Los temas de debate en la opinión pública de los últimos días y la rabiosa postura opositora contra el gobierno del Presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), confirman la necesidad de relanzar esta organización política, como se viene planteando.
En cuatro asambleas regionales celebradas el pasado diciembre con la dirigencia del PLD, se razonó en la necesidad de procurar la forma de aprobar los ocho proyectos de Reglamentos, pendientes para ser conocidos en el Comité Político y el Comité Central, para aplicar las resoluciones del VIII Congreso Ordinario Comandante Norge Botello; en donde están las herramientas para renovar la mayor fuerza política del país, que es el PLD.
El relanzamiento significa sincera unificación para combatir con energía los planes de los adversarios enquistados en facciones partidarias y sus soportes mediáticos, que lo son también de grupos económicos a los que no les conviene las gestiones peledeístas desde el gobierno.
El escándalo internacional, que ya produjo una negociación en Estados Unidos, alrededor de la constructora Odebrecht está siendo tomado en un nuevo intento local de “judicializar la política” y buscar en esta instancia, las decisiones que la oposición no ha conseguido con los votos.
Se hace notorio un laborantismo de la oposición al gobierno en complicidad con comunicadores a su servicio, y una minúscula parte de la denominada sociedad civil, dirigido a erosionar el prestigio del PLD y la alta valoración del gobierno.
Sin duda alguna es un inescrupuloso plan político que busca obtener lo que no pueden lograr por la vía de los votos.
Los enfoques de comentaristas y seudoanalistas políticos del patio ya están hablando de impunidad y dan como un hecho el supuesto soborno de la firma Odebrecht en República Dominicana.
Sin duda alguna se persiste en el afán de judicializar la política, desacreditar al gobierno y de paso, obstruir el curso de la mayor iniciativa para superar las dificultades históricas del sector eléctrico con la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina en Bani. Peravia.
Se ha hecho más que notorio un permanente activismo para llevar a los tribunales cuestiones de naturaleza política, que debe ser parte del debate entre los partidos, buscando una ganancia de causa por la vía jurisdiccional.
Este esquema, que no es improvisado, sino parte de un plan regional de sectores políticos electoralmente derrotados, ha podido ser aplicado en países hermanos, lo que es un aliciente para sus abanderados en República Dominicana.
Quienes así piensan, pretendiendo pescar en rio revuelto, tienen que entender que se tiene al frente de la gestión de gobierno a un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido, como tal, estará en primera línea apoyándolo y defendiéndolo.
Airear este tema tiene que confirmar en la consciencia de las y los peledeistas la necesidad de reforzar y relanzar al Partido , no solo como plataforma electoral, también como defensor de los logros y conquistas ofrecidos al pueblo por sus gobiernos.
Los casos de Argentina y Brasil son ilustrativos para hacer consciencia de que se hace imprescindible un instrumento político de gran fortaleza para enfrentar las embestidas opositoras.
La construcción de las dos plantas a carbón en Punta Catalina, Baní, provincia Peravia, es parte del plan integral del Gobierno en el sector eléctrico, que ha tenido como puntos fundamentales el cambio de matriz y la eficiencia en la gestión.
Se ha sentido la necesidad de involucrar al gobierno en la generación de electricidad para cumplir con su obligación y responsabilidad con el país, debido al histórico déficit de generación eléctrica, que constituye un freno para mejorar el clima económico y de negocios en el país.
En ese sentido se conciben las plantas generadoras a carbón luego de un proceso de licitación que ha sido llevado a cabo con total transparencia, con la participación de consultores externos especializados, que nada tienen que ver con las empresas seleccionadas.
Al divulgarse el escandalo con constructora Odebrecht, una de las firmas escogidas por los licitadores para la instalación de las plantas de Bani, se ha querido involucrar su adjudicación a una operación dolosa, es entonces cuando se produce la actuación del Presidente Danilo Medina, emitiendo un decreto, creando una comisión especializada para que se indague todo lo relativo a la licitación y adjudicación de la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Un decreto con el que el mandatario dice claramente que no tiene nada que ocultar y que se ha actuado con la debida transparencia, impulsado por el interés de permitirle al Estado dominicano la contratación de energía en mejores términos y con mayores beneficios para el país y la población.
La composición y finalidad de la comisión designada ha sido cuestionada por los testarudos críticos del PLD y del gobierno, con lo que se confirma su incansable propósito de judicializar el ejercicio de la política.
Insistir tanto en este propósito tiene un gran riesgo, es la reducción de los espacios democráticos, que en nada beneficia a la institucionalidad que sus promotores dicen defender.
