La semana pasada, la Organización de Estados Americanos volvió a poner el ojo en la situación política interna de Venezuela, apelando nueva vez a la votación por una “Carta Democrática”, cuyos posibles efectos resultan poco fiables a los ojos de la región, dado el historial e intereses particulares que ha representado éste organismo a lo largo de casi 69 años.
Creada el 30 abril del 1948 en un ambiente de posguerra, la OEA tuvo su origen en una primera Asamblea celebrada en Colombia apenas días después del vil asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán, cuya muerte daría paso a la etapa conocida como “El Terror” y que marcaria a su vez el génesis de la larga guerra entre distintos gobiernos colombianos y las FARC.
Llamada a promover la “defensa y el fortalecimiento de la democracia” en las Américas, el organismo regional contó con una membresía inicial de 21 naciones firmantes de su carta fundacional, las cuales aumentarían a unas 34 con el paso de los años. No obstante, dado el contexto en que surgió y se desarrolla, a la vez de la ubicación de su sede y principal fuente de financiamiento, la OEA se ha visto como un claro ejemplo del “poder blando” dada su capacidad de adecuar la realidad latinoamericana a los ideales e intereses de Washington.
Cuestionamientos sobre el distanciamiento que en términos pragmáticos ha evidenciado la OEA, a propósito de sus principios plenamente democráticos, se han hecho palpables en casos concretos tales como: su rol en el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, quien en su intención de impulsar una reforma agraria lastimó intereses de estadounidenses al afectar terrenos propiedad de la United Fruit Company (UFC), empresa cuyas operaciones y poder político-económico dentro del aparato estatal, inspiró el peyorativo título distintivo de “República Bananera”.
Lo propio pasaría en Brasil en los años sesenta; y cómo olvidar lo que a mediados de esa década tuvo lugar en nuestra República Dominicana, cuando bajo el pretexto de evitar la propagación del comunismo como forma de gobierno en la región, la Organización de Estados Americanos, bajo la presión de Washington, dio carácter “legitimo” a la intervención estadounidense en nuestro país. En ese contexto, donde se desarrollaba en la capital dominicana una naciente gesta revolucionaria, que propugnaba por el retorno a la constitucionalidad perdida tras el derrocamiento del gobierno democrático del profesor Juan Bosch, el fallo emitido por la OEA dio al traste con una invasión de la mano de 42,000 marines, quienes solo se retirarían tras la instauración de un “gobierno amigo” el 1ro de junio 1966, el cual bajo su amparo administró con mano dura durante los siguientes 12 años.
En nuestro caso, a pesar de los incesantes reclamos de décadas por lo que ha sido considerado como una traición a sus principios y filosofía democrática, el organismo regional finalmente emitió una nota de desagravio el pasado año, lo que no implica un borrón y cuenta nueva de su imagen y misión.
Lo anteriormente planteado explica en parte los recelos y reservas que guardan ciertas naciones del continente, a propósito del llamado del secretario general de la OEA, Luís Almagro, para la activación de la Carta Democrática para aplicar sus preceptos a la actual situación de Venezuela. Este mecanismo fue firmado el 11 de septiembre del 2001 en Chile, justo el mismo día del ataque terrorista en Estados Unidos, y el 28 aniversario del derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende.
Tal como ya lo estuvo planteando el año pasado, el máximo representante del organismo apela nuevamente a la Carta Democrática para procurar soluciones rápidas al impasse venezolano, lo que implica cierta violación a los principios soberanos de las naciones, muchos de los cuales datan desde la paz de Westfalia en 1648. Desde su aprobación, este mecanismo ha sido invocado en unas diez ocasiones con anterioridad a la situación actual de Venezuela, sin embargo, la iniciativa siempre vino desde lo interno de los países miembros que se veían afectados, no así por iniciativa particular del secretario general. Quizás por ello Luis Almagro se apega a uno de sus artículos, el 20, donde establece que en su “calidad de secretario general puede convocar al Consejo Permanente para analizar el panorama de la nación en cuestión y adoptar decisiones concretas”.
