El fenómeno de la corrupción no es exclusivo para determinadas sociedades, más bien es un mal universal que se da tanto en los países pobres como en los más desarrollados y tanto a nivel público como privado. De hecho, en general, en la opinión pública existe la idea de que en la política y en el gobierno existe corrupción y que quienes participan son corruptos.
Pero la lucha contra la corrupción no puede ser una acción emocional, ni de un momento, de lo que se trata es de elaborar expedientes bien sustentados y con pruebas irrefutables contra las personas sospechosas de cometer actos de corrupción. La nación que se pude tomar de ejemplo en la lucha contra ese flagelo es los Estados Unidos, donde es común que las personas del sector público o privado que cometen actos de corrupción sean sometidas a la justicia, tanto dentro como fuera de ese país.
Para ilustrar pongamos como ejemplo el escándalo de corrupción que sacudió la Fifa (Federación Internacional del Fútbol) y que estalló en el 2015 y que involucra más de 150 millones de dólares en sobornos y corrupción en esa organización. Según los reportes internacionales, las denuncias sobre los sobornos comenzaron a salir en el 2002. En el 2010, aparecen las primeras denuncias en varios medios en las que se acusa a altos dirigentes de FIFA de recibir sobornos para la adjudicación de los mundiales 2018 y 2022.
En el 2010, se inicia la investigación sobre la fortuna de Sepp Blazer, presidente de la FIFA y en el 2012 se publican los documentos que comprueban sobornos de la empresa de derechos audiovisuales ISL al expresidente de FIFA, Joao Havelange y al presidente de la Federación Brasileña Ricardo Texeira.
En el 2015 se realizó la primera operación en Múnich, Suiza, donde varios ejecutivos de la FIFA fueron detenidos, luego de un proceso de investigación donde se contaban con las pruebas suficientes para someterlos a la justicia. En el 2015, Blatter es suspendido de la FIFA y de realizar cualquier actividad futbolística.
Lo que buscamos ilustrar con el caso de la FIFA es que los culpables de cometer delitos de corrupción en ese organismo no fueron descubiertos porque un grupo de personas salió a las calles a exigir que se investigue, sino que fue el producto de más de diez años de investigación por parte de autoridades competentes y que al momento de presentar el caso contaban con pruebas irrefutables.
Como el caso de la FIFA hay varios en países más desarrollados y donde se dan golpes contundentes al flagelo de la corrupción, pero en ningún caso efectivo de lucha contra ese mal, se ha dado porque sin prueba, pancartas y acusaciones sin fundamento, señalan determinados funcionarios de cometer delitos que solo existen en su percepción, probablemente construida desde sectores con intereses políticos.
En la actualidad en varios países de América Latina se vive una especie de ola de contagio en la lucha contra la corrupción en la administración pública que se desencadenó tras el caso Lava Jato en Brasil, que incluye a la constructora Odebrecht que tiene contratos de construcción en varios países, incluida la República Dominicana.
Probablemente, la politización de la lucha contra la corrupción es el mayor obstáculo que tienen los países para erradicar ese flagelo. La seriedad en la lucha contra la corrupción requiere un comportamiento basado en la ética y la moral, tanto de quienes están en el gobierno como de los actores de la sociedad civil, empresarial, partidos políticos de oposición y la sociedad en general, sin politizarla.
Los gobiernos del PLD han venido tomando acciones para disminuir el mal. Entre esas medidas se destacan la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y su consecuente Reglamento de Aplicación. También la Ley de Función Pública y la de Acceso a la Información Pública, que permite a cualquier ciudadano o entidad conocer información acreditada sobre la forma en que se invierten los dineros públicos.
Hay que sumar la Ley sobre Declaración Jurada de Bienes que obliga a los altos Servidores Públicos a rendir cuenta de su patrimonio, al principio y al término de su gestión. Asimismo, se resalta la creación de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, entidad que vela por el cumplimento de esas normativas.
