Con la promulgación de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial el 21 de febrero de este año el presidente de la República, Danilo Medina, concluye un largo proceso de discusión para lograr la incorporación de los preceptos consagrados en la Constitución y en la Estrategia Nacional de Desarrollo en este tema, tales como: Promover la Movilidad y Accesibilidad como un instrumento de desarrollo social y de integración económica, que garantice la accesibilidad universal a los sistemas de movilidad, equidad en el uso de los espacios públicos de circulación, el desarrollo humano y urbano, la competitividad, la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental.
Esta ley impulsa la innovación tecnológica y el uso de energías alternativas no contaminantes y prioriza el diseño integrado de la red vial con énfasis en el sistema de transporte público masivo sobre las demás modalidades, para reducir la incidencia del gasto de transporte en los presupuestos familiares.
Además crea un marco legal para la planificación, regulación y fiscalización de la movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. También fortalece la educación vial de la ciudadanía y el respeto a las leyes de tránsito.
Con la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT) tendremos una institución responsable de fijar y ejecutar la política nacional de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, ajustada a los principios, objetivos, directrices y disposiciones establecidos en la presente Ley, ejerciendo la función de planificación sectorial.
El INTRANT establecerá un procedimiento transparente para el cálculo de las tarifas, sin perjuicio de los operadores, ni para el servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros que, como servicio de interés público, se calculará la tarifa y/o establecimiento de un rango de tarifa, siendo de carácter obligatorio colocar un cartel visible con el tarifario dentro de las unidades de transporte.
El financiamiento del INTRANT provendrá de los recursos económicos de la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos, de las infracciones a esta Ley, del Registro Nacional de Vehículos, de los contratos, concesiones del transporte terrestre, y cualquier otro ingreso relacionado con la movilidad, tránsito y el transporte terrestre en el país.
Será el responsable de la Planificación Estratégica, realizando los estudios técnicos que permitan reorganizar la red de servicios de Transporte Público de Pasajeros, para lograr un Sistema Integrado de Transporte.
Este organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, unifica varias instituciones creadas por leyes y decretos desde el año 1966, como son la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), el Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART), el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) y la Caja de Pensión y Jubilaciones de los Choferes, que de forma dispersa y atomizada operan en el sector. Tendrá un Director Ejecutivo y un Consejo de Dirección que someterá los reglamentos y resoluciones al Poder Ejecutivo.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) será transformada en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) como cuerpo armado especializado de seguridad de tránsito y transporte terrestre, con funciones específicas de velar por el cumplimiento de esta Ley, así como también fiscalizar y velar por la seguridad en todo el territorio nacional, con personal capacitado para aplicar las mejores y más avanzadas tecnologías para el cumplimiento de sus funciones. La DIGESETT tendrá Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes de Tránsito que, bajo la dirección funcional del Ministerio Publico, establezcan las responsabilidades civiles y penales sobre los accidentes de tránsito.
La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET) serán transformadas en empresas públicas o mixtas (publica-privada), operadoras o prestadores de servicios públicos de pasajeros en las modalidades de autobuses, ferroviarios u otras formas de transporte colectivo y masivo de pasajeros sobre las cuales el INTRANT regulará todos los aspectos relativos al servicio de transporte público de pasajeros, al igual que lo realizará hacia los entes prestadores privados de servicios públicos que operen según licencia de operación.
El INTRANT tendrá bajo esta Ley la Escuela Nacional de Educación Vial para establecer todas las políticas públicas sobre la educación vial en el país, sobre todo, la inserción de esta asignatura en los niveles inicial, básico y medio de la Educación Pre-Universitaria.
También tendrá a su cargo el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, como órgano técnico de recolección de información sobre los accidentes de tránsito, causas, consecuencias, responsabilidades, daños a la propiedad pública y privada, los costos económicos y sociales para el país que sirvan como insumo al Plan Estratégico de Seguridad Vial.
