En nuestro informe titulado “Indicadores Catastróficos 2013. Investigación y Análisis de Seguridad Vial en la República Dominicana”, recomendamos: “Declararse la seguridad vial en estado de emergencia manejada por una Comisión Nacional Transitoria… en tanto se apruebe una ley integral y estratégica…” (Pag. No. 8. 2014).
Fue lo que concebimos ante la disyuntiva que presentaba el Proyecto de Ley propuesto en la Cámara de Diputados, y frente a tantos intereses creados suscitados alrededor del transporte.
“Los Indicadores Catastróficos 2013” lo pusimos en circulación en el II Foro Global para la Seguridad Viaria convertida en una sección de la Cámara Baja llevada a cabo en un hotel de la capital. Me hizo el honor de presentar el reporte, el Lic. Rafael Pérez Modesto.
Lo que previmos fue precisamente lo que el Presidente Danilo Medina anunció en su discurso del pasado 16 de agosto en la Asamblea Nacional.
Este proceso que mediante decreto permitiría comenzar una nueva era en materia de seguridad vial, cuyos indicadores lucen alarmantes a contrapelo con el desarrollo sostenible en la República Dominicana.
Sin embargo, tampoco podemos presumir que por un decreto se logrará la solución a tan grave problema sistémico como el que estamos enfrentando en nuestras vías y en la economía nacional, porque es mucho más profundo y complicado, al punto que necesariamente deberá ser abordado con visión holística.
Estamos hablando de tomar medidas que pudieran trastocar el estado de derecho de los ciudadanos; de que se requiere complementar o implantar el nuevo modelo en la educación integral, con una educación inclusiva tanto para niños, niñas y adolescentes, como para los adultos en general.
Cuando hablamos de políticas públicas eficientes en seguridad vial, también nos referimos a lo estipulado en el acuerdo de París en cuanto a la preservación del medioambiente y a los acuerdos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un Consejo de Seguridad Vial no se sugiere sea estático, porque de considerarse así perdería el sentido de institucionalidad, sin alcanzar el nivel de política de Estado; por lo que sería indispensable una estructura multidisciplinaria basada en una ley que le garantice su sostenibilidad y sustentabilidad.
Así se crearían las condiciones necesarias para que el Consejo pueda funcionar con autonomía, liderazgo, fuentes de financiamiento y transparencia, en un radio de acción independiente a la denominada Autoridad Única del Transporte.
Esto último, para dirimir los tediosos y constantes problemas con los grupos y empresas dirigidas por sindicalistas, empresarios y políticos, por un lado; mientras el Consejo de Seguridad Vial fomenta y promueve el valor de la vida en un estado de convivencia pacífica.
Las políticas de seguridad vial no solo deben abogar por medioambiente saludable; medios de transporte, carreteras y movilidad seguras, también debe construir una vía de comunicación eficaz y armoniosa con todos los sectores de la vida nacional.
De lo que se trata es de construir un camino que promueva preservar la vida y la salud, y al mismo tiempo, reducir la brecha de la pobreza y la desigualdad social con programas que generen un acercamiento del Estado con la sociedad y los gobiernos municipales.
En tanto no se tomen las decisiones pertinentes, más de cuatro mil vidas se estarían perdiendo, pudiéndose evitar; además de decenas de miles de lesionados al año con traumatismos físicos y emocionales, muchos de ellos, permanentes.
