Chile, país padre del sistema de capitalización individual, ha sido estremecido por una multitudinaria marcha escenificada por el ejército de jubilados, pensionados y trabajadores en protesta por las pensiones de miseria que han recibido de las administradoras de fondos de pensiones, que son la mitad del salario mínimo, y por el hecho de que no son los principales beneficiarios de sus propios ahorros.
Este hecho social capital, que ha sacudido a Chile y ha trascendido más allá de sus fronteras nacionales, implica un profundo cuestionamiento de la población chilena al sistema de capitalización individual en términos de su funcionamiento y de sus alcances.
Baste recordar que el sistema de capitalización individual nació en Chile en 1981 en el contexto de la ola neoliberal o de las políticas neoliberales que se aplicaron durante la época negra de la dictadura de Augusto Pinochet.
Recuerdo que los chilenos se enorgullecían, y recreaban ese orgullo, diciendo, y repitiendo hasta la saciedad, que el producto institucional, llamado sistema de capitalización individual, era su marca país, y que, por consiguiente, era el único producto institucional de pura raigambre chilena, y que ellos exportaban al mundo.
En los países donde se instaló el sistema de capitalización individual tuvieron que utilizar no solo el know how chileno, sino que el montaje de las estructuras institucionales para el funcionamiento de ese sistema se hizo bajo la asesoría permanente de técnicos y especialistas chilenos.
O sea que ellos exportaron el paquete completo, y se beneficiaron no solo de la exportación del know how, sino también de la exportación de sus recursos humanos. Y ellos intervinieron no solo en el montaje de la estructura institucional a nivel del Estado de cada país, sino que intervinieron también, con sus asesorías y recomendaciones, en el montaje de la estructura institucional privada.
No es cuestionable que Chile engrosara sus finanzas públicas y privadas con la exportación de este producto institucional; lo que sí se cuestiona es el hecho que muchos países de América Latina se dedicaran a calcar (copiar o aplicar este esquema de capitalización individual) sin establecer ningún nivel de criticidad.
Más aún, los grupos de poder económico, sobre todo, los del área financiera, bendijeron este esquema, y los estados lo canonizaron.
Lo que en el fondo nos está diciendo la población chilena, al protestar amarga e impotentemente (llorando su miseria, sus penas y sus frustraciones), es que el sistema de capitalización individual ha representado para ellos una “trampa o un fraude”, y que los grandes beneficiarios del mismo no son los trabajadores, sino los capitalistas del área financiera.
Y no podía ser otro el resultado social, dado el hecho de que el producto institucional señalado es hijo del neoliberalismo y de una dictadura.
¿Qué ha pasado y está pasando en la República Dominicana con el sistema de capitalización individual?
En la ley de seguridad social dominicana del 2001 se establece que nuestro sistema de seguridad social es mixto teniendo dos componentes que lo integran: el sistema de capitalización y el sistema de reparto
Pero la hegemonía o la prevalencia la tiene el sistema de capitalización individual.
El nuevo sistema de seguridad social dominicano, contenido en la ley No. 87-01 sobre el mismo asunto, comenzó a funcionar en el año 2002. Lo cierto es que predomina el sistema de capitalización individual, en cuanto a salud y pensiones, pero en el Estado dominicano hay instituciones públicas en que está vigente el sistema de reparto (UASD, Banco Central, Congreso de la República, Banco de Reservas, etc.).
Ciertamente el régimen de pensiones y jubilaciones civiles del Estado funciona en el marco del sistema de reparto. Aunque las pensiones legales reconocidas por el Estado no pueden pasar de 40 mil pesos (ocho salarios mínimos) de conformidad con una ley muy anticuada y obsoleta que data de 1981. Hay que subrayar que las pensiones y jubilaciones civiles de carácter legal que concede el Estado dominicano solo las pueden recibir los que han trabajado 20 años o más en la Administración Pública.
Aparte de esas pensiones legales, la Constitución de la República faculta al presidente a otorgar pensiones especiales, que lamentablemente, y en muchos casos, el monto de esas pensiones está muy por encima de las pensiones de ley. O sea que nuestro sistema público, producto del vedettismo y de la política clientelar, premia y valora más al que nunca ha trabajado en el Estado, y en ocasiones no necesita ese tipo de pensión, que a quien ha dejado su vida y su pellejo en la Administración Pública durante 20 años o más.
Ese sistema de pensiones y jubilaciones civiles en el Estado es muy injusto y promueve y ahonda visceralmente el agudo problema de la desigualdad social a través de una redistribución muy desigual, inequitativa e injusta de los recursos públicos.
La misma ley de seguridad social le da la facultad al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que conceda las llamadas pensiones solidarias.
Bien, pero lo que nos interesa destacar aquí es el asunto de las pensiones en el caso del sistema de capitalización individual.
La ley sobre seguridad social, respecto de la que se comenzaron a edificar las estructuras en el 2002, consigna que para que un trabajador, privado o público, pueda recibir una pensión en el marco del sistema de capitalización individual, debe reunir dos condiciones: 30 años trabajando y 60 años de edad, contados a partir de la entrada en funcionamiento de dicho sistema (presuntamente 2002).
Desde el 2002 hasta ahora las administradoras de fondos de pensiones, eje operativo central del sistema de capitalización individual, solo han estado acumulando, e invirtiendo conforme a sus particulares criterios, los aportes de los trabajadores y de las empresas, que, dicho sea de pasada, ya se calculan en 300 mil y pico de millones de pesos.
El que al cumplir los 30 años trabajando en la empresa o en la institución pública tal o cual, situación que podría comenzar a ocurrir a partir del año 2032, no haya ahorrado lo suficiente para recibir una pensión técnicamente llamada digna, sus ahorros le serán devueltos por la administradora de fondos pensiones.
Pero si las pensiones que recibirán los trabajadores serían iguales o inferiores al salario mínimo vigente en la República Dominicana, serán pensiones muy indignas tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista social.
Y realmente la situación podría ser dramática a partir del año 2032: los trabajadores que devengan actualmente el salario mínimo, y los demás que no pasan de 15 ó 20 mil pesos al mes, no recibirán pensiones dignas desde el punto de vista social y económico.
Hasta ahora de ese sistema de capitalización en el campo de las pensiones solo se han estado beneficiando muy grandemente las administradoras de esos fondos y sus dueños del área financiera. Las que, además, están cobrando un 30% de comisión en la actualidad.
Si en Chile, país donde se nació este sistema de capitalización individual, ya el pueblo está en las calles protestando por las pensiones de hambre y de miseria que reciben, que son la mitad del salario mínimo vigente en esa nación, imagínense las convulsiones sociales que podrían desencadenarse en República Dominicana dentro de un tiempo.
Tenemos que ir evaluando y ponderando desde ya las reformas que habría que hacer en nuestro país al sistema de seguridad social, sobre todo, al sistema de capitalización individual y al sistema de pensiones y jubilaciones civiles del Estado en el marco del sistema de reparto, de tal manera que podamos prevenir como sociedad el estallido de posibles sacudimientos sociales en el futuro.