En cuanto a los vehículos, operadores y prestadores del servicio de transporte terrestre, la nueva Ley establece que los operadores del servicio de transporte público deben constituirse en empresas prestadoras que facilite la conformación de fideicomisos para el cambio de la flota, uso de tecnologías como GPS, GPRS y sistemas pre pagados de los pasajes, adquisición de neumáticos, repuestos y combustibles. También el uso obligatorio de un seguro de responsabilidad civil contra tercero.
Contempla la capacitación de los choferes y establece escolaridad mínima de escuela básica; profesionaliza las licencias de conducir, obliga su capacitación en escuelas especiales, ordena su seguridad social y el otorgamiento de pensiones. Establece mejoras en las condiciones humanas del servicio, garantizándole 8 horas de trabajo e incentiva conquistas sociales.
Ordena que los vehículos de 26 ó más pasajeros, del transporte urbano de pasajeros, tendrán dos puertas: una de entrada y otra de salida. También contempla incentivos para el uso de una flota de vehículos impulsados con motores que consuman combustibles amigables al medio ambiente.
La Ley también retoma el uso de placas delantera y trasera en todos los vehículos, especificando el tipo de servicio prestado. También prohíbe la importación de vehículos con guía a la derecha y su adaptación en el país o en el extranjero.
Será obligatorio usar terminales para el servicio del transporte urbano e interurbano, así como talleres para el mantenimiento de las unidades. Incentiva y regula la planificación, construcción, concesión y operación de terminales interurbanas de pasajeros, al sector privado.
Una de sus grandes innovaciones es la modernización la “Revista” o Revisión Técnica Vehicular (RTV), mediante la contratación de talleres privados homologados a nivel nacional, quienes deberán adquirir e instalar los equipos especiales para estas revisiones con un ingeniero mecánico, quien junto al propietario serán los responsables civiles y penales cuando otorguen la certificación RTV, de uso obligatorio para la renovación anual de las placas. La RTV será semestral para el transporte escolar, urbano, interurbano y de carga, y anual para los vehículos privados.
También establece la creación de un Registro Nacional de Vehículos y de las informaciones del sistema integral, con el uso de nuevos modelos de logística y muelles secos para el intercambio intermodal del transporte de carga; la planificación de horarios y rutas en coordinación con los ayuntamientos, la industria y los transportistas.
Crea un Fondo Especial transitorio por 10 años para transformar la flota de trasporte público de pasajeros y de carga en el país, con edad mayor de 10 años, lo que constituye un beneficio impositivo, conforme al cual los impuestos tributables por el registro de vehículos cero kilómetro (para uso en el transporte urbano sería capacidad igual o mayor de 26 pasajeros) que se incorporen al plan de modernización del transporte público de pasajeros o de carga. Se calcularán sobre una base imponible equivalente al treinta por ciento (30%) del precio de compra del vehículo.
Los usuarios del transporte público de pasajeros tienen en esta Ley la protección de sus derechos y promueve el uso de tarjetas inteligentes para el pago del pasaje en el transporte urbano, que les permitirá el uso del vale de transporte que limite su gasto máximo a un 10% del salario mínimo. La entrega a los empleados por parte de los empleadores de 22 pasajes de ida y regreso cada mes, incluyendo los transbordos, y el completivo del costo de la tarifa real será cubierto por el empleador, cuyo aporte será deducible del pago del impuesto sobre la renta.
También contempla el Subsidio Focalizado para el Transporte, dirigido a envejecientes mayores de 65 años, estudiantes y personas con condiciones especiales (discapacitados). Da garantías a los usuarios de un servicio de transporte urbano de calidad, que respete el horario, la frecuencia, el itinerario, la calidad del servicio y las paradas, establecidos y regulados por el INTRANT.
Cabe resaltar la obligatoriedad de la Educación Vial en todos los niveles de media y secundaria, en coordinación con el Ministerio de Educación. Contempla un Sistema de Conducir por Puntos, que implica la reeducación para volver a adquirir los puntos de la licencia de conducir, buscando reducir las reincidencias y premiando a los conductores responsables y conscientes.