A propósito de aquella ocasión, el actual secretario general de la OEA recibió la que quizás sea una de las más lúcidas y directas replicas sobre la situación de Venezuela, proveniente del expresidente uruguayo, José “Pepe” Mujica. Entre notables argumentos sobre el particular, además de lamentarse del apoyo brindado a Almagro para su elección en la Organización de Estados Americanos, el también exguerrillero Tupamaro sentencio: “La línea de preocupación es cómo incidir algo a favor de la gran mayoría de los venezolanos. Es la misma actitud asumida en el conflicto Estados Unidos-Cuba, o con la paz de Colombia. Lo central no es cómo nos ven, sino ser útil o no a la mayoría de la gente corriente. Creo que en algún momento habrá que servir de puente para que Venezuela toda pueda manejar con solvencia su autodeterminación y no deberíamos divorciarnos de ese rumbo”.
A su vez proseguiría con lo siguiente: “Todos sabemos que Venezuela es reserva petrolera para los próximos 300 años. Allí radica su riqueza y su desgracia, porque Estados Unidos es adicto al petróleo y sus intereses presionan y cómo. También esto hizo posible la deformación sociológica de acostumbrarse a vivir de la renta petrolera y terminar importando hasta lo elemental, el grueso de la comida”. “No se logró revertir la dependencia del petróleo y de las importaciones de alimentos, y con la caída de precios, padece hoy un cúmulo de tensiones que hasta enturbian la democracia”.
Ese diagnóstico vertido por Mujica explica el pecado original de la revolución bolivariana, la cual a pesar de orientar sus políticas públicas a favor del común de los venezolanos, durante la época de apogeo de los precios de crudo se acomodó a las altas rentas que devengaba de la explotación de sus reservas y no diversificó su economía. Hoy en día, tras un prolongado letargo económico impulsado por factores externos y la falta de previsión estatal en torno a sus ciclos y variables, el gobierno venezolano ha venido enfrentando sendas embestidas tanto por parte de la oposición política que ágilmente alienta el descontento social, así como de naciones y organismos regionales que buscan incidir en el desenlace de la actual crisis.
En efecto, el pasado martes fue convocada la Asamblea General de la OEA para conocer la situación política venezolana, aprobándose dicha agenda con el voto favorable de 20 naciones, 11 en contra, 2 abstenciones y una ausencia, lo que completa la matrícula de 34 países miembros. Tras lograrse ese apoyo, el organismo se presta a seguir examinando opciones para contribuir en la vuelta a la normalidad de la situación, aunque es un hecho que buscarán aumentar las presiones para sus reclamos sobre la liberación de los presos políticos; el resguardo de los derechos humanos; y el mantenimiento del equilibrio de poder bajo el respeto a las decisiones de la Asamblea Nacional (bajo control de la oposición).
Sería precisamente en lo relativo al equilibrio de poder (Check and Balance), donde el pasado jueves el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela tomaría la decisión controversial de asumir las competencias de la Asamblea Nacional a la cual considera en desacato. Acogiéndose al artículo 336 de la Constitución, el cual según indican algunos juristas venezolanos como Jesús Silva: “establece que la Sala Constitucional del TSJ puede intervenir para subsanar esa situación, el Supremo de Venezuela dar una solución de peso al tranque con la oposición en el Congreso”.
No obstante, es indiscutible que dicha medida representó una táctica controversial políticamente hablando, que procuraba forzar a los opositores en actitud poco conciliatoria a sentarse en la mesa de diálogo, y buscar una salida consensuada a un impasse que parece no tener un final próximo. En definitiva, la decisión del TSJ quizás pudo representar una acción políticamente audaz, pero social y democráticamente alarmante.
Mientras la situación de incertidumbre persiste, es propicio rescatar el dialogo sincero y constructivo en Venezuela, procurando por encima de todo los intereses y bienestar de la ciudadanía, hasta tanto se logren avances concretos en términos políticos como aboga la Comisión de UNASUR de la cual forma parte el expresidente Leonel Fernández. Resulta a su vez importante, el que la OEA recuerde que en su artículo 1ro se hace especial énfasis en que “ninguna de sus disposiciones autoriza a la organización a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.
Por eso Pepe Mujica tenía mucha razón al reflexionar: “Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces, la presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas en esa sociedad”.
