La tragedia causada por el choque de un camión tanquero cargado de combustible, con un lamentable saldo de muertos, heridos y destrucción de bienes públicos y privados, puso en evidencia la dimensión que ha adquirido el problema del tránsito en la República Dominicana y su peor rostro: el de una tragedia nacional.
El accidente generó un voraz incendio en el malecón capitaleño y consternó a la ciudadanía, recordándole la existencia de disposiciones —al parecer ineficaces— que limitan el tránsito de vehículos pesados por este concurrido bulevar.
Apenas habían transcurrido unas horas del desastre cuando vehículos de carga y tanqueros ya transitaban nuevamente por la vía, sin que aparecieran las autoridades encargadas de aplicar las sanciones correspondientes a los infractores de las prohibiciones del Ayuntamiento y del órgano rector del tránsito en el país.
El caos vial en las ciudades y carreteras dominicanas, respaldado por elevadas estadísticas de muertes, lesionados y daños materiales, es también una fuente constante de intranquilidad y trastornos que afectan la salud mental de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas mediciones locales sitúan a la República Dominicana entre los países con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo. De hecho, se estima que esta problemática le cuesta anualmente al país miles de millones de pesos.
En el territorio nacional circulan miles de automóviles y motocicletas sin las condiciones técnicas adecuadas debido a que aún no se implementa la Inspección Técnica Vehicular (ITV). Esto representa, a juicio de diversos especialistas, una clara manifestación de debilidad institucional para sancionar a los infractores reincidentes.
A lo anterior se suma un esquema de corrupción en las entidades llamadas a fiscalizar el tránsito; el desfalco millonario en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), perpetrado entre los años 2023 y 2024, constituye un ejemplo elocuente de esta realidad.
En promedio, tres personas pierden la vida cada día en las calles, avenidas y carreteras del país, mientras miles de familias sufren las consecuencias humanas y económicas de los siniestros viales.
Estas trágicas estadísticas exigen que el problema del tránsito se asuma con absoluta seriedad y que las instituciones correspondientes funcionen con transparencia, competencia e idoneidad.
