias y rastrarías que lo que da es pena, y vergüenza.
Cómo es posible que a través de esas plataformas comunicacionales, específicamente las redes sociales, se estén promoviendo informaciones difamatorias contra funcionarios de diferentes instituciones públicas del actual Gobierno con el mal disimulado propósito de abrirse espacios de participación.
Lo que allí se lee es lamentable, es el genuino producto de una máquina de fango contra ministros y vice ministros a quienes se les imputa un rosario de hechos sin fundamento, que lo que da es asco.
Y que no me vengan con el cuento de que eso es normal, que eso no se puede controlar, que todo el que está en la actividad política y el escenario público está expuesto a este tipo de cosas y que hay que aceptarlo como bueno y valido. No, eso es una bajeza.
Sí así se piensa y acepta, sería una canallada de quien lo apoye o patrocine; si esos sectores que dirigen la maquinaria de infamias y calumnias a través de las redes sociales y otros medios a su disposición se le sigue permitiendo reproducir sus malas prácticas de destrucción de honras y justa fama, estamos en camino a un bandidaje colectivo inaceptable.
En pleno Siglo XXI esto no puede ser posible, si alguien tiene pruebas de corrupción contra algún funcionario saliente o en el Gobierno, que se dirija a los tribunales y que deje de actuar a la sombra como los cobardes.
Si desean algún puesto electivo en el tren gubernamental, que se organicen en un partido político y se ganen el apoyo del pueblo votante, pero utilizar recursos rastreros contra instituciones y particulares es una canallada. La lucha por el poder, de esa manera no es válida.