Con la llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana –PLD–, se crea en el Estado Dominicano la base jurídica más amplia e importante para lograr la transparencia y enfrentar la corrupción en la administración pública.
La plataforma jurídica impulsada por las gestiones de Leonel Fernández y consolidada en el mandato del presidente Danilo Medina, trasciende el marco de nuestras leyes y se posiciona en el concierto mundial.
El proceso ha conllevado no solo leyes, decretos y reglamentos, sino que abarca, además, tratados, convenciones y acuerdos internacionales.
En efecto, “ningún gobierno anterior o posterior a los del PLD había realizado ni creado las formulas jurídicas para enfrentar la corrupción y otorgado las herramientas para hacer completamente transparente el uso de los fondos públicos”, señala John Garrido, jurisconsulto y experto en materia constitucional .
La corrupción como tema adquiere rango constitucional, al ser estipulado así en la nueva Constitución legada por la gestión del presidente Fernández en 2010, tras un amplio programa de consulta con la participación de todos los sectores nacionales.
Se destaca, por ejemplo, la creación y puesta en vigor de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y su consecuente Reglamento de Aplicación.
Igualmente, resalta la Ley de Función Pública y la de Acceso a la Información Pública, que permite a cualquier ciudadano o entidad conocer información acreditada sobre la forma en que se invierten los dineros públicos.
Concomitantemente, ha sido el PLD, desde el Gobierno Central y desde el Congreso el gestor de que la nación disponga de una Ley sobre Declaración Jurada de Bienes que obliga a los altos Servidores Públicos a rendir cuenta de su patrimonio, al principio y al término de su gestión.
Asimismo, mediante decreto, el PLD ha creado la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, entidad que vela por el cumplimento de estas normativas.
La metodología de proyectar todas sus acciones mediante la estructuración de planes de trabajo bien concebidos, el PLD la ha articulado desde el gobierno, y como muestra: La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
En su primer eje temático, la END se plantea el objetivo de corregir las debilidades y falencias del Estado en materia de corrupción, clientelismo y patrimonialismo, mediante la promoción de la transparencia en sus prácticas.
Dentro de esa iniciativa, sobresale la creación por parte del gobierno del PLD del Sistema de Contabilidad Gubernamental Único, que permite el control efectivo de la función pública.
También el Sistema Financiero Dominicano ha sido objeto de la salvaguarda por parte del PLD, que desde el gobierno le ha fortalecido mediante leyes y normativas providenciales y de transparencia.
El Gobierno dominicano se acogió a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Corrupción, que fue ratificada por el Congreso Nacional en el año 2006.
También, nuestro gobierno propició la integración del país a la Corte Interamericana contra la Corrupción, acuerdo que se firmó en 1996.
Los alcances de ese tribunal transfronterizo incluyen temas como el enriquecimiento ilícito, soborno, internacional, extradición, la eliminación del secreto bancario y asistencia jurídica.
El gobierno abierto y la e-Transparencia conforman una doctrina política que sostiene que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles posibles en cuanto a transparencia.
Necesariamente, esto va unido a la creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana. La institución oficial encargada del Gobierno abierto, la e-Transparencia y los datos disponibles al público es la Dirección de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Un Gobierno Abierto asume el compromiso de garantizar que la administración y operación de todos los servicios públicos que el Estado brinda puedan ser supervisadas por la comunidad, es decir, que estén abiertos al escrutinio de la ciudadanía.
Dicho proceso, que incrementa la transparencia de la administración, debe acompañarse también por la generación de espacios de encuentro con la comunidad en los que los ciudadanos puedan participar en las decisiones de gobierno y colaborar con la administración en la búsqueda de soluciones a los problemas.