Como una contribución a la salud ambiental, esta Ley prohíbe el uso de bocinas en las áreas urbanas, a menos que sea para prevenir una colisión o accidente. Penaliza a los conductores que circulen con bocinas altas provocando contaminación sónica. Además castiga a las personas que usen dispositivos reservados para vehículos de emergencia.
Será obligatorio el Registro y Fiscalización de las tiendas y talleres dedicadas a la compra y venta de piezas para vehículos de motor usadas y el origen de los mismos, para prevenir los descuartizamiento de vehículos robados. Castiga severamente la sustracción o destrucción de tapas de imbornales o filtrantes, registros, barandas, cables y perfiles de puentes, cables y equipos de semáforos, señales de tránsito y cualquier material y equipo para garantizar la seguridad en el tránsito y el transporte terrestre en el país.
Penaliza el derrame en las vías e isletas de concreto, basuras, tirar botellas, papeles, cenizas, animales muertos. Prohíbe y penaliza el establecimiento de kiosco, casetas, puestos de ventas en las vías públicas, sus paseos y márgenes; la ventas de productos en las intersecciones, pedido de dinero por parte de mendigos, personas con capacidades disminuidas, que aumente el riesgo de provocar accidentes afectando seguridad ciudadana.
Sanciona a los peatones que crucen por lugares prohibidos, a los cuales se multarán usando sus cédulas personal de identidad y electoral. Se Prohíbe el uso de las calzadas para hacer colectas, vender u ofrecer productos.
Como medida de protección al ciudadano, castiga el uso del teléfono celular y no uso del cinturón de seguridad cuando se está conduciendo un vehículo; además prohíbe y castiga el consumo de bebidas alcohólicas en las vías y dentro de los vehículos, estableciendo una tolerancia de 0.5 gr/litro de alcohol en la sangre para conductores y 0.25mgr/l en prueba del aire. Se considerará que el conductor está conduciendo en estado de embriaguez cuando se resista a realizarse la prueba. Las bebidas pueden transportarse cerradas dentro de los vehículos. Para el Transporte de Pasajeros en cualquiera de sus modalidades y de carga será tolerancia cero 0 por los niveles de responsabilidad sobre la vida y salud de los transportados.
Obliga a los propietarios de talleres y garajes a reportar en un periodo de 24 horas cualquier vehículo puesto bajo su custodia que presente vestigio de haberse accidentados o tenga impactos de balas. Establece el uso de tecnologías como cámaras, radales y cualquier otro dispositivo para la elaboración de las multas. También penas severas para los culpables de muertes por accidentes de tránsito, provocados por cruce de un semáforo en rojo, exceso de velocidad, estado de embriaguez, entre otras. Castiga a quien provoque una muerte por rebase del límite de velocidad.
Prohíbe y penaliza las competencias de carreras en las vías públicas; además responsabiliza penalmente a las empresas y contratistas que, por inobservancia de la seguridad y señalización que contempla la Ley cuando realicen algún trabajo en las vías públicas, ocasionaren algún accidente de tránsito.
Califica de delito y penaliza la destrucción de vehículos del transporte público, semáforos, señales de tránsito entre otras y castiga al funcionario o empleado cómplice en la falsificación o adulteración de documento y para el funcionario que, sabiendo que los documentos han sido adulterados, lo acepte.
Obliga la prestación de atención médica para los accidentados en todos los centros médicos de salud del país públicos o privados y penaliza a los conductores que rompa la multa o contravención.
Las Empresas Privadas serán responsables de financiar el costo de construcción de los accesos viales a nivel y/o a desnivel, a sus establecimientos comerciales, siempre que el Estudio de Impacto Vial determine que las entradas y salidas de vehículos a los mismos, provoquen interrupciones, demoras o riesgos a los usuarios de las vías circundantes, que puedan poner en peligro la vida de los mismos.
Con promulgación y aplicación de esta nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial no hay dudas que la República Dominicana entra a un nuevo capítulo de su desarrollo democrático como nación moderna, conducida en una gestión responsable de su crecimiento económico e institucional por el bienestar de todos sus ciudadanos.
